Actualidad árabe (y más)
Sin derechos en el Mediterráneo

Jenín, municipio palestino en la Cisjordania ocupada, sufrió ayer 26 de enero la jornada más mortal en años tras la incursión del ejército israelí, que mató a nueve personas. Con estas víctimas, son ya 23 los palestinos asesinados por Israel en lo que va de 2023. Al otro lado de la militarizada frontera israelolibanesa, los poderes del estado cierran filas en contra de Tarek Bitar, el juez que lidera la investigación por la explosión del puerto de Beirut, en un intento de evitar que se haga justicia.

En Italia, una investigación revela que las autoridades del país llevan años deportando ilegalmente a demandantes de asilo, y que lo hacen en cárceles secretas ubicadas en los bajos de las mismas embarcaciones donde turistas disfrutan del sol y de la cerveza fría. Lejos del Mediterráneo, en Afganistán, las mujeres luchan por evitar ser completamente apartadas de la sociedad. Después de haber luchado por formar parte del mundo educativo y del mercado laboral, ahora lo hacen también porque no las expulsen de los terrenos de juego.

El ejército israelí mata a nueve palestinos en el campo de refugiados de Jenín

El 26 de enero empezó con un grupo de soldados israelíes accediendo al campo de refugiados de Jenín a primera hora de la mañana. Fuentes locales indican que lo hicieron escondidos en un camión comercial y que pretendían atacar militantes armados. El día terminó con centenares de personas rodeando en silencio la fosa común donde serían enterradas nueve personas palestinas, varias de ellas civiles, muertas a causa del fuego israelí.

Fuentes locales indicaron a la prensa que el objetivo de los soldados era atacar el apartamento de Alaa Sabbagh, el antiguo líder de una brigada que funcionaba como brazo de Fattah. Aunque a Sabbagh ya le mataron soldados israelíes en Jenin en 2002, su antigua residencia estaría siendo utilizada por militantes afiliados a un grupo armado que lucha contra el ejército israelí. Militantes palestinos respondieron al ataque israelí, y el ejército acabó bloqueando la zona. Excavadoras israelíes accedieron a las callejuelas del campo de refugiados, arrasando con lo que encontraban a su paso, vehículos incluidos.

Además de matar a nueve personas palestinas —entre ellas una mujer de 61 años y dos menores— los testigos aseguran que el ejército israelí también atacó ambulancias y obstruyó la ayuda médica hacia los heridos

Aunque las autoridades israelíes alegan que el ataque apuntaba contra militantes armados, múltiples víctimas mortales fueron civiles, entre ellas mujeres y menores de edad. La víctima de más edad fue, Magba Obaid, mujer palestina de 61 años. El más joven, Wasim Amjad Aref al-Ja, un adolescente de 16 años. Según la Defensa Internacional de los Niños Palestinos, Amjad fue uno de los dos menores asesinados, junto con un joven de 17 años.

La intervención israelí incluyó el lanzamiento de gases lacrimógenos en el departamento de Pediatría del Hospital de Jenín, donde se vieron padres llevándose a sus hijos. Autoridades palestinas y testigos aseguran que “las fuerzas de la ocupación”, como las llaman en Cisjordania, también atacaron ambulancias y obstruyeron la ayuda médica hacia los heridos. “Deploramos en los términos más graves lo ocurrido hoy”, decía el ministro de Sanidad Pública palestino, Mai al-Khaileh. “Ha sido un ataque feroz y barbárico contra el personal de emergencia, y se ha obstruido el transporte de los heridos”.

Un décimo palestino murió a manos de los soldados israelíes horas más tarde durante enfrentamientos en el municipio de Al-Ram. Ya antes, en Cisjordania se había convocado una huelga general en respuesta al ataque de Jenin, que muchos locales denuncian como una “masacre”. Episodios como el de ayer añaden sufrimiento a una población que malvive en un campo de refugiados creado hace 70 años con el objetivo de acoger a quienes fueron expulsados de Haifa durante la creación de Israel.

