América Latina
La victoria de Castillo pone en el centro décadas de corrupción e impunidad de las multinacionales españolas en Perú

Doce días después de la segunda vuelta de las elecciones peruanas, la autoridad electoral del país sigue sin reconocer la victoria del candidato de Perú Libre. La mayoría de los medios internacionales sigue hablando de que Pedro Castillo “lidera el conteo” con el 100% escrutado. Solo un puñado de presidentes identificados con gobiernos progresistas del continente han felicitado por su victoria a este maestro rural que lideró las protestas magisteriales de 2017 y que ganó las elecciones con la promesa de darle la vuelta a décadas de políticas neoliberales.

Un “marxista-leninista” parte como favorito en las elecciones en Perú

Jaime Bordel Gil

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América Latina revuelta Un “marxista-leninista” parte como favorito en las elecciones en Perú

Jaime Bordel Gil

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Este 6 de junio, la población peruana elegirá entre el maestro Pedro Castillo, que propone revertir décadas de políticas neoliberales, y Keiko Fujimori, la hija de ex dictador que ha recortado distancias a costa de agitar el fantasma del comunismo.

Más de 400 empresas españolas siguen de cerca las decisiones del órgano electoral y los movimientos de la ultraderecha peruana, liderada por Keiko Fujimori, heredera del proyecto político de su padre, el exdictador Alberto Fujimori. Repsol, Telefónica, Red Eléctrica Española o Enagás podrían ser algunas de las transnacionales más afectadas si Castillo llega a gobernar y aplica, aunque sea, una mínima parte de su programa electoral. Más de 15.000 millones de euros están en juego.

Las elecciones del 5 de junio de 2016 sirven de espejo deformado. El neoliberal Pedro Pablo Kuczynski ganó la segunda vuelta con un 50,12% frente al 49,88% de Keiko Fujimori, un porcentaje idéntico al que le dio la victoria a Castillo en los pasados comicios. A pesar de que también quedaban pendientes impugnaciones y apelaciones, la comunidad y la prensa internacional le dio la bienvenida cuatro días después. Han pasado cinco años desde entonces. Ahora, con cerca de 800 denuncias de fraude por parte del partido de la hija del exdictador, la autoridad electoral prevé que puede tardar hasta tres semanas en designar al nuevo presidente de Perú.

Algo tiene que ver el carácter de outsider de la política de Castillo y su origen de clase, según escribía el analista Pablo Stefanoni. También con sus declaraciones y el programa de Perú Libre —formación a la que se unió en 2020 para las elecciones—, un texto de 77 páginas que el presidente electo ha ido suavizando con el andar de la campaña. Pero por mucho que lo intente, el café programático sigue estando demasiado cargado para los múltiples intereses económicos y políticos que atraviesan la economía peruana. “Con el neoliberalismo nuestras empresas estatales fueron privatizadas; la libertad de mercado, libertad de empresa, libertad de industria y libertad de finanzas quebraron nuestra incipiente industria nacional pública y privada; se socializaron las pérdidas y privatizaron las ganancias [...] En otras palabras, impusieron libertad para los ricos y coacción para los pobres”, escribía Vladimir Cerrón Rojas, el fundador y líder de Perú Libre, en el prólogo al programa electoral.

La ruta hacia la moderación comenzó en campaña. “La inversión extranjera es bienvenida en Perú, pero sin estafar a los locales”, dijo Castillo en abril, en referencia a su repetida propuesta de “revisar los contratos con las empresas transnacionales”

Perú Libre se define como un partido de “izquierda socialista”, y para ser de izquierda, matizan sus dirigentes, “se necesita abrazar la teoría marxista”. Es más, añaden, “decirse de izquierda cuando no nos reconocemos marxistas, leninistas o mariateguistas es simplemente obrar en favor de la derecha con decoro de la más alta hipocresía”. Las referencias a José Carlos Mariátegui, el fundador de la formación que tras su muerte se convertiría en el Partido Comunista Peruano, son habituales en el discurso de esta formación que arrasó en las empobrecidas regiones andinas. Mariátegui fue el pensador marxista más influyente de América Latina, que intentó adaptar el pensamiento eurocéntrico del socialismo a las realidades latinoamericanas con seguidores tan dispares como Sendero Luminoso —que adoptó su nombre de una de las frases más famosas de Mariátegui— y políticos de izquierda como el propio Pedro Castillo, que participó en los rondas campesinas, creadas en los 70 para combatir el robo de ganado y que en los 80 y 90 se enfrentaron precisamente a Sendero Luminoso en las comunidades rurales.

