Análisis
Algunas preguntas incómodas sobre el rearme europeo

Arnaldo Otegi resumía bien días atrás en una entrevista a Radio Euskadi las inconsistencias del discurso en torno al programa de rearme europeo, que pueden concentrarse en las tres preguntas que el coordinador general de EH Bildu planteaba en antena: “¿Para qué? ¿Para defender qué proyecto europeo? ¿Contra quién?” Son éstas preguntas que conviene hacerse toda vez que muchos comentaristas han asumido, como denunciaba Ingar Solty en Jacobin, los objetivos de la invasión de Ucrania del folklore nacionalista ruso dirigido a su audiencia doméstica e incluso han ido más allá de él: Rusia quiere ocupar toda Ucrania y continuar su expansión territorial hasta reconstruir el espacio de la Unión Soviética o el Imperio ruso, del que forman parte países que son actualmente estados miembro de la Unión Europea. Si Rusia tiene la capacidad militar o incluso el interés económico como para emprender una operación de esta envergadura, que supusiese, como se afirma estos días, una “amenaza existencial” a la UE son preguntas legítimas que apenas pueden siquiera plantearse en el clima de opinión actual. El Pacto de Varsovia impulsado por la URSS contaba con más de tres millones de soldados frente al millón y medio que tiene como objetivo movilizar Rusia, y cifras igualmente superiores en vehículos, aviones y equipos militares. Nadie, en ninguno de los dos lados del telón de acero, se engañaba sin embargo ante la posibilidad de que cualquier intento de cruzar la brecha de Fulda, ya fuese en un sentido o el otro, habría desencadenado una guerra nuclear —por “limitada” que se imaginase—, ni los Estados Unidos ni la URSS.

József Böröcz ha escrito “desde la perspectiva de los legados reales de la historia colonial, la UE no es sino una asociación metacolonial de antiguas potencias coloniales”

Con todo y con ello, incluso si se acepta este planteamiento es claro que los intereses en materia de defensa y seguridad de los estados miembro de la UE difieren. El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, quien lleva intentando mantener el equilibrio desde hace semanas, lo expresó con tacto en una rueda de prensa el pasado 13 de marzo: “Para cualquiera de las sociedades del este o nórdicas o bálticas en nuestro continente, la amenaza [exige] de una respuesta donde la disuasión descansa sobre todo en la inversión en defensa. Pero en el caso de España no es así. La amenaza nuestra no es una Rusia que lleve sus tropas por los Pirineos, a la Península Ibérica. [...] Las amenazas que tiene España, como el sur de Europa, son con matices diferentes a las que tiene el este de Europa. Tienen que ver, como he dicho antes, con los ciberataques o los ataques híbridos. Tiene que ver con la lucha contra el terrorismo, tiene que ver con la Protección Civil y la amenaza cierta y real del impacto que tiene la emergencia climática en el Mediterráneo y, por tanto, en la Península Ibérica”.

Así las cosas, rearme ¿contra quién? ¿Y para defender qué proyecto europeo?

L'impérialisme, c'est les autres

Es cuanto menos chocante que en el discurso público, pero más aún entre los especialistas que desfilan estos días por los medios de comunicación, se hable desde el retorno a la Casa Blanca de Donald Trump tanto de imperialismo estadounidense y, desde algo más atrás, de imperialismo ruso, y se excluya no obstante la posibilidad misma de que las elites que han dado a la Unión Europea su estructura y orientación actuales puedan tener aspiraciones en el fondo no muy diferentes. No conviene olvidar, como ha señalado el sociólogo húngaro-estadounidense József Böröcz, que cinco de los seis miembros fundadores de la UE (Bélgica, Francia, Alemania, Italia y Holanda) eran poderes coloniales en el momento mismo, o apenas unos años antes, de la fundación del bloque. “Dicho de otra forma”, ha escrito este autor, “desde la perspectiva de los legados reales de la historia colonial, la UE no es sino una asociación metacolonial de antiguas potencias coloniales”, que ha ejercido su poder en otros estados hasta ahora a través de cadenas de imposición, “acuerdos de autoridad siempre jerárquicos y casi siempre asimétricos en los que la parte subordinada ejecuta la producción legal de la parte superior.” “En el vínculo de las prácticas contemporáneas de la UE con los legados imperiales”, explica Börocz, “resulta importante recordar que las disposiciones ejecutivas asimétricas internas y externas que he llamado cadenas de imposición son una característica clave del quehacer de los imperios continuos a lo largo de la historia.”

