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Sequías en Siria e Iraq, tensión en Líbano y un infierno financiado por la Unión Europea en Libia

El cambio climático causa estragos en Siria e Iraq. En ambos países la alimentación e hidratación de millones de personas está en riesgo por las peores sequías que la región sufre en décadas. Grupos humanitarios, además, acusan a Turquía de usar el agua como arma, ya que presas construidas en su territorio limitan el flujo natural del agua hacia Siria e Iraq. En Libia, mientras tanto, miles de personas sufren el régimen del terror financiado por Bruselas que pretende bloquearles el paso hacia la Unión Europea. Un informe de la ONU denuncia que todas las partes implicadas en el conflicto —Rusia incluida —cometen crimenes contra la humanidad en el país.

Líbano fue ayer, 14 de octubre, una zona de guerra. Su capital, Beirut, sufrió cinco horas de tiroteos en barrios residenciales de la ciudad, después de que una protesta contra el juez que lidera la investigacion por la explosión del puerto se convirtiera en un intercambio de disparos entre seguidores de Hezbollah y Amal contra francotiradores no identificados. En las poblaciones de mayoría palestina dentro de Israel, la población palestina sigue denunciando y sufriendo la ausencia y el pasotismo de las autoridades, que permanecen inactivas ante el auge de la criminalidad con la población árabe como víctima.

Vidas en riesgo por la sequía en Siria e Iraq

El cambio climático impacta Oriente Medio y pone vidas en juego. Un estudio del Consejo Noruego para los Refugiados calcula que la enorme sequía que sufren Siria e Iraq hace que 12 millones de personas no tengan acceso a agua. La escasez de lluvias, el aumento de las temperaturas o la falta de flujo en los ríos condena a muchas de estas personas al riesgo alimentario, ya que sin agua no pueden regar sus cultivos ni impulsar su principal actividad económica.

En medio de sequías históricas acusan a Turquía de usar el agua como un arma. Las autoridades turcas han construido centenares de presas durante los dos últimos años en su propio territorio que limitan el flujo natural de los ríos Eufrates y Tigris

El río Eufrates, del que dependen cinco millones de personas en Siria, ha sufrido la pérdida de agua más grande jamás registrada. El país sufre la peor sequía en 70 años y el estudio recoge testigos que aseguran que algunas aldeas del noreste se están vaciando después de que varios de sus habitantes hayan huido, puesto que no tenían bastante agua para los cultivos, para el ganado ni para ellos mismos: “Las condiciones actuales nos obligarán a dejar las zonas rurales y abandonar nuestras tierras. Es indignante”, declaraba un residente.

Muchas voces acusan a Turquía de usar el agua como un arma. Las autoridades turcas han construido centenares de presas durante los dos últimos años en su propio territorio que limitan el flujo natural de los ríos Eufrates y Tigris antes de que lleguen a Siria e Iraq.

Iraq, por su parte, atraviesa la segunda peor sequía en 40 años. En la província de Anbar, en el oeste del país, la escasez del mismo río Eufrates lleva a muchas familias a gastar 80 dólares al mes para adquirir agua potable. En el distrito de Sinjar, varios agricultores reconocen la dificultad de cultivar aunque sean proyectos de poco consumo, como los oliveros.

Mientras tanto, más al este, Afganistán también sufre la peor sequía en tres décadas. Los agricultores tienen dificultades para seguir adelante con su actividad y varios de ellos han declarado a la prensa que protestarán contra el liderazgo de los talibanes si éstos no les ofrecen soluciones durante los próximos seis meses.

Terror financiado por Bruselas

“Todas las partes implicadas en el conflicto, incluidos los terceros estados con presencia en el país como Rusia, violan la ley humanitaria y cometen crímenes de guerra”. Son palabras de Mohamed Ajjuar, jefe de la Comisión de la ONU para Libia, que ha publicado una demoledora investigación que demuestra que en el país existen crímenes contra la humanidad tanto dentro como fuera de las cárceles de migrantes.

El informe es una nueva constatación de lo que se documenta desde hace años en la treintena de centros de detención esparcidos por el país, controlados tanto por el gobierno libio como por milicias que ven ocasión de hacer negocio y de ganar legitimidad política sobre el terreno. Testimonios de entidades humanitarias han contado más de 700 personas detenidas en cárceles que solo disponía de cuatro váteres y que no contaban con agua potable ni duchas. Mujeres detenidas en estos centros también han conseguido filtrar a la prensa que los vigilantes las obligaban a tener sexo con ellos como condición para acceder a comida o al lavabo.

