Aborto
Solo dos de cada diez abortos se realizan en la sanidad pública

Las interrupciones voluntarias del embarazo siguen siendo minoritarias en la sanidad pública, pese a los cambios introducidos por la Ley Orgánica 1/2023 de salud sexual y reproductiva.
Movilización contra la oficina antiaborto de PP y Vox en Alicante - 2
Movilización contra una oficina antiaborto de PP y Vox en Alicante. Eva Máñez
28 sep 2024 11:58

Solo dos de cada diez abortos que se realizan en España tienen lugar en la sanidad pública. Pese a los cambios introducidos en la Ley Orgánica 1/2023 de salud sexual y reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), las interrupciones voluntarias del embarazo siguen siendo minoritarias en la sanidad pública. Así lo demuestran los datos presentados este 28 de septiembre, Día Internacional por la Despenalización del Aborto, por el Ministerio de Sanidad.

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Según estos datos, que pertenecen a 2023, el 81,45% de los abortos tiene lugar en la sanidad privada, por tanto, tan solo el 18,55% tienen lugar en centros públicos, porcentaje que aumenta un punto y medio con respecto a los datos de 2022, cuando el 17% de las intervenciones tuvieron lugar en la pública. 

En 2023 en España registró un total de 103.97 interrupciones voluntarias del embarazo, lo que representa un aumento del 4,8% en comparación con 2022

Según los datos hechos públicos por el ministerio, en 2023 en España registró un total de 103.97 interrupciones voluntarias del embarazo, lo que representa un aumento del 4,8% en comparación con 2022 y un 8,7% más que en 2014, cuando se registraron 94.796 IVE. 

En cuanto a la tasa de IVE en España, esta alcanza a 12 por cada 1.000 mujeres, dato que supera al de 2022, cuando la tasa fue de 11 mujeres por cada 1.000. Esta tasa presenta diferencias grandes entre comunidades, que van desde el dato de Catalunya, de 14,92 IVE por cada 1.000 mujeres hasta las 8,4 por cada 1.000 mujeres registradas en Aragón.

Entre los cambios introducidos en la nueva ley de salud sexual y reproductiva, esta la creación de un registro de objetores de conciencia en cada centro público, para garantizar la prestación de este servicio por la vía pública, así como la supresión de los tres días de reflexión o la autorización paterna para mujeres de 16 y 17 años.

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