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Perú atraviesa su peor crisis política agravada con la destitución del presidente Vizcarra por parte del Congreso

Lucía Muñoz Miranda

Perú

Perú atraviesa su peor crisis política agravada con la destitución del presidente Vizcarra por parte del Congreso

Lucía Muñoz Miranda

Tras el nombramiento de Manuel Merino como nuevo presidente de la República, miles de peruanos desde distintos puntos del país salen a las calles al grito de “Merino no es mi presidente”, exigiendo un cambio en la Constitución. La dura represión policial contra los manifestantes dejó anoche un muerto.

La ruta hacia la moderación comenzó en campaña. “La inversión extranjera es bienvenida en Perú, pero sin estafar a los locales”, dijo Castillo en abril, en referencia a su repetida propuesta de “revisar los contratos con las empresas transnacionales”. Y se ha acelerado tras las elecciones que le dieron la presidencia. El 9 de junio, el jefe del plan económico de Perú Libre, Pedro Francke, declaraba que se respetarán las inversiones españolas en Perú. “No habrá expropiaciones ni estatizaciones”, agregó. El 17 de junio, Francke reducía las promesas electorales económicas a un aumento de impuestos a las mineras, una medida que también incluyó el expresidente Ollanta Humala en su programa reformista y que al final terminó convertido por la presión de la derecha peruana en un “minúsculo óbolo minero”, según denunció en su momento el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina. 

Las declaraciones de Francke chocan con las promesas de Castillo y el apartado económico del programa electoral en el que se habla de “revisar todas las concesiones de carreteras, ferrocarriles, cielos, y empresas del Estado que fueron privatizadas”, algo que afectaría a decenas de empresas españolas, que se hicieron con los sectores estratégicos del país en las privatizaciones de los 90.

En el programa electoral se incluía promesas que solo pueden perjudicar la libertad que han gozado hasta ahora las transnacionales españolas en Perú: la “nacionalización de los recursos naturales”, la revisión de los tratados de libre comercio o el fin de los privilegios de ciertas compañías que no pagan todos los impuestos que deberían

En este apartado también se incluyen otras promesas que solo pueden perjudicar la libertad que han gozado hasta ahora las transnacionales en Perú: la nacionalización de los recursos naturales, la revisión de los tratados de libre comercio o el fin de los privilegios de ciertas compañías que no pagan impuestos. “Debemos ser conscientes que nuestros recursos naturales nacionalizados y explotados en función del bienestar popular son la única oportunidad para vencer la dependencia extranjera, el neocolonialismo y erradicar la pobreza”, proclaman en el programa electoral.

Sin embargo, en el mismo programa se condicionan los cambios a la “estabilidad jurídica nacional”. Según reconocen, la actual Constitución de 1993, impulsada por Alberto Fujimori un año después del autogolpe, “ampara todos los contratos ley para que no puedan ser revisados y prohíbe taxativamente al Parlamento tal acción, aún así, sean lesivos”.

El cambio de un “estado privatizador” a un “estado nacionalizador” y a un “Estado revisor de contratos”, según la jerga del partido, pasa entonces, según confiesan, por un proceso constituyente que acabe con los “artículos pétreos” que garantizan “la libertad solo a los ricos” e impiden la revisión, modificación, anulación de los llamados “contratos ley”. El plan para convocar una asamblea constituyente que redacte una nueva Constitución que inicie el “desmontaje del neoliberalismo” se encuentra con un obstáculo importante: para ello necesita contar con el apoyo de 66 diputados —Perú Libre cuenta con 37 escaños— y aprobar el nuevo texto en un referéndum. No es difícil prever, con las dos semanas que lleva Castillo como virtual presidente de Perú, que le resultará complicado encontrar apoyos para iniciar este proceso constituyente.

