Derecho a la vivienda
Varias administraciones públicas tienen más de cien pisos vacíos en Lavapiés pero quieren mandar fuera a sus vecinas

La Tesorería General de la Seguridad Social, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital tienen cerradas casi 120 viviendas en el barrio de Lavapiés. Así lo acredita la documentación que ha conseguido Lavapiés ¿dónde vas? y Bloques en Lucha.

Mientras la revista de Ocio Time Out publicaba en octubre del pasado año en su City Life Index, un listado que definía Lavapiés como el barrio más “cool” del mundo, el Ayuntamiento viene asegurando repetidamente desde mayo de 2018 que no existe vivienda pública disponible para alquiler, algo que ha seguido haciendo tras el desahucio de las familias de Argumosa 11, después de hasta siete intentos de lanzamiento. Las familias pernoctan desde entonces en un hostal sin que se les hayan dado alternativas.

Sin embargo, en el barrio existen hasta 120 viviendas públicas vacías, entre las que se encuentran inmuebles de la Tesorería General de la Seguridad Social, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento.

Mallorca 6 y Concepción Jerónima 8

Un listado de bienes inmobiliarios de la Tesorería de la Seguridad Social con datos fechados a 12 de diciembre de 2018 indica que esta entidad posee 44.220 m2 de viviendas por toda España (con una media de 100 m2, serían 442 viviendas). Solo en Madrid, tiene 33.268 m2, aproximadamente 332 viviendas.

En concreto, en el barrio de Lavapiés existen dos edificios en propiedad de la Tesorería a escasos metros de la calle Argumosa. Así, en Mallorca 6 existen más de veinte viviendas vacías, desde hace años, mientras que en Concepción Jerónima 8 la entidad tiene otras once viviendas de las que no ha sido posible comprobar a día de hoy ni su estado ni si están o no habitadas.

La Tesorería de la Seguridad Social tiene en su poder más de veinte viviendas vacías en un solo barrio, pero no existen mecanismos para ponerlas a disposición de quien la necesite. ¿Por qué? La Sociedad Pública de Alquiler, creada por el extinto Ministerio de Vivienda y posteriormente dependiente del Ministerio de Fomento, era la empresa encargada de gestionar los alquileres de los edificios que eran patrimonio del Estado. En el año 2012, Fomento —con Ana Pastor al frente del Ministerio— lanza un Plan de Gobierno para reestructurar y racionalizar el sector público empresarial incluyendo la extinción de 27 sociedades mercantiles estatales, entre ellas la Sociedad Pública de Alquiler.

Con los argumentos de que sería “un negocio ruinoso” y de que “cada vivienda que alquila es más gasto para la sociedad”, se cierra esta sociedad, dejando claro que el Gobierno prefería mantener esas viviendas cerradas a cal y canto en un año que marcó récord histórico de desahucios en nuestro país en plena crisis inmobiliaria: según los datos del Consejo General del Poder Judicial, el número de lanzamientos solicitados en los juzgados de primera instancia y de primera instancia e instrucción fue de 101.034.

Desde que la Sociedad Pública de Alquiler fue clausurada en 2012, el Ministerio no se ha dotado de ningún tipo de mecanismo para poner estas viviendas en circulación para las familias que han sido desahuciadas de sus hogares. Pero no solo eso, desde hace tiempo viene vendiendo y subastando cientos de viviendas.

Tampoco el Real Decreto-ley 7/2019 de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler ha servido para el fin que recoge el texto: “Movilización de suelo público perteneciente a la Administración General del Estado y los organismos de ella dependientes, para la promoción de vivienda en alquiler social o asequible”.

Valencia 17, cinco plantas del IVIMA

En el número 17 de la calle Valencia, el Instituto de Vivienda de la Comunidad de Madrid, ahora denominado Agencia de Vivienda Social, es el propietario de un edificio de cinco plantas adquirido en 1999 y terminado de rehabilitar integralmente en 2006, como acredita un informe de la EMVS. Desde entonces, hace ya 13 años, la casi totalidad de sus 38 viviendas se mantienen vacías, vigiladas por guardias de seguridad.

