Airbnb
Consumo exige el bloqueo de 65.000 anuncios de pisos ilegales en Airbnb

La cruzada del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 contra los pisos turísticos que no cumplen con las normativas vivientes se ha visto respaldada por los justicia y Consumo ha impuesto a Airbnb el bloqueo de 65.935 anuncios de viviendas turísticas alojados en la plataforma. Tras la apertura de expedientes sancionadores en febrero y el envío de dos requerimientos que han sido ignorados por la multinacional y un recurso de esta ante tribunales, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid respalda la acción del ministerio que dirige Pablo Bustinduy que ha exigido la eliminación de una primera tanda de 5.800 anuncios que incumplen la legislación en cinco comunidades.

En dichas resoluciones enviadas a la empresa en los últimos meses, el Ministerio reclamaba a la empresa el bloqueo de esos más de 65.000 anuncios de viviendas turísticas que vulneraban las normativas autonómicas de las comunidades donde el ministerio ha detectado los anuncios. En concreto,  los anuncios de casi 6.000 pisos sobre los que se ha pronunciado el TSJ de Madrid afectan a viviendas turísticas en las comunidades de Andalucía, Comunidad de Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, Islas Baleares y Euskadi.

“Ningún interés económico por encima del derecho a la vivienda. Ninguna empresa por encima de la ley”, Pablo Bustinduy, ministro de Consumo

Según explican desde la Dirección General de Consumo, existen tres tipos de incumplimientos de las normativas autonómicas en los anuncios señalados como ilegales. La infracción más común ha sido la de anuncios que no incluyen el número de licencia o registro, algo que es obligatorio según las normas autonómicas. Por otro lado, los anuncios no indican la naturaleza jurídica de los arrendadores. De este modo no se puede saber si son profesionales o particulares, algo que es fundamental para saber si la persona que alquila está cubierta como consumidora o no. El tercer motivo es que muchos de esos anuncios incorporan número de licencia que no coinciden con los expedidos por las administraciones de las comunidades pertinentes, lo que puede ser por error o por puro engaño.

“Ningún interés económico por encima del derecho a la vivienda. Ninguna empresa por encima de la ley”, ha declarado Bustinduy en redes sociales al anunciar la acción contra la famosa empresa de alquiler habitacional, que también ha manifestado su objetivo de colaborar con las administraciones públicas competentes para acabar con el descontrol y la ilegalidad generalizada de alojamientos turísticos, así como para favorecer el acceso a la vivienda y blindar los derechos de los consumidores.