Derecho a la vivienda
PSOE, PP y Ciudadanos dan la espalda a la crisis de la vivienda en sus propuestas electorales

Unos alquileres por las nubes, que sitúan a las grandes capitales españolas entre las ciudades de Europa donde resulta más difícil acceder a una vivienda, una nueva ley hipotecaria que podría reactivar cientos de miles de desahucios, una crisis de acceso a la vivienda que afecta especialmente a jóvenes y personas en paro, espoleada por una nueva burbuja inmobiliaria…

Nada de esto pareció importar demasiado a los cinco candidatos a la presidencia que el lunes 4 de noviembre batieron sus corbatas en el debate de TVE1. Catalunya, la migración y la incapacidad de formar gobierno fueron los temas que más sonaron, mientras que el tema de la vivienda “brilló por su ausencia”, señala Alejandra Jacinto, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).

El candidato del PSOE, Pedro Sánchez, realizó una breve mención a esta problemática y prometió “sacar al mercado más de 20.000 viviendas vacías” y “fomentar que los jóvenes se puedan emancipar”, aunque no aclaró cómo pretende conseguirlo. Por su parte, el candidato de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, fue más allá y ofreció el ejemplo de Alemania para pinchar la burbuja: “Limitar el precio del alquiler”.

El hecho de que en el debate “solo dos candidatos hablen de vivienda muestra la distancia de la mayoría de partidos respecto a lo que preocupa en la calle”

Más allá de estos dos candidatos, no hubo más menciones al respecto. Para Jaime Palomera, portavoz del Sindicat de Llogaters (Sindicato de Inquilinos) de Catalunya, “fue un debate en el que los problemas reales de la gente estuvieron prácticamente ausentes, y entre ellos el de la vivienda, que está en en el centro de una crisis profunda, de dimensión global”. Para este investigador en materia de vivienda, el hecho de “que solo dos candidatos hablen de este tema muestra la distancia de la mayoría de partidos respecto a lo que preocupa en la calle”.

En el debate del 7 de noviembre en La Sexta el tema de la burbuja del alquiler entraba con bloque propio y se fijaban las posiciones: para PP, PSOE y Ciudadanos, todo pasa por construir más vivienda, aunque este último hizo especial hincapié en los desahucios express para las personas que ocupen vivienda; para Vox el secreto está en que “los políticos” dejen de intervenir y para Unidas Podemos que se regulen y se pongan límites a los precios de alquiler.

Programas miméticos

“Los programas electorales no están a la altura del problema de la vivienda”, señala Alejandra Jacinto. Tanto el PSOE como el PP y Cs sostienen que es un asunto que se “soluciona construyendo más vivienda”, indica esta abogada de la PAH. “Y esta es precisamente la última solución, puesto que para conseguir vivienda social antes se puede movilizar la vivienda vacía y recuperar toda la vivienda pública vendida a los fondos buitres”, señala.

En el caso de que se se lleven a cabo todas estas medidas y aún así siga faltando vivienda, continúa Jacinto, la construcción de vivienda social debería depender de promotores “exclusivamente públicos y no privados, como está planteando el PP”.

La portavoz de la PAH señala otra particularidad del discurso del PP y Cs, cuya “medida estrella” en materia de vivienda es “criminalizar la ocupación”

Los programas del PSOE, PP y Cs en materia de vivienda, denuncia el portavoz del Sindicat de Llogaters, muestran muchas similitudes: no hablan ni de regular el precio del alquiler, ni de hacer contratos de alquiler más estables, ni de impedir la acción de los fondos buitre, ni de asegurar que los inquilinos no carguen con los honorarios de agentes inmobiliarios que trabajan para los propietarios, ni de prohibir los desahucios sin alternativa habitacional, ni de poner fin “a la conversión de la vivienda en hoteles clandestinos”.

Y unas pocas diferencias

En cuanto a las diferencias entre PP, Cs y PSOE, Palomera destaca que en el caso del partido de Pedro Sánchez “parece haber mayor interés en fomentar el desarrollo de un parque de vivienda protegida”, pero no se detalla “cuántos recursos se destinarían, cuando esta es la cuestión fundamental”. Para este activista, es “urgente multiplicar exponencialmente” el gasto destinado a vivienda pública. Las cifras ofrecidas por el actual presidente en funciones —20.000 viviendas públicas— son “ridículas, a años luz de lo que se está proponiendo en países aquejados de problemas similares”. 

Por otra parte, añade Palomera, desde el PSOE se empeñan en seguir hablando de vivienda protegida en alquiler pero también en propiedad, cuando, según este activista, “este es un modelo fracasado, que contribuye a fomentar burbujas inmobiliarias”.

La portavoz de la PAH señala otra particularidad del discurso del PP y Cs, cuya “medida estrella” en materia de vivienda es “criminalizar la ocupación”. Como en cada campaña, “si hacen referencia públicamente a la vivienda”, insiste en la misma idea Jaime Palomera, es “para criminalizar a las víctimas de las políticas pro-especulación”.

Alejandra Jacinto habla sobre lo que para ella es la “realidad de la ocupación”: personas que ocupan por necesidad viviendas vacías de entidades financieras y fondos buitres “como única forma de acceso a la vivienda” como consecuencia de unos precios del alquiler inaccesibles y de la inexistencia de vivienda pública, entre otras razones, “porque se ha vendido a los fondos buitre”.

