Derecho a la vivienda
Las vecinas de Tribulete, 7 sientan en el banquillo a altos cargos de Élix Rental por acoso inmobiliario

La causa judicial emprendida por las vecinas de Tribulete, 7 (Lavapiés) contra la socimi Élix Rental Housing II inicia su fase de instrucción tras la primera declaración en sede judicial de varios de sus directivos y empleados este jueves por la mañana en los Juzgados de Plaza Castilla en calidad de investigados. Aún con la incertidumbre sobre cómo concluirá este procedimiento abierto por acoso inmobiliario y coacciones continuadas en vivienda habitual, las vecinas víctimas del buitre se han mostrado esperanzadas sobre el devenir de la causa tras dos años de letargo: “Sabemos que esta es la primera vez que imputan a un fondo buitre como persona jurídica, por eso nos gustaría que este juicio sentara un precedente para que estas prácticas de acoso, cada vez más habituales en todas las ciudades, acaben de una vez ya que todas ellas son acciones ilegales”, ha explicado este jueves a las puertas de la sede judicial Cristina Gómez, vecina del bloque.

Desde que en marzo de 2024 este fondo de inversión comprara la totalidad del edificio con el fin de echar a sus inquilinas con contratos vigentes, lo que comenzó como una negación rotunda a negociar nuevos contratos fue derivando en maniobras de presión cada vez más violentas e invasivas. En noviembre de ese año la propiedad autorizó obras de remodelación en el edificio “para hacer insoportable la habitabilidad” tanto por el ruido “ insoportable” como por el desprendimiento de materiales derivados de estas actividades: tabiques que eran traspasados con destornilladores que provocaron la caída de cascotes en zonas comunes, inundaciones, goteras, suciedad y todo un sinfín de perjuicios graves cuya magnitud fue escalando con el paso de los meses.

La Policía y los bomberos han tenido que intervenir en más de cuatro ocasiones desde que se iniciaron las obras, motivo por el que es probable que las vecinas soliciten más diligencias durante la causa. Todas las estrategias de mobbing inmobiliario desplegadas pretenden forzar la expulsión inmediata de las inquilinas evitando todo cauce judicial posible. De hecho, el fondo no llegó a interponer ningún procedimiento de desahucio contra las inquilinas, que estaban al corriente de pago de la renta mensual y pretendían seguir cumpliendo con lo estipulado en sus contratos.

“Las vecinas de Tribulete, 7 llevan más de dos años resistiendo en sus viviendas y llevando a cabo la estrategia #NosQuedamos junto con el Sindicato de Inquilinas, que les ha permitido permanecer en sus viviendas pese a la finalización de sus contratos de alquiler. Frente a esta defensa del derecho a la vivienda y a la ciudad, la respuesta de Élix ha pasado por prácticas de hostigamiento vecinal como la realización de obras en el edificio marcadas por múltiples irregularidades, que han llegado a incluir intentos de desalojo ilegal de las viviendas”, ha alegado el Sindicato de Inquilinas, organizador del bloque, sobre la historia de resistencia de estas vecinas pioneras en Madrid.

El pasado 22 de mayo comenzó su andadura judicial al interponer la primera querella colectiva de España por acoso inmobiliario y en el mes de diciembre recibieron la noticia que les convertiría su lucha en histórica: el Juzgado de Instrucción número 17 de Madrid admitía a trámite la querella, sentando por primera vez en el banquillo a un fondo buitre tras una demanda colectiva por estos delitos.

Élix Rental Housing, propiedad de la empresa inversora AltamarCAM (dirigida por Claudio Aguirre, primo de la expresidenta autonómica del PP), es uno de tantos buitres que operan en ciudades como Madrid y Barcelona adquiriendo edificios enteros de viviendas para venderlas o alquilarlas a precio de oro, acelerando procesos de gentrificación y expulsión residencial a través de toda clase de grietas legales.

Para conseguir sus objetivos –especular con la vivienda reconvirtiendo inmuebles en apartamentos turísticos o pisos de lujo– se sirven de tácticas de acoso y derribo hasta vaciar al completo el edificio. En el caso de Tribulete, en esta pequeña comunidad en rebeldía cuyos vecinos llevaban hasta 30 años residiendo en el edificio, más de 25 vecinos siguen sin dar su brazo a torcer ante las amenazas continuadas de la propiedad.

Las vecinas habrán de demostrar que, en efecto, el abandono de las viviendas corresponde no a una decisión libre sino claramente “influenciada por unas obras que hacen imposible la habitabilidad”

Después de que el martes pasado declaran las vecinas como querellantes en el procedimiento, entre los imputados que han testificado el jueves en sede judicial figuran Jorge Benjumeda Peñafiel, socio fundador de la empresa, Álvaro Guillén Bedoya, director de Expansión, dos empleados del fondo, y Javier Hernández-Agero, arquitecto responsable de las obras emprendidas.

