Agricultura
Multas de 600 euros para los agricultores que intentaron irrumpir en la FEVAL en 2019

Las sanciones remitidas, según La Unión, imputan a los denunciados la ruptura del cordón policial que se había levantado para impedir el acceso de los agricultores y las agricultoras a la feria agro-ganadera de Don Benito, donde se encontraban en ese momento el Presidente de la Junta de Extremadura y el Ministro del ramo realizando la inauguración del evento.

Protesta campo Don Benito
Una multitud de campesinos intenta acceder a la verja de entrada del recinto ferial de Don Benito.

La Delegación del Gobierno en Extremadura ha remitido denuncias por un importe de 600 euros a algunas de las personas que se movilizaron el pasado 23 de enero de 2019 frente a la FEVAL de Don Benito, entre otras demandas, para exigir “mejores precios para los productores agrícolas y ganaderos”. 

Es lo que denuncia, en un comunicado de prensa, la organización agraria La Unión Extremadura, que se muestra sorprendida por la tardanza con que la Delegada del Gobierno, Yolanda García, ha actuado antes unos hechos de los que distan ya un año y medio. Las sanciones remitidas, según La Unión, imputan a los denunciados la ruptura del cordón policial que se había levantado para impedir el acceso de los agricultores y las agricultoras a la feria agro-ganadera de Don Benito, donde se encontraban en ese momento el Presidente de la Junta de Extremadura y el Ministro del ramo realizando la inauguración del evento.

Agricultura
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El 29 de enero la paz del campo extremeño termina de romperse por donde únicamente podía hacerlo, el campesinado propietario, cuya estructura y cultura organizativa aún abarca y puede movilizar simultánea y transversalmente, por millares y de una punta a otra de la región, los intereses de los pequeños y medianos propietarios por sobrevivir y de los grandes por sostener sus suculentas tasas de ganancia...

La organización agraria, uno de los principales actores convocantes de la manifestación de 2019, ha recordado que la movilización contaba con la autorización de la Delegación del Gobierno en Extremadura, a la que se le había comunicado, como es habitual, el recorrido de la marcha de protesta. Así mismo, responsabiliza al fuerte despliegue policial, que impidió el acceso de los agricultores y agricultoras a la Feria, de la tensión vivida y de coartar el derecho de protesta de los productores y productoras allí congregados.

Hay que recordar que las protestas de los productores agrícolas se habían convertido, antes de la interrupción causada por el estado de alarma, en el principal foco de tensión social

Para La Unión, tanto aquella actitud policial como estas sanciones responden a la voluntad de los gobiernos estatal y autonómico de acallar las reivindicaciones del sector agrario, para “que el Ministro y el Presidente de la Junta pudieran inaugurar la Feria sin ninguna voz discordante”, disfrutando del tradicional ambiente festivo de AGROEXPO.  

La organización agraria exige a la Delegada del Gobierno en su comunicado “la inmediata anulación de las denuncias propuestas”, y anuncia la voluntad de no dejarse “intimidar con las mismas”. Al mismo tiempo, hace un llamamiento a los partidos que componen el Gobierno de coalición (PSOE y UP) a derogar la Ley Orgánica 4/2015  de Protección de la Seguridad Ciudadana, popularmente conocida como Ley Mordaza, aprobada por el ejecutivo de Mariano Rajoy en 2015.

La Unión ha querido aprovechar su rechazo a estas sanciones para anunciar nuevas movilizaciones de su afiliados a lo largo de los próximos meses. Hay que recordar que las protestas de los productores agrícolas se habían convertido, antes de la interrupción causada por el estado de alarma, en el principal foco de tensión social, y que la latencia de ese conflicto irresuelto puede deparar su reactivación a medida que la normalidad se vaya restableciendo en todo el país.

Es también importante reseñar la labor de las organizaciones agrarias minoritarias, como La Unión y otras de reciente constitución, para el “despertar” del campo extremeño, en particular, y de todo el territorio del Estado, en general. De hecho, a las protestas de 2019, ahora sancionadas, le sucedieron el pasado enero de 2020 nuevas movilizaciones, estas de carácter mucho más masivo, secundadas ahora por las organizaciones agrarias mayoritarias y envueltas en una espiral de desconfianza mutua entre los propios representantes del mundo agrario.  

Puesto que estas últimas movilizaciones terminaron en enfrentamientos con la policía y nuevos intentos de acceso al recinto ferial de Don Benito, es de esperar que se produzcan nuevas sanciones. 

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