“Los programas de los partidos con mayor representación parlamentaria están en las antípodas de cualquier cosa digna de recibir el nombre de política de vivienda”, dice Jaime Palomeras, del Sindicat de Llogaters 

La realidad de la ocupación en España, ejemplifica Jacinto, es el caso de una madre con seis hijos que fue desahuciada de la casa que ocupaba en Carabanchel, una vivienda vacía propiedad de una entidad financiera. Ante la gravedad del caso, el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de Naciones Unidas ha emitido este 5 de noviembre un dictamen denunciando que el desalojo —que no contó con “un examen de proporcionalidad” por parte de las autoridades— constituye “una violación de su derecho a la vivienda”.

“Los programas de los partidos con mayor representación parlamentaria están en las antípodas de cualquier cosa digna de recibir el nombre de política de vivienda. Exceptuando el caso de Unidas Podemos y otros partidos más minoritarios que no estuvieron en el debate, no se ataca ni se impide la especulación inmobiliaria cuando esa es la principal amenaza para el derecho a la vivienda de la mayoría de la población, y para el futuro del sistema social y económico”, resume Jaime Palomera.

diferencias entre Unidas Podemos y Más País

Según la tabla comparativa realizada por el Sindicat de Llogaters, Unidas Podemos es el partido con representación parlamentaria que mejor parado sale en materia de vivienda. El partido de Pablo Iglesias recoge seis de las siete medidas clave para este colectivo: la regulación de los precios del alquiler, la introducción de la figura de los alquileres indefinidos —que se renuevan automáticamente salvo necesidad del propietario—, expulsión de los fondos buitre, movilización de viviendas vacías mediante multas y cesiones obligatorias, la prohibición de los desahucios sin alternativa habitacional y una apuesta firme por la creación de un parque de alquiler público.

El PSOE y Cs solo contemplan —y a medias— este último punto, mientras que el PP no ha incluido o directamente se muestra opuesto a todas estas medidas. El PSOE habla de movilizar vivienda vacía, explica Jaime Palomera, pero “no dice el cómo”. Sin embargo, señala, “se distingue en ese sentido de PP o Cs, que cargan las tintas contra las personas que se ven obligadas a ocupar mediante el endurecimiento del código penal”. Tanto Esquerra Republicana como Junts per Catalunya se muestran mucho más favorables a una regulación que garantice el derecho a la vivienda, aunque muy por detrás de Unidas Podemos.

Los programas de Unidas Podemos y Más País muestran grandes semejanzas, aunque las propuestas del partido morado se acercan más a las formuladas por el Sindicato de Inquilinos y la PAH. Ambos partidos hablan de aumentar el gasto en vivienda social hasta el 2% del PIB y de hacer un mínimo de 50.000 viviendas de protección al año. Las diferencias en el resto de propuestas de vivienda en ocasiones son cuestiones de matiz. En otras ocasiones, muestran diferentes concepciones de la problemática y de sus soluciones.

Unidos Podemos habla de “prohibir los desalojos sin alternativa habitacional”. Más País de “poner límites” a los desahucios y la “protección a las familias vulnerables frente a los desahucios”

La regulación de los precios del alquiler está recogida por ambas formaciones, aunque existen diferencias en la aplicación. Más País habla “delegar en autonomías o ciudades de más de 100.000 habitantes la posibilidad de regulación de precios según el modelo alemán (con declaración de zonas afectadas, limitado en el tiempo y en el territorio)” y el desarrollo de un índice público de precios. Unidas Podemos hace una propuesta similar, pero va más allá del modelo alemán y establece el objetivo de que “ninguna familia pague más del 30% de su renta en concepto de alquiler”, vinculando la limitación del precio del alquiler con los ingresos.

Más País recoge el problema de los pisos turísticos en el capítulo de “turismo sostenible” y apela al “control” de este tipo de uso con una mayor regulación y cargas impositivas. Unidos Podemos se acerca a las demandas del movimiento por el derecho a la vivienda e incluye, además de una mayor regulación de los pisos turísticos existentes, la “retirada” de licencias cuando incumplan la ley y el establecimiento de un “porcentaje máximo de viviendas destinadas a pisos turísticos en función de las características de cada barrio”.

Unidas Podemos habla de “prohibir los desalojos sin alternativa habitacional”. Más País de “poner límites” a los desahucios y la “protección a las familias vulnerables frente a los desahucios”. Sobre las viviendas vacías, Más País habla de recargos de hasta el 50% en el IBI y Unidos Podemos de “sanciones a los grandes tenedores de vivienda vacía” y de un “mecanismo de cesión obligatoria de las viviendas vacías de los grandes tenedores de vivienda”.

Sobre la actuación de fondos de inversión y fondos buitre en el mercado inmobiliario, Unidos Podemos habla de realizar un “censo público de viviendas vacías de entidades financieras, fondos de inversión y empresas” y acabar con las socimis “por tratarse de mecanismos de elusión fiscal y de especulación con un bien tan importante como la vivienda” a la vez que proponen sanciones y cesiones obligatorias. Al respecto, Más País habla de aumentar los gravámenes a las socimis a un 15%, a menos que “las rentas sean obtenidas de inmuebles arrendados a precios asequibles”, en cuyo caso quedarían exentas de este impuesto.