El presidente de la Comisión Europea entre 2004 y 2014, José Manuel Durão Barroso, afirmó en una rueda de prensa el 10 de julio de 2007 que le gustaba “comparar a la Unión Europea, como creación, a la organización de imperios”: “Tenemos la dimensión de un imperio, pero hay una enorme diferencia”, continuó Barroso, “los imperios tenían un centro que imponía un diktat, su voluntad sobre los demás”, mientras que “lo que nosotros tenemos ahora es el primer imperio no imperial.” En el año 2012 el político belga Guy Verhofstadt y el franco-alemán Daniel Cohn-Bendit, eurodiputados liberal y verde respectivamente, publicaron un diálogo en un volumen titulado ¡Por Europa! en el que el primero explicaba que hoy “el mundo se organiza en polos que podemos describir como imperios, con toda la precaución que esta palabra implica: Estados Unidos, China o India son imperios, no estados nacionales”. Cuando se le objetaba que la UE no es un imperio, Verhofstadt respondía: “¡Ése es el problema! Europa tiene que ser un ‘imperio’, en el buen sentido de la palabra.”

Trece años después de la publicación de aquel libro, Verhofstadt y Cohn-Bendit seguramente pueden darse por satisfechos ahora que la Comisión Europea ha decidido que la UE ha de ser “un imperio en el buen sentido de la palabra” y dotarse de un programa militar en consonancia. Porque la dimensión geopolítica del bloque que precede a este programa de rearme se remonta en realidad varios años, y, como han denunciado Ainhora Ruiz, Bram Vranken, Francesco Vignarca, Jordi Calvo, Laëtitia Sédou y Wendela de Vries en un informe de 2011 —recientemente actualizado— para la Fundación Rosa Luxemburg, elaborado en colaboración con la Red Europea Contra el Comercio de Armas (ENAAT), es anterior tanto a la victoria de Trump en las elecciones presidenciales estadounidenses de 2024 como a la invasión rusa de Ucrania en 2022, e incluso al Brexit en 2016 y a la adhesión de Crimea a Rusia en 2014, aunque todos estos hechos hayan servido a la vez como justificación y acelerador del proceso.

Chicas, cheeseburguers, y soles negros: militarizar la adolescencia en Ucrania

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Opinión

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Para militarizar a una generación que hasta hace pocos crecía aspirando a becas, trabajos de oficina o empleos de cuello azul, es necesario mucho más que ofrecer el ejército como una salida laboral: hay que cambiar su concepto del mundo.

