Altsasu
El Supremo revisa hoy la sentencia del caso Altsasu

Tras 1.040 días en prisión, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo celebra hoy la vista en la que estudiará los ocho recursos presentados por los ocho jóvenes del caso Altsasu, condenados a penas de prisión que van de los dos a los 13 años de cárcel por una pelea con dos guardias civiles y sus parejas que tuvo lugar el 15 de octubre de 2016.

La vista en el alto tribunal se celebra pocos días después de que una delegación de Altsasu Gurasoak, colectivo formado por las madres y padres de los ocho jóvenes, mantuviera un encuentro con los grupos de Los Verdes e Izquierda Unitaria Europea del Parlamento Europeo y un año después de que el comisario europeo para asuntos jurídicos, Frans Timmermans, se comprometiera a seguir el caso de cerca.

Los ocho jóvenes de Altsasu fueron condenados en junio de 2018 por delitos de atentado a agentes de la autoridad, lesiones, desórdenes públicos y amenazas —rechazando los cargos de terrorismo que solicitaban acusaciones y Fiscalía—, tras un juicio que duró más de dos semanas en la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, presidida por Concepción Espejel, magistrada cuya recusación fue solicitada —y rechazada— al estar casada con un coronel de la Guardia Civil. Espejel es también la magistrada que firmó la sentencia contra el rapero Valtonyc, condenado a tres años y medio de prisión por enaltecimiento del terrorismo y calumnias a la Corona por el contenido de sus canciones.

La vista, que comenzará a las 10h30 y será pública, estará presidida por el magistrado Andrés Martínez Arrieta. En su carrera judicial, Arrieta cuenta con haber sido uno de los nombres que se barajaban ante una posible sustitución del juez Manuel Marchena —que fue propuesto por PP y PSOE para presidir el Consejo General del Poder Judicial, el gobierno de los jueces, cargo que finalmente rechazó— como presidente de la sala que juzgó el 1 de octubre. Arrieta también cuenta en su trayectoria con haber mantenido la inhabilitación de Arnaldo Otegi hasta 2021, negándole así la posibilidad de presentarse a las elecciones al Parlamento vasco de 2016. La sentencia original de la condena a Otegi, firmada por la magistrada Ángela Murillo —que estaba en la sala de la Audiencia Nacional que instruyó el caso Altsasu, con la presidencia de Carmen Lamela— supuso en noviembre de 2018 una condena a España por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

La sala del Tribunal Supremo que revisará la sentencia de los jóvenes de Altsasu está compuesta también por Antonio del Moral —relacionado con el Opus Dei, fue parte de la sala del Supremo que rebajó sensiblemente las condenas por el caso Nóos y de la que juzgó el 1-O—, Andrés Palomo —también en la sala que juzgó el Procés, redactó la sentencia que anuló la condena a 119 años de cárcel a Itziar Alberdi Uranga, por falta de pruebas, y también la primera con prisión permanente revisable—, Susana Polo —también en la sala del 1-O— y Vicente Magro —exsenador del PP, en 2017, como magistrado de la Audiencia Nacional, admitió a trámite la denuncia contra Wyoming y Dani Mateo por delito contra los sentimientos religiosos por un chiste sobre el Valle de los Caídos—.