15M
Las personas condenadas del Aturem el Parlament no ingresarán en prisión por prescripción de la condena

Punto y final a una larga década de persecución penal contra las activistas de Aturem el Parlament. Fueron detenidas y juzgadas por las protestas del movimiento del 15M en 2011 en torno a la cámara parlamentaria catalana. Pesaba sobre ocho de ellas una pena de tres años de prisión dictada por la Audiencia Nacional española y estaban a la espera del desenlace de la petición de indulto. Ahora, después de tantos años de incertidumbre, el servicio de ejecución penal de este órgano judicial excepcional con sede en Madrid ha empezado a emitir autos de prescripción de la pena para cada una de las condenadas.

Los documentos judiciales —individualizados para cada una de las personas condenadas— argumentan que “el tiempo de la prescripción de la pena se computará desde la fecha de la sentencia firme” y que el reloj no se detiene durante los meses o años que se esté a la espera de respuesta de una petición de indulto. En este caso sería el 17 de marzo de 2015 la fecha en la que comienza la cuenta atrás —cuando el Tribunal Supremo ratificó la condena— y por el delito que fueron condenados corresponde la prescripción una vez transcurridos cinco años: el 17 de marzo de 2020. Por ello, tras conocer el contenido de los primeros autos emitidos por el servicio de ejecución penal, las manifestantes sentenciadas han podido confirmar que la amenaza de ingreso en prisión perdió vigencia dos años atrás.

Cabe recordar que la condena por los hechos de Aturem el Parlament —con el impulso acusatorio inicial del Gobierno de la Generalitat y del Parlament de Catalunya— sentó jurisprudencia a la hora de condenar a manifestantes alegando el concepto de “violencia ambiental”, un supuesto que años más tarde se utilizaría por el Tribunal Supremo para condenar a los líderes políticos y sociales del proceso independentista catalán.

Ciro Morales, uno de los condenados que no entrará en prisión, valora muy positivamente el desenlace: “Quizás es el mejor de los resultados: yo no era demasiado amigo de haber pedido el indulto y tampoco quería entrar en prisión, pero con la prescripción no podrá entrar ningún partido político en el tema, ya que el PSOE y Podemos podrían haberlo utilizado para colgarse medallas”. “Tengo que decir que no he sufrido incertidumbre durante este tiempo, porque de la misma manera que estaba archivado en un cajón del ministerio de Justicia también lo tenía bastante archivado en mi cabeza y mi vida ha seguido con normalidad”, matiza .

El abogado Benet Salellas —que lleva la defensa de otra de las condenadas— considera que “es un caso que no debería haberse producido nunca”. “Con la prescripción no nos engañamos, no tenemos justicia. Está bien porque resuelve la situación personal de los acusados, pero no se ha reconocido que los hechos cometidos por Aturem el Parlament no podían ser delictivos”, añade, y concluye “estos años de espera ya han sido una condena y no será justicia hasta que no se haya reparado a estas personas”.

Edu Cáliz, abogado que defiende cuatro de las condenadas, tiene la esperanza de que “el Tribunal de Estrasburgo restaure el derecho a manifestación tumbando esta sentencia infame”

Por su parte, el abogado Edu Cáliz, aunque denunció que todavía no ha recibido la notificación de la prescripción de los cuatro casos que defiende —a pesar de que “fuentes jurídicas” ayer filtraran a la agencia Europa Press que la Audiencia Nacional española había emitido los ocho autos de prescripción—, considera que “siempre es positivo que los activistas sociales eviten el ingreso en prisión por ejercer el derecho a manifestación, pero en este caso concreto nos preocupa dos cosas: el sufrimiento que se ha provocado en estas personas durante once años y que la sentencia que les condenaba incorporó como tesis incriminatoria la intimidación ambiental para castigar y limitar el ejercicio del derecho a manifestación”. A este respecto recuerda que “estamos pendientes del recurso presentado ante el Tribunal de Estrasburgo y esperamos que se restaure el derecho a manifestación tumbando esta sentencia infame”.