El año que marcó un punto de inflexión en este “despertar geopolítico” fue 2006. Aquel año se inició con una disputa gasística entre Rusia y Ucrania. La compañía rusa Gazprom acusó a la ucraniana Naftogaz de desviar una parte del suministro destinado a Europa para el consumo doméstico, algo que esta última acabó admitiendo el 24 de enero al añadir que, a pesar de ello, podía seguir cumpliendo con sus obligaciones contractuales. Como consecuencia de la disputa, el suministro de gas ruso cayó de manera pronunciada en Hungría (-40%), Austria (-33%), Italia (-24%), Rumanía (-20%), Eslovaquia (-33%) y Eslovenia (-33%), entre otros. (En 2009 se produciría una nueva disputa gasística cuando Gazprom detuvo por 13 días el envío de gas natural a Naftogaz en base a la deuda que esta última había acumulado, afectando nuevamente al suministro de varios países europeos.) A finales de ese mismo año se intensificaron en Nigeria, uno de los principales productores mundiales de petróleo —que cuenta, obviamente, con varios países europeos entre sus compradores—, los ataques contra las plataformas petrolíferas y los secuestros a trabajadores occidentales en el Delta del Níger realizados por la guerrilla del Movimiento para la Emancipación del Delta del Níger (MEND). La guerrilla llevó a cabo estas acciones en protesta contra los abusos de las autoridades nigerianas y las empresas occidentales, así como contra los daños medioambientales a las comunidades locales causados por la extracción de crudo, y obligó a paralizar el 20% de la extracción de petróleo y alteró los planes del gobierno de duplicar su producción. Los sabotajes a los oleoductos son desde entonces frecuentes en el país: el último se produjo el pasado 18 de marzo.

Si el suministro energético forma parte de la seguridad, entonces su defensa, incluyendo con capacidades militares, es una consecuencia lógica

Al año siguiente, el Grupo Salafista para la Predicación y el Combate (GSPC) –que operaba en el Norte de África y más tarde pasó a ser conocido como Al Qaeda en el Magreb islámico– se fijó entre sus objetivos los trabajadores extranjeros en las compañías petrolíferas. En enero de 2013, un grupo de esta organización terrorista liderado por el yihadista argelino Mokhtar Belmokhtar tomó el control de la planta procesadora de gas de In Amenas –una operación conjunta de la argelina Sonatrach, la británica BP y la noruega Statoil de la que salía entonces el 10% del gas producido en Argelia–, secuestrando a 800 trabajadores para reclamar el fin de la Operación Serval –la intervención del ejército francés en el norte de Malí contra las milicias islamistas– y, según otras fuentes, también la liberación de 100 presos islamistas. La operación de rescate de las fuerzas armadas argelinas terminó con al menos 67 muertos: 37 trabajadores extranjeros, un guardia de seguridad argelino y 29 militantes islamistas. Unos meses después de la crisis de rehenes en In Amenas, en noviembre de 2013, un grupo de 50 activistas de la minoría amazigh ocuparon una planta de gas de la compañía italiana ENI en Libia y obligaron a los trabajadores a cerrar temporalmente el gasoducto, por el cual transitaba un 25% del gas consumido en Italia. Poco después, en febrero de 2014, un grupo armado de Yebel Nafusa –una región montañosa al oeste de Libia– saboteó el producto que transporta el petróleo del campo de El Shahara hasta Zauiya, donde se encuentra una de las refinerías más importantes del país.

Las consecuencias del cambio climático y el “reverdecer” de los combustibles fósiles por interés

Carlos Bajo Erro

Actualidad africana

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Los proyectos de explotación de gas y petróleo se disparan en África, venciendo las resistencias de la agenda medioambiental, ahora que Europa necesita esa energía.

Éstos son sólo algunos de ejemplos recientes de la dependencia energética de la UE. Según un informe de la Comisión Europea de febrero de 2025, el bloque depende de las importaciones para cubrir el 63% de su consumo energético e importa más de un 90% de su consumo de petróleo y gas: “Aparte de las consideraciones en materia de seguridad energética, la factura de la importación de energía fósil, que alcanzó los 427 mil millones de euros en 2023 (un 2,5% del PIB de la UE), es una carga significativa en la economía europea”, consigna el texto, que señala además que el crudo sigue siendo la principal importación (un 56% del total), seguido por el gas natural y el carbón. A pesar de los avances en la producción de energía a partir de fuentes renovables, que supuso un 37,7% en 2023, la UE sigue dependiendo de los combustibles fósiles, con el crudo y productos petrolíferos (37,7%) y el gas natural (20,4%) liderando la lista de fuentes del mix energético.

