Derecho a la vivienda
Una demanda colectiva contra CaixaBank intenta anular 16 cláusulas abusivas en contratos de alquiler

El Sindicat de Llogaters lleva a la justicia a esta entidad financiera, a la que acusa de abusos sistemáticos en pisos de protección oficial levantados con subvenciones públicas por la Obra Social de la Caixa.
Rueda de prensa sindicato de inquilinos
Rueda de prensa para presentar la campaña Destapamos la Obra Social, en la que los inquilinos de la Fundació la Caixa denunciaron la no renovación de los contratos y la subida de los alquileres. Los vecinos reivindicaban una negociación colectiva y la consolidación de un parque protegido de alquiler. Foto: La Directa/Julià Molins

Sentar en el banquillo a CaixaBank, el segundo banco más grande de España y el casero más grande de Catalunya, y conseguir la nulidad de 16 cláusulas abusivas incluidas en los contratos de alquiler de su inmobiliaria InmoCriteria. Este es el objetivo de la demanda colectiva interpuesta por el Sindicat de Llogaters con el apoyo legal del Col·lectiu Ronda.

Si la demanda prospera, dicen desde este sindicato de inquilinos, estas cláusulas dejarán de tener efecto en todos los contratos firmados con esta inmobiliaria y ya no podrán incorporarlos en los contratos futuros. Los afectados hasta ahora son más de 2.000 familias que habitan en 37 promociones de vivienda de protección oficial construidas por la Obra Social La Caixa entre 2002 y 2012. Estas promociones recibieron más de 25 millones de euros de subvenciones públicas entre otras ayudas del Govern catalán. 

Desde hace dos años y medio, centenares de inquilinos de estas viviendas públicas se organizaron en el Sindicat de Llogaters y comenzaron a denunciar expulsiones indiscriminadas y prácticas abusivas reiteradas. Entre estas prácticas destacan 16 cláusulas abusivas que, según explican, se incorporan sistemáticamente a todos los contratos de alquiler de la inmobiliaria.

La demanda del Sindicat de Llogaters entra en un nuevo terreno, ahora ahora inexplorado. Se trata de la primera demanda colectiva impulsada directamente por un sindicato en el ámbito de la lucha por la vivienda, un paso que desde esta organización califican de “importante desde la perspectiva del sindicalismo de vivienda, porque de alguna manera permite que se reconozca la relación de desigualdad y el conflicto entre dos partes confrontadas: inquilinos y propietarios”.

“No solo las viviendas se están cayendo a pedazos, sino que encima a los vecinos les está cobrando el mantenimiento”, cuenta esta portavoz, en referencia a una de las cláusulas abusivas de CaixaBank

No es la primera demanda que impulsa el Sindicat a una entidad financiera, explica a El Salto Carme Arcarazo, portavoz de esta organización, pero estas eran interpuestas por particulares o por un conjunto de afectados. “Esta demanda supone un paso adelante, porque es el propio sindicato quien denuncia. Esto nunca había pasado en la lucha por la vivienda”, explica. 

A pesar de haber contado con subvenciones y créditos ventajosos de entes públicos para la construcción de estas viviendas protegidas, la entidad financiera “no está cumpliendo con partes muy básicas del contrato”, dice Arcarazo. Entre ellas, el mantenimiento.

“No solo las viviendas se están cayendo a pedazos, sino que encima a los vecinos les está cobrando el mantenimiento”, cuenta esta portavoz, en referencia a una de las cláusulas abusivas de CaixaBank. Según dice Arcarazo, la ley estatal de alquileres deja muy claro que los gastos de mantenimiento corren a cargo del propietario, pero es que, además, la propiedad “no arregla las viviendas y les está cobrando a los inquilinos por un servicio que no está dando”, denuncia.

Otra cláusula habitual en estos contratos de CaixaBank es la obligación de pagar toda la anualidad de la renta si no se cumple con el preaviso de no renovación, algo que contraviene a la ley estatal de alquileres. CaixaBank también está repercutiendo a los inquilinos los gastos generales, el IBI, los derechos de conexión y suministrados o los gastos judiciales y extrajudiciales. También exige el pago de un seguro de impago y obliga a domiciliar la nómina, a facilitar el acceso para comprobar el estado de la vivienda o a devolver el piso en un “estado idéntico”, una norma que “contraviene la normativa y supone un desequilibrio entre las partes sin prever los desgastes del uso habitual de una vivienda”.

Según explica Arcarazo, detrás de estos abusos hay una estrategia para sacar el máximo rendimiento a unas viviendas de protección oficial construidas con apoyo público y de “privatizarlas”

Según explica Arcarazo, detrás de estos abusos hay una estrategia para sacar el máximo rendimiento a unas viviendas de protección oficial construidas con apoyo público y de “privatizarlas” aprovechando algunas zonas grises de la Ley de Vivienda, que prohíbe sacar al mercado la vivienda pública, pero no aclara qué ocurre con casos como este, en el que el contrato firmado con la entidad financiera sí lo permite a medida que caduca la protección. “CaixaBank se está comportando como un fondo buitre, echando a familias y privatizando las viviendas que ha conseguido con fondos públicos”, afirma.

En enero de este año, el Sindicat de Llogaters elevaba una queja ante la Agencia Catalana de Vivienda por el cambio de reglamento de InmoCriteria que facilitaba la expulsión de familias para reemplazarlas con unidades de mayor capacidad adquisitiva. Este 21 de mayo, una acción de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) en Madrid intentó “desenmascarar que tras la facha filantrópica” del CaixaForum se encuentra una entidad financiera que “sigue desahuciando mientras tiene beneficios millonarios”.  

En frente, el Sindicat de Llogaters no tiene a cualquier adversario, sino a la entidad financiera más poderosa de Catalunya, capaz de “torcer el brazo a la clase política”, dice Arcarazo. Desde hace dos años y medio, centenares de inquilinos de estos pisos de protección oficial comenzaron a organizarse en el Sindicat de Llogaters y lanzaron la campaña Destapem La Caixa donde exponían públicamente la “mala gestión” del banco, las expulsiones, las no renovaciones de contrato, subidas de precio injustificadas y falta de mantenimiento. Ahora también en los juzgados.

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Emilio Herrera
23/5/2024 0:02

El Gobierno más progresista de la historia está tardando en empezar a construir vivienda pública, aunque oyendo a la Ministra de Vivienda lo que le preocupa es que los propietarios cobren los alquileres aunque sean abusivos.

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