Análisis
El caso de los 5 de Ulm y la complicidad del Estado alemán con el genocidio

El 8 de septiembre de 2025, cinco personas de diversas nacionalidades entraron en las instalaciones de Elbit Systems en la ciudad de Ulm, en el sur de Alemania. Allí, mientras se grababan con los rostros descubiertos, llevaron a cabo una acción no violenta destinada a impedir la continuidad del genocidio en Gaza. En una serie de vídeos, explicaron sus demandas y explicaron por qué eligieron la sede alemana del fabricante de armas israelí Elbit Systems, una empresa responsable de una gran cantidad de las armas y la tecnología utilizadas en el genocidio en Gaza, tal y como se documenta en el informe de la relatora de la ONU Francesca Albanese sobre la economía del genocidio.

Las activistas esperaron a ser detenidas por la policía sin oponer resistencia ni intentar huir. Desde entonces, estas cinco personas de nacionalidad irlandesa, británica, alemana y argentino-española permanecen en prisión preventiva.

Esta acción directa de supuesta destrucción no violenta de la propiedad quiso poner de relieve no solo la inacción del Gobierno alemán, signatario de la Convención de las Naciones Unidas para la Prevención del Genocidio, sino también su activa participación en el genocidio, a través de su apoyo diplomático, su comercio de armas con Israel y la producción en territorio alemán de armas utilizadas directamente en el genocidio del pueblo palestino.

Alemania, que se enfrenta a varios procedimientos judiciales tanto en su propio país como en la CIJ de La Haya por su complicidad en el genocidio, ha reaccionado con toda su violencia institucional contra estas cinco personas.

Desde su detención ese mismo día, cuando se les leyeron sus derechos, entre los que se incluía “puede llamar por teléfono a un abogado y a un familiar o amigo”, las personas activistas detenidas, sus abogados y sus redes de apoyo han estado denunciando abusos y denegación de derechos.

Entre otras formas de maltrato han denunciado que se les obligó a desvestirse y a permanecer encerradas en una celda durante horas vestidos solo con ropa interior (sin sujetadores, en el caso de las mujeres). Que permanecieron detenidas durante 30 horas sin comida adecuada. Que a una de las cinco personas detenidas un médico le recetó un medicamento y la policía le negó el acceso al mismo durante 20 horas.

Además, refieren que fueron interrogadas por la policía sin la presencia de un abogado. Alas cinco personas se les negó el acceso a abogados hasta minutos antes de la primera audiencia, a pesar de las repetidas solicitudes para hablar con un abogado y de que los letrados intentaran ponerse en contacto con ellas en repetidas ocasiones. En los cinco casos, solo se les asignaron abogados de oficio para la primera vista y, aun así, en al menos dos casos se les impidió reunirse con ellos.

Al menos a una de las personas activistas, según prosigue su relato, no se le permitió reunirse con su abogado durante dos semanas. En el caso de otra, no se le permitió ningún contacto con familiares y amigos durante un mes. Además, las cinco permanecen separadas unas de otras después de la vista y han sido recluidas en prisiones diferentes en cinco ciudades distintas. Varias de ellas, denuncian, están aisladas en una celda individual con un confinamiento de 23 horas. Se les restringe las visitas de familiares y amigos, a algunas solo se les permite una hora de visita al mes y se les restringe la posibilidad de hacer llamadas telefónicas, excepto a sus abogados. Además, las cartas que reciben se retienen durante cuatro o más semanas antes de ser entregadas y las cinco detenidas están sujetas a una estricta vigilancia de todas sus comunicaciones.

La justicia alemana les ha negado la libertad bajo fianza a pesar de no tener antecedentes penales y no suponer ninguna amenaza para la sociedad civil.

El Estado alemán está tratando a estas cinco personas activistas como peligrosas delincuentes y quiere acusarlas sin pruebas de formar parte o pertenecer a una organización criminal (artículo 129 del Código Penal alemán), un delito que puede acarrear una pena de hasta cinco años de prisión. Dada la falta de pruebas al respecto, la fiscalía alemana está teniendo dificultades para construir su caso legal. Esto se traduce en una espera más larga para las personas activistas en prisión en las terribles condiciones mencionadas anteriormente.

Los abogados defensores alegan que, como se ha mencionado, ya existen múltiples irregularidades en la investigación y en el proceso de fianza. Esto sugiere que parece haber presión política y motivación en el caso, muy en línea con lo que el Estado alemán ha estado haciendo en los últimos años contra el movimiento pro palestino.

Esta acusación de pertenencia a una organización criminal ya se ha utilizado contra activistas climáticos, y Alemania ya ha sido reprendida por ello por el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre defensores de los derechos humanos. Alemania se defiende de estas acusaciones en una patética y reveladora carta en la que admite haber espiado a los activistas, pero sin infiltrados.

El flagrante abuso de poder y las tácticas de intimidación del Estado alemán han llevado a los abogados de las 5 de Ulm a escribir una carta en la que no solo piden la liberación inmediata de sus clientes de la prisión preventiva, sino que también solicitan que se investigue a Elbit Systems Deutschland por los crímenes de guerra y contra la humanidad cometidos en todo el mundo, especialmente en Palestina.

Así, recuerdan que Elbit Systems Deutschland GmbH und Co KG es una filial propiedad al 100 % de la empresa israelí Elbit Systems, empresa que “obtiene considerables beneficios de la guerra en Gaza y suministra una gran parte de los drones que se utilizan allí. Por lo tanto, Elbit Systems Deutschland también debe rendir cuentas por su responsabilidad compartida en los crímenes de guerra cometidos en Gaza. Sin embargo, más de dos meses después del incidente, la Fiscalía de Stuttgart no ha llevado a cabo ninguna investigación al respecto”, tal y como denuncian.

Es esencial que estas cinco personas activistas reciban un trato justo y un juicio imparcial. Para ello, debemos llamar la atención nacional e internacional sobre este caso, que podría ser otro clavo en el ataúd del debilitado Estado de derecho alemán. Como recuerda su equipo de abogados: “La aplicación de la prisión preventiva no solo es desproporcionada en relación con el presunto delito, sino que, además, no existe ninguna razón de peso para imponerla. La suposición de riesgo de fuga es absurda, dadas las circunstancias: nuestros clientes se grabaron durante la acción y luego se dejaron arrestar por la policía sin oponer resistencia. Se publicó un vídeo de la acción en Internet. Es evidente que su intención no era eludir el proceso, sino enfrentarse a él para poder explicar los motivos de sus acciones”.

En los últimos años, y alimentado por la complicidad en el genocidio de Gaza, el Estado de derecho alemán se ha politizado en gran medida por su Staatsräson (razón de Estado). El apoyo inquebrantable y penalmente responsable del Estado alemán al régimen genocida se ha traducido en la constante criminalización y persecución de los activistas contra el genocidio. Dada la fuerza, la implacabilidad y la convicción de los activistas, esto ha dado lugar a que el movimiento pro palestino sea el más perseguido social, política y judicialmente desde, al menos, la reunificación alemana.

En el futuro, cuando sea demasiado tarde, veremos que el genocidio del pueblo palestino no se detuvo en los tribunales, sino en las calles y mediante acciones directas que llegaron al corazón de la red genocida internacional.