África, no Rusia

Si el suministro energético forma parte de la seguridad, entonces su defensa, incluyendo con capacidades militares, es una consecuencia lógica. Si, como escribía el economista alemán Elmar Altvater en El fin del capitalismo tal y como lo conocemos, la oferta “está limitada por la naturaleza, mientras aumenta la demanda por razones económicas, no puede formarse un precio de mercado equilibrado, por eso las conocidas regiones de extracción, sobre todo aquellas con grandes reservas, son de eminente importancia no sólo geoeconómica, sino sobre todo geoestratégica.” En un mundo de recursos naturales cada vez más escasos, las miradas se depositan en los depósitos todavía por explotar, la mayoría de los cuales se encuentra en países en vías de desarrollo y caracterizados por su inestabilidad política. Una parte importante de ellos se localiza en África, donde la Unión Europea no sólo compite con Rusia y China (y también Estados Unidos), sino que ha perdido como es sabido terreno frente a ellos. El caso más claro es el de Francia: desde hace tres años la antigua potencia colonial ha ido replegándose en África con la retirada de sus tropas de Mali (2022), Burkina Faso (2023), Níger (2023), el Chad (2025), Costa de Marfil (2025) y Senegal (2025).

Mali, por ejemplo, abrió en 2022 su primera mina de litio —un material clave para la producción de baterías de los automóviles eléctricos, cuya extracción ya es fuertemente contestada en América Latina—, cuya propiedad se reparten una empresa china y otra australiana al 50%. En el caso de Níger, como recordaba en febrero Euractiv, el gobierno quiere recuperar el control de sus recursos minerales, en particular el uranio. Una cuarta parte del uranio del que se proveen las centrales nucleares europeas procedió en 2022 de Níger, el tercer país del que se importó este recurso por detrás de Kazajistán y Canadá. La principal empresa encargada de su extracción es la Société des Mines d’Azelik (SOMINA), una sociedad china de la que participa el estado nigerino. Además de en Beijing, Niamey también ha buscado nuevos aliados internacionales en Rusia –no sólo a través de acuerdos políticos y económicos, sino con la presencia de contratistas militares como Wagner PMC o Africa Corps que acompañan e instruyen a sus fuerzas armadas– y en Irán –una asociación que podría traducirse en el envío de uranio para el programa nuclear iraní a cambio de asistencia técnica, militar y económica–, como lo han hecho también Mali (exportador de oro, algodón y litio), Burkina Faso (exportador de oro y algodón) y la República Central Africana (exportador de café, algodón, madera y diamantes).

Al norte, la estabilidad de Libia o Túnez, o las tensiones entre Marruecos y Argelia constituyen otros tantos motivos de preocupación. El 24 de agosto de 2021 Argel cesó las relaciones diplomáticas con Rabat después de acusar a Marruecos de apoyar al Movimiento para la Autodeterminación de Cabilia –una maniobra interesada y nada altruista que responde al histórico apoyo de Argelia a la República Árabe Saharaui Democrática (RASD)– y en marzo de 2023 el presidente argelino Abdelmadjid Tebboune llegó a declarar que las relaciones bilaterales habían alcanzado “un punto de no retorno”. Las alianzas internacionales hacen el resto: Marruecos pasó a entrar en el año 2004 en la categoría de “aliado importante” de la OTAN y es el mayor comprador de armamento estadounidense en África, mientras Argelia ha estrechado con Moscú sus lazos diplomáticos y Rusia y China son sus mayores proveedores de material militar. Asimismo, las rusas Gazprom, Rosneft, Tatneft, y Lukoil operan en Argelia –también en Libia y Egipto– y ayudan a desarrollar su sector energético. Los incidentes entre Marruecos y España en las últimas dos décadas –en 2002, en 2007 y en 2011– no son ninguna rareza y en el último Rabat no hizo ningún amago a la hora de emplear el flujo migratorio como instrumento de presión, una acusación frecuente realizada contra Rusia.