Guerra judicial en Líbano

“Estos ataques contra el juez Bitar aniquilan la poca esperanza que nos quedaba”. Es la reacción de Paul Naggear, miembro de la Asociación de Familias de las Víctimas por la explosión del puerto de Beirut, después de que la maquinaria del estado libanés cerrara filas de nuevo en contra de la investigación que pretende rendir cuentas. Naggear, quien perdió a su hija Alejandra de tres años de edad durante la detonación ocurrida el 4 de agosto de 2020, y el resto de sus compañeros de lucha, habían recobrado algo de esperanza ante el atrevido paso al frente de Bitar, pero parece que la luz al final del túnel se apaga.

La guerra judicial en Líbano escala sin parar, y quienes hacen presión porque se haga justicia tienen las de perder. El juez Tarek Bitar, que lidera la investigación por la enorme explosión del puerto, reaunudó el lunes el caso en lo que ya por entonces parecía un movimiento unilateral. La clase política había puesto todos sus esfuerzos en bloquear la investigación y el juez Bitar se encontraba apartado del caso desde hacía 13 meses.

El juez que investiga la explosión en el puerto de Beirut de agosto de 2020 ha sido imputado por “rebelarse contra el sistema judicial”. Un nuevo obstáculo en el intento de hacer justicia a las víctimas, al que se suma la liberación de todos los detenidos por el caso

En teoría, la reapertura de la investigación dependía de una sentencia del Tribunal de Casación, pero fuentes judiciales informaron de que Bitar había encontrado las justificaciones legales para volver a trabajar en el caso. Y volvió con fuerza, imputando múltiples altos cargos, entre ellos el fiscal general del estado, Ghassan Oueidat.

El giro de guión ocurrido el miércoles confirma que Bitar no retomaba la investigación en connivencia con los poderes del estado. Menos de 48 horas después de haber sido imputado, el propio Oueidat anunció la imputación del juez Bitar por “rebelarse contra el sistema judicial”. En un nuevo obstáculo contra la investigación que pretende hacer justicia en la mayor explosión no nuclear en la historia de la humanidad, Oueidat ordenó también la liberación de todos los detenidos por el caso.

En una nada habitual declaración en la prensa, Bitar denunció la ilegalidad de las maniobras de Oueidat: “ordenar la libertad a los detenidos es un golpe contra la ley”, aseguró el juez, que añadió que “la decisión del fiscal general no tiene fundamentos legales”.

La imputación contra Bitar, que cuenta con el apoyo de las familias de las víctimas, tuvo respuesta en las calles de Beirut, donde quienes presionan porque se haga justicia convocaron movilizaciones para protestar contra Oueidat, a quienes muchos ven como una figura que vela por la protección de altos cargos políticos que conocían la presencia del nitrato de amonio en el puerto de Beirut.

Antes de que Bitar fuera apartado del caso, la imputación de algunos líderes del entorno de Hezbollah provocaron las críticas de este poderoso grupo político, con presencia en el gobierno del país. Las tensiones en torno a Bitar y de su investigación llegaron a su punto álgido en octubre de 2021, cuando militantes de múltiples grupos políticos se alzaron en armas en las calles de Beirut. Ese tireoteo, que acabó con seis víctimas mortales, fue interpretado por muchos como una amenaza que pretendía poner fin a la rendición de cuentas.

Italia expulsa demandantes de asilo en embarcaciones privadas

Las fronteras del sur de la Unión Europea continúan siendo un agujero sin fondo para los derechos humanos, consecuencia de la Europa Fortaleza, así como de las atrocidades que esta promueve y legitima. Un nuevo ejemplo de ello lo ha revelado una investigación en el trozo del Mediterráneo que separa Italia de Grecia, donde las autoridades italianas habrían estado devolviendo ilegalmente a demandantes de asilo hacia territorio heleno.

Damasco, Kabul o Bagdad son algunos de los orígenes habituales de las personas deportadas, entre las cuales se encontraban mujeres y niños. Se trata de la última estrategia de retorno involuntario contra migrantes, aunque tiene la particularidad de ejercerse dentro de territorio comunitario y entre estados miembro, y no en sus zonas limítrofes con África o Asia.