A primera vista, podría parecer que Castillo sigue un esquema parecido al recorrido por otros presidentes progresistas o englobados en el socialismo del siglo XXI. Sin embargo, para Raúl Zibechi, periodista y analista experto en movimientos sociales latinoamericanos, son más las diferencias que los parecidos: “La principal diferencia es que Castillo no es parte de un proceso político como lo fueron todos los demás gobiernos que, de algún modo, nacieron de luchas y procesos de acumulación electoral”. Para el autor de Dispersar el poder (Virus, 2006), la elección de Castillo es “casi una casualidad, interesante y positiva, pero que no tiene un proceso detrás, aunque haya participado en la huelga de docentes que lo hizo más conocido, y en las rondas campesinas del norte”.

“Si llegara a la presidencia, cosa que no está clara, lo van a bajar en meses. Tiene todo en contra, el racismo limeño y de las elites, la fuerza de los medios, los militares y los poderes económicos. Todo. Solo cuenta con el apoyo popular andino”, dice Raúl Zibechi

En el ámbito de las diferencias, Pedro Castillo y Perú Libre pertenecen al ámbito de la “vieja izquierda”, agrega, por su rechazo al aborto “utilizado como método anticonceptivo” —según su programa electoral—, su oposición a los derechos LGTBI, y al feminismo —el “extremo opuesto” del machismo, según el argumentario de Perú Libre—. Un elemento que tiene en común con muchos presidentes progresistas de la región es su apoyo a la minería como solución a los problemas sociales.

Para Zibechi, la “relación de fuerzas” no favorece a Castillo. “Si llegara a la presidencia, cosa que no está clara, lo van a bajar en meses. Tiene todo en contra, el racismo limeño y de las elites, la fuerza de los medios, los militares y los poderes económicos. Todo. Solo cuenta con el apoyo popular andino”, dice a El Salto.

En el caso de llegar a gobernar, añade, “tiene un gran problema con el modelo: la minería, que es la gran producción peruana, es intocable, no alcanza con estar en el sillón de Pizarro para moverla, porque es un modelo que lleva cinco siglos y cada vez está más atornillado”. 

Para este analista, los problemas de Perú no se remontan a la Constitución de 1993 sino a tiempos de la colonia y la independencia: “En Perú la emancipación de la corona española la hizo [el general José de] San Martín y los ejércitos del sur, porque la aristocracia limeña permaneció fiel a España hasta el final, con más miedo a los indios que vocación de libertad. La oligarquía terrateniente recién quiebra en la década de los 60 con el Gobierno militar de Juan Velazco Alvarado, pero no hubo movimientos potentes urbanos que pelearan por cambios. Ahora todo indica que se acomodan entre la pertenencia al patio trasero de EE UU y la venta de minerales a China, sin la menor ambición de transformación productiva ni política. No veo que un Gobierno de Castillo tenga oportunidades de cambiar esto, aunque sería maravilloso que así fuera”.

La impunidad de Repsol en la Amazonía peruana

Entre los principales interesados en que las promesas de Pedro Castillo, incluso las más tímidas, no lleguen a materializarse figuran las grandes multinacionales españolas, que dominan amplios sectores que fueron privatizados durante la gestión de Alberto Fujimori. 

Una de las principales propuestas de Castillo es que los gigantescos recursos del proyecto gasífero de Camisea, uno de los mayores del continente, se conviertan en la base de un plan para cuadriplicar el presupuesto de educación. Este megaproyecto, ubicado en el departamento de Cusco, abarca casi un millón de hectáreas y ocupa territorios de cuatro pueblos indígenas, tres de ellos en aislamiento voluntario. Uno de los financiadores de la operación es el BBVA y uno de sus principales beneficiarios es Repsol. Además de participar como operadora e inversora, la multinacional energética española también lleva a cabo operaciones de exploración y tiene, también, importantes intereses vinculados a esta posición: opera la principal refinería del país y cuenta con una red de 440 estaciones de servicio, según el informe El ibex35 en guerra contra la vida, del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL). Los intereses de esta compañía la sitúan como el segundo grupo de poder económico de Perú, según esta investigación.

Desde su llegada al país en 1996, en pleno régimen autoritario de Fujimori, Repsol ha ido “consolidando su influencia” gracias a los favores políticos de los sucesivos gobiernos. En la Constitución de 1993, se sentaron las bases para garantizar por ley los negocios de las multinacionales y para la creación de una “nueva élite empresarial” construida en torno al negocio extractivo. Repsol se convirtió en un “actor destacado en este entramado de poder”, relata esta investigación de OMAL. 

