Derecho al agua
Las aguas turbias de Agbar en México

En el barrio de San Judas Tadeo de Saltillo , las fiestas patronales son un momento de celebración y multitudes en la calle. Pero justo ese día, 28 de octubre de 2019, centenares de personas se agolpan para entrar en la parroquia local. Vienen a escuchar la misa a San Judas que preside el obispo de la ciudad, don Raúl Vera López. Entre danzas y canciones, don Raúl agarra el micrófono para tratar uno de los temas que más le preocupa: “Permítanme decirles unas palabras sobre el agua. Muchos de ustedes no alcanzan a pagar el recibo y se la cortan. Y reconectarla les cuesta un dineral. Pues sepan ustedes que el agua es un derecho”.

El líder religioso es una de las voces públicas más críticas con los efectos negativos de la privatización del servicio de agua potable en Saltillo, la capital del estado de Coahuila de Zaragoza, al norte de México y con una población de 800.000 habitantes. La gestión del sistema de agua potable está desde 2001 externalizada a la empresa mixta Aguas de Saltillo, en la que el capital privado (45%) corresponde a la multinacional Aguas de Barcelona (Agbar).

La entrada de Agbar en México empieza justamente en Saltillo y se remonta al año 2000, cuando gana la alcaldía municipal de la ciudad Oscar Pimentel González, del conservador Partido Revolucionario Institucional (PRI). En ese momento, el alcalde propone una alianza del municipio con una empresa multinacional para luchar contra la escasez de agua y mejorar el servicio. Contrata entonces a la empresa Freese Nichols para hacer un estudio sobre el tipo de esquema de privatización más adecuado para el municipio y más adelante contrata también a la empresa auditora Arthur Anderson, que entonces era la asesora contable de todas las empresas del grupo Aguas de Barcelona, para conducir el proceso de privatización. Finalmente, el modelo escogido es el de empresa mixta.

Saltillo fue la primera ciudad de México en la que se aplicó este esquema para la privatización de su sistema de agua. Aguas de Barcelona es la única empresa que pone sobre la mesa una oferta de 81,9 millones de pesos y se queda con la concesión. La corporación mixta toma el nombre de Aguas de Saltillo (conocida como Agsal), con un 51% de acciones en manos de la empresa pública Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Saltillo y el 49% para la filial de Aguas de Barcelona, InterAgbar de México S.A. Años más tarde, el municipo recompra algunas acciones quedándose finalmente con el 55% de la empresa mixta.

Cortes de agua y tomas irregulares

Pese a que Naciones Unidas reconoce explícitamente desde 2010 el “derecho humano al agua y al saneamiento” en su Resolución 64/292, y la Constitución mexicana, en su artículo cuarto, establece el derecho a toda persona a disponer de “agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible”, en Saltillo, este derecho parece quedar en papel mojado.

Según datos recogidos por la Asociación de Usuarios del Agua de Saltillo (AUAS) gracias a una solicitud de información realizada a Agsal, la empresa efectúa 100.000 cortes de agua anuales por impago, una cifra considerable teniendo en cuenta que el total es de unos 250.000 usuarios. Cada corte supone para la familia afectada un pago extra si quiere reconectarse a la red. Además, cuando no pueden pagar la deuda acumulada por el corte y los recargos correspondientes, las familias firman nuevos convenios que hacen que aumente su deuda, hasta que resulta ya impagable.

Más de 15.000 usuarios domésticos, el 8% de la población, tendrían el servicio de agua totalmente suspendido en el Saltillo

Debido a esta situación, más de 15.000 usuarios domésticos, es decir, 15.000 familias, tendrían el servicio de agua totalmente suspendido en la ciudad, aproximadamente un 8% de la población. Un caso sonado fue el 28 de diciembre de 2019, día en que la Casa del Migrante de Saltillo denunció que Aguas de Saltillo le había suspendido el servicio de agua por una deuda acumulada de 480.000 pesos. Se trata de un espacio auspiciado por la ONU que, desde hace 18 años, sirve de refugio a unas 70 personas migradas y donde reciben atención médica y psicológica y alimentación. El suministro fue repuesto de manera parcial un par de días después.

