Opinión
Notas urgentes ante la epidemia global de discursos difamatorios contra las personas migrantes

El pasado 11 de marzo, mientras el presidente Sánchez anunciaba la controvertida herramienta “HODIO” (Huella del Odio), el Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) daba a conocer un “informe de urgencia” por la retórica utilizada por el presidente Trump contra las personas inmigrantes en EEUU. Este organismo de la ONU manifestaba su profunda preocupación por el creciente “discurso de odio racista” y el uso de “lenguaje despectivo y deshumanizante”, y de estereotipos dañinos dirigidos contra inmigrantes, refugiados y solicitantes de asilo, presentando a estos colectivos “como criminales o como una carga”. El CERD, compuesto por un grupo de 18 expertos independientes, señala “el uso sistemático de perfiles raciales” por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), y la ofensiva desplegada contra personas de origen hispano/latino, africano o asiático, con controles y detenciones masivas y arbitrarias, incluso en hospitales, escuelas e instituciones religiosas.

Por su parte, la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europadurante estos días también ha presentado su plan para implementar los nuevos criterios sobre delitos de odio (OSCE/ OIDDH), que tienen por objeto “distinguir claramente entre las disposiciones sobre delitos de odio y las disposiciones sobre ‘el discurso de odio’ tipificado como delito”. Estos nuevos criterios buscan erradicar algunas malas prácticas, como por ejemplo, penalizar los insultos discriminatorios o las amenazas sesgadas como si fueran “discursos de odio”.

Algunos Estados no solo estarían respondiendo de manera desproporcionada a los incidentes de odio más comunes —los insultos y maltratos individuales—, sino que también estarían invisibilizando y confundiendo los discursos difamatorios, aquellos que demonizan a la población extranjera, debido a que se utilizan esas normas penales para lo que no corresponde.

¿Qué se está haciendo en España?

El Gobierno español tampoco sigue las recomendaciones de la OSCE/ OIDDH, pues utiliza el delito que tipifica los discursos de odio difamatorios y las fake news contra colectivos vulnerables (art. 510.2º del Código Penal) para otra cosa distinta, es decir, para los insultos y maltratos individuales. El resultado es un castigo desproporcionado, con penas más altas de las que corresponden, al mismo tiempo que vacía de contenido e invisibiliza los discursos que son realmente peligrosos, tales como vincular la inmigración con la delincuencia.

Pueden consultarse, por ejemplo, varias denuncias sobreseídas y archivadas por el Tribunal Supremo contra Alvise Pérez (del partido Se Acabó La Fiesta) por la emisión de bulos, entre otros, contra el colectivo gitano, o por difundir fotografías policiales de detenidos. O más recientemente, una sentencia que absuelve a un inspector jefe de la Policía Nacional que aseguraba en un acto organizado por VOX que “inmigración ilegal es igual a delincuencia”, entre otras expresiones estigmatizantes.

El mundo entero parece entregarse hoy al belicismo de la extrema derecha, cuyos discursos de odio no sabemos identificar como punibles

Para comprender lo peligrosos que son estos discursos, basta con echar un ojo a lo que pasa en EEUU, donde la libertad de expresión es casi ilimitada y no están penalizadas las difamaciones contra colectivos vulnerables como los inmigrantes y las personas refugiadas. El mundo entero parece entregarse hoy al belicismo de la extrema derecha, cuyos discursos de odio no sabemos —o no queremos— identificar como punibles. Es una epidemia global. El virus del odio.

La polémica herramienta “HODIO” no es más que un sofisticado programa informático, que podría ser útil en la lucha contra el odio y la discriminación, siempre y cuando se separen claramente, como recomienda la OSCE/OIDDH, los discursos de odio —incitación a la violencia y difamaciones a colectivos vulnerables— de aquellos otros delitos de odio —injurias, vejaciones y maltratos motivados por prejuicios entre personas individuales—.