El “notable poder” de Repsol, denuncia OMAL, ha hecho que las actividades de esta multinacional energética en la Amazonía peruana se desarrollen sobre zonas protegidas, incluso sobre reservas indígenas, como es el caso del proyecto gasífero de Camisea, sin mayores contratiempos

La trasnacional española forma parte de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos, uno de los “grupos de presión más poderosos de la industria extractiva de Perú”. El propio ex ministro de Gestión Ambiental José de Echave, cuenta OMAL, denunció la importante influencia que tuvo este lobby empresarial en la aprobación en 2014, durante la gestión de Humala, de una ley que deterioraba los ya laxos criterios medioambientales exigidos en los megaproyectos.

El “notable poder” de Repsol y su influencia sobre la política, así como una legislación cada vez más favorable a sus intereses, denuncia este observatorio, ha hecho que las actividades de esta multinacional energética en la Amazonía peruana se desarrollen sobre zonas protegidas, incluso sobre reservas indígenas, como es el caso del proyecto de Camisea, sin mayores contratiempos.

Las organizaciones indígenas han elevado a instancias internacionales numerosas denuncias por los derrames y vertidos, y por la disminución de la fauna terrestre y fluvial provocada por el aumento del tráfico de barcos y helicópteros. Los impactos en estos pueblos de la actividad gasífera es tan grande que el Viceministerio de Interculturalidad admitió en 2013 que la expansión de uno de los bloques del proyecto Camisea podría suponer la extinción de dos pueblos indígenas.

Con respecto a la relación con los pueblos en aislamiento voluntario, OMAL denuncia que Repsol “ha hecho uso de estrategias de presión con intenciones poco honestas dirigidas a desencadenar decisiones forzadas y a debilitar las posiciones colectivas contrarias a sus intereses”. El resultado: una “importante erosión y descomposición” de las relaciones comunitarias y de las organizaciones indígenas y un aumento inédito de agresiones y violencia entre comunidades y dentro de las mismas comunidades.

Según afirma el partido de Castillo, las multinacionales (Repsol entre ellas) pagan en la actualidad por la explotación del gas de Camisea solo 1.135 millones de dólares anuales, cuando debería aportar 23.000 millones, “cuatro veces el presupuesto de educación”

El proyecto del nuevo presidente apenas habla de garantizar los derechos de los pueblos indígenas —esta palabra aparece solo tres veces en su programa—, pero sí de obligar a las trasnacionales a pagar los impuestos que les corresponden. Según afirman, las multinacionales pagan en la actualidad por la explotación del gas de Camisea solo 1.135 millones de dólares anuales, cuando debería aportar 23.000 millones, “cuatro veces el presupuesto de educación” o el equivalente a 340 presupuestos de gobiernos regionales. Según Perú Libre, la explotación del gas de Camisea es una “estafa” por los bajos precios a los que se vende el gas peruano en los mercados internacionales.

La historia negra de las multinacionales en Perú

Una vez acallada la oposición parlamentaria, judicial y mediática con el autogolpe de 1992, Alberto Fujimori se lanzó a privatizar las principales empresas públicas del país. La corrupción y las irregularidades que rodearon esas operaciones, de las que se beneficiaron sobre todo las transnacionales españolas, aún resuenan.

Una de las primeras grandes privatizaciones, en 1994, fue la de Entel, que terminó en manos de Telefónica, que negoció con el régimen de Fujimori “condiciones para evitar la libre competencia” y asegurar así sus beneficios en el país con los precios más altos de la región, según la denuncia del sindicato Sutep. Ayudó mucho meter en plantilla a Santiago Fujimori, hermano del exdictador y tío de Keiko Fujimori. Hoy, Telefónica tiene 20 millones de clientes en el país a través de las marcas Movistar y Tuenti, pero no consigue deshacerse de los fantasmas del pasado. En 2019, un escándalo afectó a la imagen de la compañía española por negarse a entregar información a la Fiscalía sobre Keiko Fujimori. Pedro Cortez, presidente de Telefónica del Perú, lo reconocía de esta forma en ese año: “La corrupción ha hecho que todas las empresas estemos bajo sospecha”.