No es el único caso. Cabeza 20 y 36 y Calvario 11 también fueron adquiridos por la Comunidad de Madrid por las mismas fechas, cuando se encontraba en marcha el Plan de Rehabilitación de Lavapiés, para el realojo de familias del barrio que habitaban infraviviendas. Un total de 72 viviendas que en estos 15 años de media desde la finalización de las rehabilitaciones han permanecido vacías casi por completo.

Las cifras de la operación dan fe de lo que cuesta a los madrileños mantener esas viviendas vacías: coste total de la compra de los edificios 4.297.236 €, coste de los realojos de las familias que vivían en ellos 450.000 €, coste de las rehabilitaciones 4.616.000 €, coste de la vigilancia privada hasta hoy 10.780.000 €. En total, las arcas públicas han destinado 20.143.236 € a mantener vacías estas viviendas, a razón de 279.767 € cada una, porque los sucesivos gobiernos regionales han decidido no darles el destino para el que estaban previstas: solucionar problemas de vivienda de familias de Lavapiés. Y cada día que pasa, aumenta la cifra de gasto.

Por si fuera poco, tanto Valencia 17 como Cabeza 20, tienen registradas sendas anotaciones de embargo a favor del Ayuntamiento de Madrid por valor de 7.278.309 € de principal, con un recargo de apremio de 1.455.662 € desde enero de 2018.

Pero lo que pasa en Lavapiés no es un caso aislado. La Agencia de la Vivienda Social mantiene casi 600 viviendas vacías en toda la región, mientras 3.412 familias que cumplen todos los requisitos esperan en su lista a que se les adjudique una vivienda.

Puertas de chapa en viviendas del Ayuntamiento de Madrid

En mayo de 2018, el Ayuntamiento de Madrid aseguraba que había entregado las últimas viviendas de las que disponía destinadas al alquiler social. Uno de los mantras repetidos hasta la saciedad por la concejala encargada del área, Marta Higueras, se ha sustentado en que Madrid no tenía un parque de vivienda pública para dar cobijo a las miles de solicitudes que se acumulaban en la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo.

Incluso un año antes, en 2017 lanzó una campaña para publicitar a particulares y empresas la compra de 150 viviendas vacías que tuviesen dos, tres y cuatro dormitorios y de unas dimensiones entre 50 y 70 metros cuadrados. El lema de la campaña de la EMVS rezaba “¿Cuántos años llevas con el cartel de Se vende en tu vivienda vacía? ¡La EMVS te la compra!".

Si eres particular o empresa y tienes una #vivienda vacía en #Madrid, haznos una oferta y la tasamos gratuitamente https://t.co/iEHI4ZfXsEpic.twitter.com/P8dfDipKBw

— EMVS Madrid (@emvsmadrid) 20 de enero de 2017

Sin embargo, en pleno centro de la capital, se pueden encontrar viviendas públicas clausuradas con puertas de chapa propiedad de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo. Una comprobación no exhaustiva permite corroborar que hay viviendas sin uso alguno en la calle Amparo —cerrada hace más de dos años—, en Dos Hermanas, en Embajadores, en Tribulete y Sombrerete, como ha podido comprobar la Asamblea de Bloques en Lucha de Lavapiés.

Por otra parte, de las 52 viviendas vacías que se encuentran en el distrito centro, según el inventario del portal de transparencia de la EMVS, el pasado miércoles se adjudicaron mediante sorteo público 23 de ellas, quedando sin adjudicación las 29 restantes.

Tampoco aquí Lavapiés es un caso aislado. Según sus propios datos públicos, el Ayuntamiento va a seguir teniendo 103 viviendas vacías en todo Madrid después de las adjudicaciones del sorteo del miércoles.