Según una investigación se estaría deportando a solicitantes de asilo en las mismas embarcaciones destinadas a turistas. Mientras personas con pasaportes privilegiados disfrutaban de una fría cerveza a cubierta, otras se encontraban encerradas y encadenados en lugares bajos y oscuros de la nave

Según la investigación, publicada en LightHouse Reports, las deportaciones se estarían llevando a cabo desde hace años en las mismas embarcaciones donde los turistas veranean. Mientras personas con pasaportes privilegiados disfrutaban de una fría cerveza a cubierta, potenciales demandantes de asilo se encontraban encerrados y encadenados en lugares bajos y oscuros de la nave. Son cárceles secretas y no oficiales ubicadas en barcos privados. Las expulsiones las ejercen las autoridades italianas, y en ocasiones se encierran a los migrantes expulsados durante más de 24 horas.

En 2014, el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos sentenció que Italia había deportado a migrantes hacia Grecia de este mismo modo ilegal. Ocho años más tarde parece que continúa utilizando la misma práctica, aunque Roma repita que la haya abandonado.

Las mujeres luchan contra la marginación en Afganistán

“La vida se ha vuelto muy difícil para mí”, reconoce esta boxeadora. Su agilidad denota experiencia; su empeño supura rabia: “pero soy una luchadora, así que seguiré viviendo y peleando”. Armada con gruesos guantes de lucha, sabe que la cámara se posa sobre ella, aunque no la ve. El burka que le cuelga de la cabeza la deja invisibilizada. No sabemos quien pega, pero sí que lo hace en nombre de muchas. La entrevista, publicada en Associated Press, forma parte de la arriesgada decisión de un grupo de mujeres afganas, que se han movilizado para denunciar ante las cámaras las amenazas que reciben para que se olviden de practicar deporte. Aseguran que han recibido visitas intimidatorias y llamadas de teléfono. Son los talibanes, las nuevas autoridades del autodenominado Emirato Islámico de Afganistán.

Equipadas con el atuendo del deporte que aman, las deportistas posan ante un fotógrafo de AP en condición de anonimato. Temen que las autoridades se percaten de la sesión fotográfica después de haber sido previamente reprimidas. La misma boxeadora recuerda el día en el que intentó impartir una sesión deportiva para mujeres, meses después de que los talibanes se hicieran con Kabul. Profesora y alumnas terminaron detenidas, siendo humilladas en el calabozo.

Un grupo de mujeres afganas, se han movilizado para denunciar ante las cámaras las amenazas que reciben para que se olviden de practicar deporte. Aseguran que han recibido visitas intimidatorias y llamadas de teléfono.

“Yo ya no soy la misma persona”, lamenta Noura, que acepta revelar su nombre de pila. “Desde que los talibanes llegaron, siento que estoy muerta”, añade. El ataque de los nuevos líderes afganos contra los derechos fundamentales de las mujeres no es nada nuevo. La prohibición del deporte femenino es solo una de las medidas de la brutal campaña contra la participación social de las mujeres, a las que también han apartado de las aulas y de buena parte de los puestos de trabajo. A pesar de que accedieron al Palacio Presidencial comprometiéndose con la educación universal, hoy el mensaje de las autoridades talibanas es claro: las oficinas y los colegios no son lugar para las mujeres, como tampoco lo son el asiento del conductor de un vehículo, después de que las autoridades hayan dejado de entregar permisos de conducción a las mujeres, ni la calle en general.

Los talibanes han introducido la segregación por sexo en los espacios públicos, la imposibilidad de que las mujeres se desplacen en trayectos largos sin un acompañante masculino, y un severo código de vestimenta que mujeres y niñas deben seguir cuando se encuentren fuera del hogar.

Lamentarse, sin embargo, no ha sido la única respuesta de las reprimidas. Acciones como la sesión fotográfica de Noura y sus colegas, o como las fuertes protestas callejeras por parte de miles de mujeres, tratan de combatir la marginalización en un país en el que oponerse a las autoridades es un acto de valentía. Sakina Sama, de 22 años, es una de las que recientemente ha salido a la calle. Desde la manifestación, en declaraciones a la prensa, reivindica que “la universidad era mi única ventana de esperanza”. Asegura que no dejará de luchar por abrirla de nuevo.