Cuando se menciona por tanto la necesidad de crear un ejército europeo, cuando se habla de aumentar las capacidades de defensa europeas, quizá lo que acabemos viendo sea más bien una fuerza de intervención rápida europea para actuar ante la eventualidad de un fracaso de las cadenas de imposición restantes en África (siendo la iniciativa Global Gateway la más conocida de las mismas) y si se producen riesgos de seguridad en las rutas de transporte y en las cadenas de producción de su esfera de influencia más inmediata, de manera no muy diferente a lo que fueron las expediciones coloniales y punitivas del siglo XIX, pues si la UE ha de librar un conflicto con Rusia o China, no sería convencional y en teatro europeo, sino con más seguridad en África, donde se desplazarán con toda probabilidad gradualmente buena parte de las contradicciones del sistema. Como ha escrito Branko Milanovic en su reciente reseña de Le Monde Confisqué de Arnaud Orain, “el auge de China, el nuevo y gran actor en la escena internacional, con un sistema político diferente al occidental, es un desafío occidental”. “Occidente se ha dado cuenta de que mantener la globalización neoliberal en marcha como hasta ahora”, seguía Milanovic, “significa, eventualmente, una dominación segura de China”, por lo que “la percepción de un declive occidental (si nada cambiaba) ha llevado a Occidente a una postura más radical y beligerante en la que el mundo es visto como finito porque ‘si hay más para China, entonces hay menos para nosotros.” (En un artículo publicado en diciembre de 2020 por Josep Borrell, a la sazón Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, sobre el hoy tan citado concepto de “autonomía estratégica”, “China” aparece significativamente citada en cuatro ocasiones y “Rusia” sólo en una). Un aumento de las capacidades de defensa es, también, una invitación a que hayan más “guerras preventivas” si los adversarios declarados perciben estas medidas como una amenaza potencial y consideran que la ventana de oportunidad para evitarla todavía no se ha cerrado. En otras palabras, una espiral de escalada armamentista y nuevas Ucranias en la periferia.

La respuesta de EEUU ha sido el trumpismo, la de la UE está tomando ahora mismo cuerpo. No es que las elites europeas, y principalmente las alemanas, no hablasen de todo ello sin demasiados tapujos y desde hace años. El socialdemócrata Peter Struck, ministro de Defensa alemán (2002-2005), se hizo famoso al asegurar que Alemania también se defendía en el Hindu Kush, por ejemplo, pero nadie se ha expresado en este punto con más claridad que el ex-presidente alemán Horst Köhler, quien, en una entrevista con Deutschlandradio en mayo de 2010 declaró que “un país de nuestro tamaño y con nuestra orientación al comercio exterior, y por ello también con una dependencia del comercio exterior, debe saber también que, en caso de duda, de necesidad, también es necesaria una intervención militar para proteger nuestros intereses, por ejemplo, la libertad de las vías de comercio, por ejemplo, para evitar inestabilidades regionales, que tienen un impacto negativo en nuestras oportunidades comerciales, en los puestos de trabajo y en los salarios.” En esa misma entrevista Köhler mantenía que “todo esto debe ser debatido y creo que no nos encontramos en el mal camino […] Habrá de nuevo casos mortales, no sólo entre soldados, posiblemente a través de accidentes entres los ayudantes civiles a la construcción. […] También en última instancia debe pagarse este precio, por así decirlo, para garantizar los intereses.”

De la “Europa social” a la “bélica”

Todo ello, ¿para defender qué proyecto europeo? Desde algunos medios de comunicación y partidos políticos —también algunos putativamente de izquierdas— se ha sostenido que con el rearme se trataría de defender la prosperidad y el estado del bienestar —¡e incluso de aumentarlos!— de Europa, como si dichas conquistas sociales y democráticas hubiesen sido responsabilidad de “Europa” y no de luchas y movimientos sociales organizados. Es más, conviene apuntar de inmediato que la UE obstaculiza como es sabido en no poca medida algunas de esas propuestas de progreso social. En 2015 la entonces comisaria de Competencia, Margrete Verstager, aclaraba en respuesta a una pregunta parlamentaria que, aunque la legislación de la UE no prohíbe expresamente la nacionalización de empresas, sí que contiene artículos a tener en cuenta, en concreto, el artículo 107.1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), repetidamente denunciado por numerosos partidos de izquierdas y sindicatos desde hace años.

