Almería
Níjar desalojará un asentamiento dejando sin alternativa habitacional a sesenta trabajadores del campo

Dos años después del desalojo del asentamiento almeriense El Walili, que dejó sin hogar a 450 personas, el ayuntamiento de Níjar vuelve a programar un nuevo desalojo de un núcleo habitacional de trabajadores del sector agrícola para el próximo martes 25 de febrero. Un desalojo que, tras llevarse a cabo, dejará sin casa a más de sesenta personas, entre ellas nueve menores, que actualmente se encuentran en el Cortijo El Uno en San Isidro. En el caso de El Walili, las organizaciones pro derechos humanos y sindicales denunciaron que las instituciones no dieron alternativas habitacionales a las personas desalojadas, una situación que volvería a repetirse con el desalojo del Cortijo El Uno. 

Durante la jornada del lunes el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, ha pedido que   “con carácter urgente y preferente" paralice el desalojo, valore la situación de las personas que habitan en el asentamiento y les de alternativas a su situación.

Como denuncia la plataforma Derecho a Techo, que congrega a diversos colectivos almerienses, en el asentamiento que se desalojará el martes viven menores de tres y cuatro años. Desde esta organización denuncian que las personas que habitan el cortijo “llevan mucho tiempo viviendo en esta infravivienda y están dispuestos a pagar un alquiler asumible si se les ofrece una alternativa” y piden encarecidamente que “este nuevo atentado contra estas personas y sus familias no se produzca, que se pare el desalojo previsto para el martes y se busque por parte de los responsables una alternativa habitacional”. Durante la jornada del lunes el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, ha pedido que   “con carácter urgente y preferente" paralice el desalojo, valore la situación de las personas que habitan en el asentamiento y les de alternativas a su situación.

Derecho a Techo expone la falta de implicación de las instituciones, especialmente del Ayuntamiento de Níjar, y señala cómo durante el desalojo de El Walili “prometió a sus moradores que se les iba a ofrecer una alternativa, cuestión que luego se incumplió”; en esta ocasión hacen hincapié en que “ni siquiera se han molestado en mentir”. La organización apunta que el consistorio de la localidad cuenta con 62 viviendas equipadas que prometió a los moradores de El Walili, que se encuentran actualmente vacías.

La plataforma además señala la responsabilidad, no solo de las instituciones públicas, sino de las empresas del sector, en concreto a la Asociación de Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas de Almería: “no se puede estar empleando trabajadores agrícolas sin preocuparse por dónde y cómo van a vivir, obligándolos a tener que habitar chabolas y luego echándolos de estos sitios a la calle sin ninguna alternativa”.

Desde la agrupación local de Podemos exponen que “nos resulta inconcebible que, en pleno siglo XXI, se pongan en marcha medidas que vulneran los derechos fundamentales de familias y menores”. Este desalojo no solo es una muestra de deshumanización, sino también de cómo se eluden las competencias que legalmente corresponden a las instituciones local y autonómica”, según las palabras de su portavoz José Miguel Ramos.

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La explotación laboral en el campo andaluz aumenta mientras miles de trabajadores migrantes viven en los más de cien asentamientos chabolistas sin electricidad ni agua que se encuentran en ambas provincias andaluzas.

En el último informe Frontera Sur, la APDHA expone que en Almería viven más de 7.000 personas en asentamientos vinculados a la actividad agrícola.  En espacios habitacionales que no tienen las condiciones mínimas para la vida, como por ejemplo el acceso al agua, “los habitantes recogen agua para el consumo doméstico en garrafas y recipientes de plásticos desechados de pesticidas y otras sustancias, lo que supone un factor de riesgo para su salud”, según explica en el informe de la APDHA, Jenifer Cárdenas Tovar.

Miles de personas diariamente viven en asentamientos sin luz, agua y electricidad en la provincia de Almería sin que las instituciones y las empresas millonarias del sector les ofrezcan otra alternativa habitacional.