El BBV, ahora BBVA, fue otro de los grandes beneficiados de la red de corrupción del régimen fujimorista: el banco fue acusado e investigado por el juez Baltasar Garzón de sobornar al presidente Fujimori y a su asesor de Inteligencia, Vladimiro Montesinos

El BBV, ahora BBVA, fue otro de los grandes beneficiados de la red de corrupción del régimen fujimorista: el banco fue acusado e investigado por el juez Baltasar Garzón de sobornar al presidente Fujimori y a su asesor de Inteligencia, Vladimiro Montesinos, para la compra del Banco Continental en 1995. Esta era la práctica habitual de hacer negocios en el Perú de los 90. De hecho, la difusión de los “Vladivídeos”, en los que se veía a Montesinos recibiendo sobornos, aceleró la caída de Fujimori.

El BBVA Perú, ahora el segundo banco del país, ha recibido dos amonestaciones del Gobierno peruano por no tomar medidas que controlen el lavado de dinero y continúa recibiendo denuncias de prácticas ilegales. En 2018, el medio de investigación OjoPúblico desveló que diversas organizaciones ligadas al narcotráfico y otros negocios ilegales se servían de la filial peruana del BBVA como vía para el blanqueo de dinero, según los informes financieros del Gobierno y de la policía del país sudamericano. Bajo el título de #DineroLeaks, OjoPúblico implicaba al banco español en una trama de narcotráfico, corrupción de cargos públicos y evasión de impuestos. Según esta filtración de fuentes oficiales, el BBVA recibió 2.200 millones de dólares de “clientes sospechosos por sus nexos con el crimen organizado y la evasión fiscal”.

La filial de Endesa en Perú —Edelnor, hoy Enel Perú— fue otra de las grandes beneficiadas del clima de impunidad de décadas de políticas neoliberales. Desde 1999, Edelnor había utilizado la legislación creada en época de Fujimori para alentar las fusiones y adquisiciones de “forma fraudulenta para evitar el pago de impuestos”, según este mismo informe de OMAL. La multinacional española se aprovechó de su situación de monopolio para elevar los precios y machacar a la plantilla con despidos ilegales, boicot a la negociación colectiva y subcontratas con peores condiciones laborales. Con la compra de Endesa por parte de Enel, todas las subsidiarias de Endesa pasaron a depender de la multinacional italiana.

En 2018, el medio de investigación OjoPúblico desveló que diversas organizaciones ligadas al narcotráfico y otros negocios ilegales se servían de la filial peruana del BBVA como vía para el blanqueo de dinero

Enagás es otra de las empresas españolas que se juegan mucho estos días. La Fiscalía peruana investiga actualmente las prácticas corruptas que acompañaron la adjudicación del Gasoducto Sur Peruano, vinculado al caso Lava Jato y a toda la trama de sobornos de la gigante empresa constructora brasileña Odebrecht. Después de que saltara el escándalo en 2017, se suspendió el proyecto y Enagás decidió demandar al Estado peruano por 411 millones de euros ante el Ciadi, la corte de arbitraje del Banco Mundial, famosa por darle siempre la razón a las empresas. La Fiscalía acusa a Enagás de haber realizado dos pagos a Odebrecht, por 56 y 81 millones de euros, bajo los conceptos de “nuevos aportes” y “dividendos pasivo”. Este proyecto de gasoducto, que tiene como objetivo llevar el gas de Camisea al resto del país con vista a posibles exportaciones, era el más grande de la historia del país.

El ejemplo de Enagás ilustra lo complicado que puede resultar para el nuevo gobierno enfrentarse a las grandes transnacionales, sobre todo cuando el país ha firmado 25 tratados de libre comercio y de protección de inversiones extranjeras. Frente a estos abusos, Perú Libre declara su intención de hacer frente a los “privilegios de rango constitucional” que tienen las grandes empresas, que implican una pérdida de “soberanía e impidiéndose la revisión de los mismos, aún sean lesivos”. La seguridad jurídica, proclaman, “no puede ser utilizada para justificar el saqueo impune y permanente de nuestros pueblos por empresarios trasnacionales”. 

El camino del nuevo Gobierno, con “todo en contra”, como dice Zibechi, no será fácil. Más complicado aún será reunir los apoyos para reformar la Constitución en la que Fujimori dejó “todo atado y bien atado”. Los próximos días dirán si Castillo consigue sentarse en el sillón de Pizarro. Los siguientes meses, si puede gobernar. Y los siguientes años, en el caso de que consiga sobrevivir políticamente, si ha servido para romper con una historia de cinco siglos de saqueo.