Es significativo que Jürgen Habermas, quien en 2012 firmó un artículo en el Frankfurter Allgemeine Zeitung con Julian Nida Rümelin en el que reclamaba a los estados europeos ceder más soberanía a Bruselas para facilitar una “Europa social” si “aún quieren influir en la agenda internacional y la solución de los problemas globales”, ahora vuelva a la carga para facilitar la “Europa bélica” con otro artículo en el que pide “una fuerza militar disuasoria común”. Habermas insiste, una vez más, en el lugar común de la pérdida de relevancia de Europa en el orden internacional: “Los países miembros de la Unión Europea deben reforzar y unir sus fuerzas militares, porque de lo contrario dejarán de contar políticamente en un mundo en proceso de cambio geopolítico y en desintegración”, escribe, “solo siendo una Unión con capacidad de actuación política autónoma los países europeos podrán hacer valer de forma efectiva su peso económico global común en defensa de sus convicciones normativas y de sus intereses.” Es, cuanto menos, curioso que se repitan desde las tribunas mediáticas las denuncias contra el discurso de la derecha estadounidense de declive y renacimiento frente a las economías emergentes mientras al mismo tiempo Bruselas promueve, a través de sus intelectuales afines, otro basado casi idénticamente en los mismos temas.

Estas empresas imperialistas pueden, en efecto, llegar beneficiar a unas capas de la población trabajadora, y así ha ocurrido en el pasado, pero conviene apresurarse a añadir que será indefectiblemente en detrimento de la mayoría, material y espiritualmente (contribuyendo, por ejemplo, a la desmoralización de las izquierdas). No poca tinta se derramó el siglo pasado analizando el surgimiento de un estrato de las clases trabajadoras que, gracias al reparto de los beneficios obtenidos de la explotación colonial, veía mejorar sus condiciones en la metrópolis y se convertía, de este modo, en una suerte de “aristocracia obrera”. Ésta tenía, además, una función disciplinaria, ya que se encargaba de justificar el colonialismo ante el resto de los trabajadores y se convertía, así, a todos los efectos en un vehículo ideológico de la burguesía industrial, enfriando los ánimos de protesta de los trabajadores. Incluso antes de que Lenin teorizase sobre ello, el viejo Friedrich Engels, en una carta a Karl Kautsky fechada el 12 de septiembre de 1882, lamentaba cómo, ante la ausencia de un partido obrero organizado, “los obreros compartían alegremente el festín del monopolio de Inglaterra del mercado mundial y las colonias”. Sea como fuere, en las condiciones actuales, y con la correlación de fuerzas social y en los parlamentos presente, esta defensa de “la prosperidad y el estado del bienestar” en la UE apoyada en el programa de rearme corre todo el riesgo de degenerar rápidamente en lo que Miguel Urbán ha denominado “un chovinismo del bienestar” elevado a un plano europeo —“nuestra” prosperidad y “nuestro” estado del bienestar frente a otros modelos “extranjeros” que no se corresponden a “nuestra” identidad y a “nuestra” historia—, favoreciendo, en el fondo, a las formaciones de extrema derecha, en su discurso y en su oposición doble a los inmigrantes y a las clases trabajadoras más pauperizadas que, a su entender, parasitan el modelo actual. Contra este tipo de ilusiones advertía Zinóviev en 1916: “Los 'aristócratas del trabajo' siguen siendo esclavos asalariados después de todo; temporalmente pueden disfrutar de ciertas ventajas, ciertamente, pero socavan con ello su propia posición y vulneran la unidad de la clase trabajadora”.