Amianto
Empresas demandan a la Seguridad Social para no afrontar las indemnizaciones de muerte por amianto

Los familiares de Ramón H.E. y José Manuel M.A., ambos fallecidos a causa de la exposición al amianto, siguen esperando que las demandas de daños y perjuicios por la enfermedad profesional que les llevó a la muerte prosperen y así acceder a la indemnización que les corresponde. Primero la pandemia y ahora los recursos judiciales contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) presentados por las empresas denunciadas, ralentizan los procesos judiciales y eternizan la angustia de las familias.

Ramón H.E., jubilado con más de tres décadas de trabajo en el Metro de Madrid falleció en enero de 2020 a los 76 años por Mesotelioma epitelioide estadio IIIB, una patología derivada del tiempo que, como maquinista, estuvo expuesto al amianto. En marzo de 2019 la Seguridad Social reconoció su incapacidad permanente absoluta derivada de enfermedad profesional y días antes de su fallecimiento, el 7 de enero de 2020, presentó la demanda judicial contra la empresa por daños y perjuicios.

Juan Manuel M.A. trabajó en Fundiciones Tellería (Tolosa) desde 1973, que luego fue Fudike SAL y Fudike SLU. Primero en la machería, después como ayudante de moldeo y desde 1992 como maquinista. En septiembre de 2016 le diagnosticaron Adenocarcinoma de origen pulmonar y falleció el 10 de abril de 2017 a los 61 años. En mayo de 2019 el Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales de Gipuzkoa (OSALAN) reconoció que su patología derivaba de enfermedad profesional. A principios de 2020 su familia presentó la reclamación judicial contra Fudike SLU por daños y perjuicios.

En ambos casos, el confinamiento y cierre de la actividad judicial paralizó las causas durante casi todo el año pasado. Y ahora es la interposición de recursos contra la Seguridad Social por parte de las empresas demandadas, lo que extiende la espera por un tiempo indefinido.

“Nos parece una vergüenza hacer sufrir a las familias, porque por desgracia los compañeros no lo van a ver ya que han fallecido”, afirma Juan Antonio Ortíz

“Nos parece una vergüenza hacer sufrir a las familias, porque por desgracia los compañeros no lo van a ver ya que han fallecido”, afirma Juan Antonio Ortíz, del Sindicato del Colectivo de Maquinistas de Metro de Madrid (SCMM), para quien esta impugnación demuestra que la empresa “está en contra de reconocer las enfermedades profesionales derivadas del amianto y hará todo lo posible por impedirlo”.

Para Jesús Uzkudun, portavoz de la Asociación de Víctimas del Amianto en Euskadi (ASVIAMIE) y con una experiencia de 20 años como responsable de salud laboral de Comisiones Obreras en Euskadi, “la demora es un enorme sufrimiento” que se ha agravado por el colapso no solo de los juzgados, sino de la propia seguridad social.

“Han tardado más de un año en resolver un trámite de incapacidad en la propia seguridad social, al final se movieron porque hicimos un reportaje periodístico y esa presión es la que funciona. Nosotros recomendamos a las familias no ir a juicio porque las cosas que escuchan allí son muy duras y el hecho de que se dilate y otra vez recurran es una tortura judicial”, reconoce Uzkudun.

Relata que muchas veces las familias temen haberse metido en un agujero sin fondo. “Afortunadamente aparte de los servicios jurídicos en ASVIAMIE funciona mucho la asociación, entonces la empatía y la relación con las familias es fundamental para poder sostenerlas en lo emocional”, reflexiona.

Metro de Madrid incumple su palabra

El 24 de enero último la familia de maquinistas recibía un duro golpe. A los 61 años fallecía Santos González, uno de los emblemas en la lucha por los derechos del colectivo. Afectado de Covid los médicos no pudieron intubarlo por las lesiones que el amianto había dejado en sus pulmones. En esa misma semana, la empresa solicitaba el aplazamiento del juicio con la familia de Ramón H.E. por estar pendiente la reclamación iniciada contra el INSS.

“Argumentan que los maquinistas, en realidad que ninguno de los trabajadores porque lo están haciendo en todas las categorías, hemos estado expuestos al amianto en el Metro de Madrid, ¡Después de 40 años conviviendo con el amianto en casi todas!, porque si no trabajabas directamente con él en mantenimiento de unidades móviles o de escaleras, lo usaban como zapatas de frenos. Hasta los modelos 2000 y 5000, los trenes clásicos estaban totalmente construidas en amianto”, recuerda Ortíz.

