Acuerdos comerciales
El clima, la salud y los derechos humanos, en manos de tribunales privados

Legislar a favor del clima y las personas puede salir muy caro a los Estados. Medidas imprescindibles para el bienestar de la ciudadanía y el planeta no suelen pasar desapercibidas al escrutinio de algunas empresas y bufetes de abogados, sino todo lo contrario: las estudian y analizan con todo lujo de detalles con el fin de dilucidar si sus beneficios económicos se verían afectados de forma negativa. Y si este fuera el caso, dan un paso más al frente: demandar al país en cuestión y reclamar miles de millones de dinero público como indemnización.

Lo hacen agarrándose a los acuerdos de comercio e inversión que los Gobiernos firman de espaldas a la ciudadanía, sin debate público y sin estudios de impacto; acuerdos que, a menudo, contienen el llamado mecanismo ISDS de resolución de conflictos entre inversores y Estados. Lejos de ser un simple instrumento para dirimir disputas, el ISDS permite que las demandas se resuelvan en un sistema paralelo de “justicia” en el que no hay jueces, sino tan solo tres árbitros privados. Es una de las piezas clave que posibilitan el sometimiento del bienestar general al yugo de los intereses corporativos. Veamos algunos ejemplos que nos tocan de cerca.

Una batalla por la justicia climática y los territorios indígenas: TC Energy contra Estados Unidos

La construcción del controvertido oleoducto Keystone XL transportaría 800.000 barriles de petróleo al día entre Estados Unidos y Canadá. Durante más de diez años, grupos medioambientales y los pueblos nativos se han movilizado con el fin de paralizar el proyecto. El oleoducto iba a atravesar grandes extensiones de bosques boreales y territorios indígenas, vulnerando sus derechos soberanos a la tierra y poniendo a comunidades enteras en peligro por la contaminación del suelo y el agua a causa de los vertidos de petróleo.

Finalmente, la Administración Biden anunció a comienzos de 2021 la cancelación del proyecto, alegando su impacto en la crisis climática: también habría emitido decenas de millones de toneladas de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Al poco tiempo, la compañía TC Energy, con sede en Canadá, demandó al Gobierno de Estados Unidos acogiéndose a la cláusula ISDS del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, de 1994 (firmado por Canadá, EE UU y México). Reclama 15.000 millones de dólares en compensación por los supuestos daños ocasionados y por haber recibido un trato “discriminatorio”. Ahora la decisión final está en manos del tribunal ISDS de turno, que tendrá que emitir el veredicto sobre la legitimidad de esta demanda.

La lucha contra el cáncer: Novartis contra Colombia

Glivec es un famoso medicamento fabricado por la farmacéutica Novartis para luchar contra la leucemia. En 2015, el Gobierno de Colombia declaró el medicamento de interés público. El objetivo era abrir su fabricación y comercialización a otras compañías para abaratar su coste, ya que los precios de Novartis eran inasumibles para el Gobierno colombiano: el precio del fármaco era cien veces más alto que su coste de producción.

Un año más tarde, Novartis amenazó con demandar a Colombia ante un tribunal de arbitraje alegando que había violado su tratado bilateral de inversión con Suiza. Concretamente, la compañía argumentó que las medidas adoptadas eran injustificadas y una expropiación indirecta de la patente de Glivec. Ante la amenaza de demanda, el Gobierno rebajó la medida. Finalmente Novartis abarató el precio del medicamento, pero, lejos de la propuesta inicial del Gobierno, continuó siendo la única compañía que fabrica y comercializa el medicamento en Colombia.

Salud, derechos humanos y medio ambiente: Chevron-Texaco contra Ecuador

Entre 1964 y 1992, la petrolera Chevron-Texaco vertió más de medio millón de barriles de crudo en la selva amazónica ecuatoriana, contaminando acuíferos, provocando miles de muertes y aumentando un 130% las enfermedades como el cáncer. Fue uno de los mayores desastres sociales y medioambientales del planeta, con más de 30.000 personas afectadas y más de dos millones de hectáreas de la Amazonía ecuatoriana contaminadas a manos de una sola compañía.

Hoy en día, Chevron-Texaco no ha pagado ningún tipo de sanción por los daños ocasionados. De hecho, gracias a un tratado bilateral entre Ecuador y Estados Unidos, que contiene el mecanismo ISDS, Chevron denunció al Gobierno ecuatoriano ante la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya por dañar su imagen. Las comunidades afectadas llevan veintisiete años luchando. Hasta la fecha no han tenido acceso a ninguna compensación.

Estos casos ponen de relieve que cualquier país que haya firmado un acuerdo que contenga el mecanismo ISDS puede enfrentarse a multas multimillonarias cuando apruebe una legislación encaminada a eliminar los combustibles fósiles, garantizar los derechos humanos o proteger la salud de la población.

Con un total de 1.104 demandas ISDS conocidas en todo el mundo, es urgente cambiar de forma radical las bases del comercio internacional. Porque las personas y el planeta deben estar por encima de los intereses de las multinacionales.

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