Alejandra Jacinto, letrada del Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES) que ha llevado la acusación particular, ha afirmado tras la finalización de la vista que “ha quedado bien expuesto que hay un plan de negocio sobre el edificio que pasa por vaciar el edificio, pero alegan que en ningún caso han tratado de expulsar a las vecinas sino que estas se han ido voluntariamente (en torno a la mitad de los vecinos)”.

Las vecinas habrán de demostrar que, en efecto, el abandono de las viviendas corresponde no a una decisión libre sino claramente “influenciada por unas obras que hacen imposible la habitabilidad”, una de las principales hipótesis que están manteniendo en la querella. Varios imputados han declarado, infiere Jacinto, que las vecinas se sintieron “contentas porque pueden empezar de nuevo tener una segunda oportunidad tras haber alcanzado acuerdos económicos muy jugosos”. Algo que tanto la defensa de las vecinas como el Sindicato de Inquilinas han refutado en rotundo.

El próximo 3 de marzo, en dos semanas, prestarán declaración como testigos el arquitecto de los vecinos, el portero y el jefe de obra. Por el momento, desde el Sindicato de Inquilinas confiesan sentirse “más que satisfechas” con el procedimiento a pesar de encontrarse todavía en una fase inicial: “El hecho de que estén hoy sentados en el banquillo de los acusados varios directivos del fondo buitre ya representa un momento histórico en este país”, ha determinado Lucas Vaquero, portavoz de esta organización.

Vaquero muestra prudencia a la hora de dibujar escenarios futuros pero admite que, en caso de que finalmente la sentencia fuera favorable a las vecinas, el caso podría desembocar en la disolución de Élix como empresa: “El fondo se enfrentaría a su disolución como persona jurídica, lo cual sería también una historia inédita. Ahora mismo la situación de incertidumbre es máxima, pero nosotros desde el sindicato no cejamos en nuestro empeño de exigir justicia y reparación frente a todas las situaciones de acoso que han vivido estas vecinas”, cuenta a El Salto.

La compra de los pisos por parte de Casa 47 como horizonte

Para el Sindicato de Inquilinas, en el supuesto de que esta disolución llegara a efectuarse, lo idóneo sería que la futura empresa estatal de vivienda, Casa 47, adquiriera los inmuebles de Élix para ofrecer alquileres asequibles. “Una alternativa es que la nueva empresa de vivienda pública, Casa 47, adquiera no solamente el bloque de Tribulete 7, sino todos los otros bloques del centro de Madrid que llevan más de dos años en una situación de Nos Quedamos. Hablamos de los bloques de las calles San Ildefonso, General Lacy, Mesón de Paredes o Valverde (el último bloque en lucha organizado en Malasaña). Sabemos que esta es una opción si hubiera voluntad política, hasta ahora las instituciones han sido cómplices del rentismo, pero esperamos que el impulso de este proceso judicial junto a la resistencia organizada por las vecinas contribuya sembrar cambios”, ha destacado Vaquero.

Mientras dura la causa contra Élix, las inquilinas insisten en sus demandas centrales: alquileres estables y asequibles, seguridad residencial a largo plazo y la protección del derecho a la vivienda

De hecho, este requerimiento por parte de los movimientos de vivienda se extrapola a aquellas viviendas propiedad de otros grandes fondos internacionales como Néstar-Azora o Blackstone. Sus pisos eran décadas atrás de titularidad pública —y por tanto, construidos con fondos públicos— si bien los gobiernos del Partido Popular, en especial el encabezado por Ana Botella en 2013, los vendieron a estos grandes inversores inmobiliarios a precio de ganga durante la crisis económica. El pasado miércoles, en aras de recuperar todas estas viviendas convertidas en activos inmobiliarios, vecinas de más de 30 bloques en venta de Blackstone y Nestar entregaron cientos de cartas al Ministerio de Vivienda para exigir la compra de más de 15.000 viviendas por parte de Casa 47.

“Durante más de una década, los fondos buitre han obtenido beneficios extraordinarios a costa de unas viviendas que, en muchos casos, fueron públicas o protegidas antes de ser malvendidas. Tras adquirir estas casas a precio de saldo y sin realizar mantenimiento alguno durante estos años, los fondos han impuesto subidas abusivas de alquiler, cláusulas ilegales y una gestión que ha vulnerado sistemáticamente los derechos de las inquilinas”, trasladan desde el Sindicato.

Cuentan con el precedente reciente de Catalunya, donde el Sindicat de Llogateres, tras una campaña de presión y nueve meses de huelga de alquileres, logró el pasado mes de noviembre frustrar la venta multimillonaria que pretendía llevar a cabo la Fundación La Caixa haciendo que la Generalitat recuperase 1.700 viviendas. Pisos que pasarán de ser objeto de especulación a estar blindadas bajo protección oficial. Mientras dura la causa contra Élix, las inquilinas en lucha insisten en sus demandas centrales: alquileres estables y asequibles, seguridad residencial a largo plazo y la protección del derecho a la vivienda frente a los intereses especulativos.