Activistas libios denuncian el papel de la UE en el sistema represivo que se vive en el país, ya que desde 2017 Bruselas provee de financiación, equipamiento y entrenamiento a los cuerpos de seguridad para que frenen la migración a costas europeas

Las personas migrantes que residen en el país conocen bien cuáles son las condiciones en estos centros y pasan miedo ante las detenciones masivas que la policía libia ha estado practicando. La semana pasada, se detuvieron 5000 personas en Gargaresh, un núcleo en los alrededores de la capital, Trípoli, donde miles de migrantes se apelotonan en habitaciones compartidas. La campaña de detenciones incluyó a mujeres y a niños y durante su realización tuvieron lugar agresiones físicas y sexuales. Hubo varios heridos y una persona muerta. Un detenido que logró escapar declaró a Médicos Sin Fronteras que el médico le tuvo que coser la cabeza después de recibir varios golpes con la punta de la pistola y que a otros les habían provocado fracturas en las piernas. Otra persona que no se atreve a andar por la calle declaró a al prensa: “Qué tenemos que hacer? Hacemos un agujero en el suelo y nos escondemos? No podemos salir de casa. Tenemos miedo”.

Activistas libios denuncian el papel de la Unión Europea en el sistema represivo que se vive en el país, ya que desde 2017 Bruselas provee de financiación, equipamiento y entrenamiento a los cuerpos de seguridad del país que, entregados al compromiso con la UE, infringen crímenes contra la humanidad con tal de frenar la migración a costas europeas. En lo que va de 2021, los guardacostas libios han interceptado 24.420 personas que navegaban a través del Mediterraneo para luego encerrarlas en centros de detención, algunos de los cuales funcionan como secuestros masivos de hasta 4.000 personas con el beneplácito del gobierno. Los que pueden pagar el rescate, se van.

Amenazas contra la población en Líbano

La donación de 67 millones de dólares al ejército libanés por parte de los Estados Unidos, anunciada ayer jueves, son una muestra de la inseguridad que sienten algunas naciones en Occidente en relación a la situacion en Líbano. Gestos como este o como las ‘iniciativas francesas’ impulsadas por Emmanuel Macron desde la explosión del puerto de Beirut pretenden evitar una nueva crisis de refugiados que salpique sus territorios. El pequeño país mediterráneo amenaza con escalar a un conflicto mayor y la precariedad que azota el ejército no augura las mejores previsiones. La devaluación de la moneda local y del valor de los sueldos se han traducido durante los últimos meses en multitud de deserciones por parte de soldados y en el reconocimiento por parte de muchos de ellos de que no sienten el mismo compromiso con el ejército.

La donación de 67 millones de dólares al ejército libanés por parte de los Estados Unidos, anunciada ayer jueves, son una muestra de la inseguridad que sienten algunas naciones en Occidente en relación a la situacion en Líbano

Muchos se preguntan por qué las fuerzas armadas tardaron tanto en actuar, pero fue precisamente la entrada del ejército en los barrios que rodean el palacio de la Justicia de Beirut lo que trajo ayer una tregua no oficial, silenciando los disparos. Los enfrentamientos armados persistieron durante cinco horas después de que una protesta en contra del juez que lidera la investigación por la explosión del puerto se convirtiera en un tiroteo entre manifestantes y francotiradores.

La manifestación la convocaba Hezbollah, Amal y otros partidos aliados, que consideran que la investigación está apuntando solo contra ellos. La protesta tenia una intención intimidatoria en un país en el que la clase política tiene por costumbre amenazar a la población cuando a ésta se le ocurre exigir rendición de cuentas. Aunque las amenazas de Hezbollah y Amal puedan hacer parecer que ellos son los únicos que quieren boicotear la investigación por la explosión, el conjunto de los partidos tradicionales tienen el máximo interés en que se perpetua la impunidad y la lógica sectaria.

Abandono de la población palestina en Israel

La población palestina de Israel continúa teniendo motivos para recordar que Arab lives matter. El eslógan convertido en hashtag está tristemente de actualidad después de que a inicios de semana se registrara la víctima mortal número 98 en lo que va de 2021. Los activistas coinciden en denunciar la ausencia histórica de las autoridades israelíes en zonas tradicionalmente pobladas por palestinos.

Según el grupo Aman: Centro Árabe Combatiendo la Violencia, el abandono de la población árabe por parte de las autoridades israelíes influyó en que el año pasado fuera el más mortífero dentro de la sociedad palestina-israelí desde el nacimiento de Israel. Murieron 95 hombres y 17 mujeres. “La violencia y el crimen son fenómenos universales”, dice el jefe del centro, Reda Jaber: “sin embargo, el aumento en la actividad criminal entre los árabes israelíes ha ido de la mano de la inacción de las autoridades del estado, que parecen estar mirando la realidad mientras levantan los pulgares”.

“Lo que está pasando es una consecuencia directa de la actitud del estado hacia los ciudadanos árabes, a los que ve como un grupo distinto”, añade el director. El centro denuncia que la política del estado impulsa la idea de que la población árabe sea de segunda clase. Entre la población árabe, según apuntan algunos periodistas de la región, se suele decir que “mientras los árabes maten a otros árabes, las autoridades del estado no tendrán prisa por aplacar la violencia”.