La situación es todavía más compleja en los asentamientos irregulares de Saltillo, en los cuales no se instalan redes de agua y drenaje en cada vivienda, sino que los usuarios acceden al agua potable a través de tomas comunitarias. Este sistema consiste en que Aguas de Saltillo instala un medidor, al cual se conectan varias viviendas por medio de mangueras (instaladas por ellos mismos) y se realiza un cobro común que gestiona uno de los miembros de la comunidad (a menudo, el dueño o dueña de alguna pequeña tienda de la zona). Este sistema genera conflictos vecinales por la imposibilidad de pagar de algunos usuarios cada mes, por la mala gestión de las personas encargadas de recopilar el dinero y por los desperfectos y fugas que no se atienden, ya que la empresa no realiza servicios de drenaje ni saneamiento del agua, aunque en ocasiones lo contabilice en el cobro de la factura. “Yo si tengo que dar de comer menos a mis hijos, lo haré, porque no me puedo permitir quedarme sin agua”, asegura una vecina de la colonia Nueva Esperanza, al sur de Saltillo. Otra reconoce que hay siete personas en la calle de al lado que tienen cortada permanentemente el agua por falta de pago y la van a buscar en garrafas a otras tomas de la zona.

El gerente de Aguas de Saltillo, Jordi Bosch, entrevistado por este medio, insiste en que en Saltillo “si la familia demuestra algún problema en el pago de la factura no se corta el agua; la prueba es que tenemos 5.000 convenios firmados con familias de escasos recursos”. Según esta declaración, aún seguiría habiendo 10.000 de los 15.000 usuarios que se contabilizan con cortes definitivos, sin acceso al agua ni ningún tipo de ayuda.

En los dos primeros años de privatización, la compañía realizó cinco aumentos de tarifas por encima de la inflación

Lo que sí ha cumplido Aguas de Saltillo es el aumento de la eficiencia del cobro. “Justo antes de la privatización, se situaba alrededor del 70% y actualmente está prácticamente en el 99%”, explica Gloria Tobón de Garza, presidenta de la Asociación de Usuarios del Agua de Saltillo. La AUAS también denuncia que, en los dos primeros años de privatización, la compañía realizó cinco aumentos de tarifas por encima de la inflación. Entre el 2001 y el 2015, los y las saltillenses pasaron a pagar entre un 80 y un 230% más por el recibo del agua.

Sin embargo, la eficiencia del servicio, uno de los motivos que precipitaron la privatización del servicio, se ha mantenido alrededor del 60% en estos 19 años. Es decir hay un 40% de agua extraída que se pierde por fugas en el sistema o otras causas, un dato superior a otras ciudades mexicanas como Monterrey (31%) o Tijuana (20%). Estas deficiencias en el sistema contrasta con que Aguas de Saltillo tiene un contrato de asistencia técnica con Aguas de Barcelona de más de 1 millón de pesos mensuales, sobre el cual no hay demasiada transparencia sobre su destino. “Cuando le pedimos a Aguas de Saltillo documentación para ver qué habían han hecho para cumplir con el contrato de asistencia técnica, nos entregaron el mismo contrato de asistencia técnica, ningún documento más”, asegura Gloria Tobón de Garza. “Es una total falta de transparencia. Además, con este dinero que pagamos, el sistema ya debería tener resuelto todos sus problemas técnicos”, recalca la presidenta de la AUAS.

Ante las diversas quejas presentadas por la Asociación de Usuarios del Agua de Saltillo y la ciudadanía, el Ayuntamiento de Saltillo, aún siendo el socio mayoritario de la empresa mixta, se desentiende. “Si falta agua, hay cortes o las tarifas son demasiado altas, el municipio siempre dice que es problema de Aguas de Saltillo, como si no fuera con ellos. Eso sí, año tras año reciben sin molestarse los dividendos de la empresa mixta, que emplean en muchas ocasiones para cuestiones que nada tienen que ver con el mantenimiento de la red de agua”, apunta Tobón de Garza.

Veracruz: segunda experiencia con Odebrecht

En el año 2015, InterAgbar de Mexico S.A. logra una nueva concesión de agua por 30 años para abastecer a tres municipios del Puerto de Veracruz: Veracruz, Boca del Río y Medellín. En este caso, lo hace a través del Grupo MAS, un consorcio en el que, además del Sistema de Agua y Saneamiento de Veracruz (SAS) y los municipios de Veracruz y Medellín, participa la constructora brasileña Odebrecht, investigada por una macrotrama de corrupción y sobornos a cargos públicos en una decena de países de Latinoamérica durante las últimas dos décadas.