Desde el sindicato cuestionan que con estas medidas Metro “incumpla su promesa de hacer lo que estuviera en su mano para agilizar los procesos”. Se refieren al compromiso que el 18 de abril de 2019 asumiera el entonces presidente regional en funciones de la Comunidad, Pedro Rollán, después que el Juzgado en lo Social nº 10 ordenara una indemnización de 371.733,65 euros para la familia de Julián Martín Rebate, el primer trabajador de la empresa al que se le reconoció la enfermedad profesional.

“Lo que se pretendía era tener fijado ese criterio ante casos similares. Hay un segundo caso que ya se ha determinado que puede haber una causa-efecto y se aplicaría el mismo criterio”, afirmó Rollán, confirmando que esas cantidades sería el baremo a tener en cuenta en situaciones similares.

“Nosotros le creímos, pero estamos viendo que es mentira. Y por desgracia esto va a ser un goteo de compañeros con esta enfermedad. Mira lo que le ha pasado a Santos, que la empresa no le daba la baja laboral, tenía que pedirla por la seguridad social por otras causas, a pesar que tenía la enfermedad ya en los pulmones”, denuncia Ortíz.

Santos estaba todavía en activo y la empresa no le quiso reconocer la enfermedad laboral. “Tú sabes que cuando coges esa enfermedad, es incurable. Yo me llevaba muy bien con él, me decía que cada vez que iba a un reconocimiento médico, esperaba que le dijeran si le daban unos meses de vida más o menos, siempre con esa angustia. Y si a eso le sumas que la empresa no te reconoce la enfermedad ni te da la baja laboral, al final psicológicamente afecta mucho”, afirma el portavoz del SCMM.

Actualmente serían siete los trabajadores del metro no maquinistas a la espera de que la seguridad social les reconozca la enfermedad laboral. Luego vendrá la reclamación y los recursos. “Le pedimos a la empresa que sea justa y que empatice un poco con los afectados por el amianto, que ya llevamos unos cuantos, y vendrán más, y al final nos reconozca una baja laboral como enfermedad laboral”, concluye Ortíz.

Juicio aplazado en Donosti

Este jueves 11 estaba prevista la celebración del juicio entre las empresas Fudike SLU y la Mutua Fremap, contra la seguridad social vasca. Según ASVIAMIE “cuestionan que el trabajador haya estado expuesto a sustancias cancerígenas en la fundición, culpando al hábito tabáquico del fallecido como causa de su enfermedad pulmonar”.

A último momento de mutuo acuerdo entre las partes, se decidió su aplazamiento. “Al trabajador se le había diagnosticado un adenocarcinoma y por nuestro perito médico patólogo hemos comprobado que no, que tenía un mesotelioma pleural. Y además, parece que en el período de la fundición podría haber otra empresa a la cual exigirle responsabilidades, por eso decidieron aplazarlo”, informa Uzkudan a El Salto.

“Hubo otro caso anterior de Fudike por un trabajador de 50 años que murió de un cáncer pulmonar, Fremap y la empresa recurrieron y lo perdieron”, recuerda el portavoz de ASVIAMIE. “La resolución de ese recurso demoró un año por lo menos”, apunta.

“Las empresas recurren porque ven lo que se les viene encima”, afirma Jesus Uzkudun, de ASVIAME.

Sobre la práctica de recurrir las sentencias de OSALN, lamenta que sea una actitud “bastante común. Las empresas recurren porque ven lo que se les viene, salvo que tengan un compromiso de que la gente no va a ir a reclamar los daños y perjuicios, sino recurren siempre”, asegura.

Este jueves en la Asociación han recibido con alegría la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que estima el recurso de la viuda e hijos de Feliciano P.S. y revoca la sentencia del Juzgado de lo Social 3 de Bilbao, condenando a la empresa IZAR Construcciones Navales a indemnizarles con 209.041,47 euros más los intereses legales.

Feliciano PS trabajó como soldador en la construcción naval entre 1957 y 1984, tiempo en el que estuvo expuesto a fibras de amianto. Según AVIAMIE, a los 80 años en octubre de 2019 ingresó al Hospital “con un deterioro cognitivo progresivo, dependiente para las actividades diarias” y complicaciones en la salud que una semana más tarde derivaron en su fallecimiento.

En mayo de ese año el INSS le había declarado incapacidad absoluta por Asbestosis es decir, por enfermedad profesional incluida en el Decreto 1299/2006, y en noviembre reconoció la pensión de viudedad derivada de enfermedad profesional.

La sentencia del Juzgado de Bilbao, desestimando la demanda de daños había dejado a la familia sin nada. “Era inadmisible que tras una muerte, con independencia de la edad, se cuestione su origen, ignorando las resoluciones del INSS que reconocen enfermedad profesional grave e incapacidad absoluta”, cuestionan desde ASVIAMIE. La resolución del TSJV cierra un largo camino de dolor para la familia.