La privatización del sevicio, que se hace efectiva en julio de 2018, además de traer consigo un aumento de las tarifas (en dos años, el pago del precio del agua asciende un 26%), propició el despido de una gran mayoría de los trabajadores de la empresa pública, Sistema de Agua y Saneamiento (SAS). “Fuimos vilmente despedidos más de 1500 trabajadores. Se violaron nuestros derechos”, explica Angélica Navarrete, extrabajadora del SAS y una de las dirigentes sindicales despedidas. “Nosotros nos opusimos a la privatización, porque sabíamos que iba a afectar también a la población, que ahora lo está sufriendo: hoy la ciudad se inunda, el servicio es muchísimo más caro y el agua no se está tratando porque desmantelaron las plantas de tratamiento”, afirma Navarrete. Buena parte de los trabajadores continúa en huelga y ocupa desde 2018 las instalaciones del SAS, que han sido completamente abandonadas por la nueva empresa. Navarrete denuncia que Agbar y Oderbrecht trajeron trabajadores de Saltillo y empresas subcontratadas para operar en la nueva empresa privatizada. “El problema es que el suelo aquí es diferente, es muy arenoso y pantanoso, y por eso no saben manejarlo y hay tantas inundaciones”, afirma.

Rogelio Bonilla, también extrabajador del SAS, trabaja ahora de taxista para ganarse la vida. Explica ante el canal de la Zamorana, uno de los canales de Veracruz, que de las 32 plantas de tratamiento de aguas negras de Veracruz, Boca del Río y Medellín, que antes de la privatización se mantenían activas, solo cuatro están funcionando ahora a medio gas. El canal está lleno de aguas residuales sin tratar. “Es un problema social. Cuando llueve mucho este canal se desborda y las aguas negras les salen a los habitantes del barrio de Floresta, Flores del Valle y Antillas por el baño. Tener estas aguas negras sin tratar en un canal a cielo abierto, que va a parar desués al mar y al regadío es un impacto ambiental tanto para la flora y la fauna como para nosotros. Las autoridades ya conocen esta situación y no hacen nada”, dice Bonilla. La compañía está en el punto de mira de la ciudadanía por su deficiente gestión: ha recibido nueve mil quejas ante la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) y dieciséis amparos judiciales.

Modelo mixto en cuestión

El modelo público-privado en la gestión del agua, ensayado por primera vez en México en Saltillo, ha sido señalado por voces expertas como un modelo perverso que permite vulneraciones del derecho humano a este bien común. “Se podría pensar que hay una mayor fiscalización por parte de las autoridades sobre el manejo de los recursos, pero en realidad solo han servido para encubrir las verdaderas responsabilidades de las empresas en el despojo de lo recursos hídricos y en la falta de justicia en torno al aprovisionamiento del agua a los sectores más pobres”, asegura Octavio Rosas Landa, economista e investigador experto en agua de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Elena Burns, miembro de la plataforma ciudadana Agua para Tod@s, Agua para la Vida, asegura que los gobiernos suelen explicar las ventajas de aplicar el modelo público-privado ensalzando la experiencia de gestión que puede aportar una empresa transnacional, cosa que desmiente. “Lo que hemos podido documentar en varios casos es que la empresa multinacional no llega con conocimientos, sino que los absorbe de los trabajadores sindicalizados a los que luego acaba despidiendo. Después, subcontrata a un sinfin de miniempresas en medio de un caos financiero en donde suelen esconderse casos de corrupción y mal uso de los recuros públicos”, explica Burns, que también remarca que estas empresas no invierten lo necesario para la mejora y mantenimiento del sistema.

La plataforma Agua para Tod@s o la Asociación de Usuarios del Agua de Saltillo considera que un buen modelo público, con participación ciudadana, con transparencia, que incluya académicos, organismos de la sociedad civil, usuarios de las colonias que están sufriendo los problemas día con día, y también ingenieros formados con servicio profesional de carrera, sería el modelo más adecuado y democrático. “No tenemos necesidad de recurrir a una empresa privada que viene a hacer negocio con el agua y que ni siquiera cumple con lo que está establecido en el contrato de asociación”, sentencia Tobón de Garza.