Opinión
La colaboración con Israel al banquillo: Nicaragua demanda a Alemania

La colaboración occidental con Israel se cobraba el pasado 1 de marzo su primera víctima con la demanda que Nicaragua ha interpuesto ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) contra Alemania. No obstante, pese a la sorpresa inicial, este movimiento de Daniel Ortega no es del todo inesperado, pues desde hace varios meses el Estado centroamericano ha querido contar con un papel casi protagonista en la judicialización internacional de las acciones de Israel.

De hecho, el 1 de febrero, mediante una nota de prensa, Nicaragua instaba a Reino Unido, Alemania, Países Bajos y Canadá “a detener de inmediato el suministro de armas, municiones, tecnología y/o componentes a Israel”; en caso contrario, anunciaba futuras acciones ante los tribunales internacionales. Dicho y hecho: un mes después Nicaragua cumplía su “amenaza” y lo ha hecho precisamente contra el Estado cuyas acciones motivarían la adopción de uno de los tratados internacionales que ahora se le acusa de incumplir: la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio.

Pero ¿qué es concretamente lo que alega Managua? Lo primero, hay que enfatizar que en ningún caso se trata de una demanda basada en una supuesta participación militar de Alemania en Gaza, sino más bien en que, precisamente, su colaboración con el Gobierno israelí está recrudeciendo y alargando el sufrimiento de la población civil palestina. Por otro lado, Nicaragua alude a ciertas disposiciones de Derecho Internacional (y a la propia jurisprudencia de la CIJ) que prohíben a los Estados colaborar de cualquier forma con quienes cometen actos que, en su caso, pudieran derivar en la comisión de graves violaciones de derechos humanos.

Así como un Estado no puede invadir el territorio de otro, ninguno puede reconocer como lícita una situación creada por una violación grave del Derecho Internacional o haber colaborado con él para hacerlo

En lo concreto, Nicaragua afirma que Alemania, mediante su colaboración “política, financiera y económica” con Israel, estaría violando la obligación de prevenir la comisión de genocidio (concretamente, la obligación de ayudar y asistir a las víctimas de cara a no agravar su situación), la obligación de cooperar con quién perpetúa un sistema de discriminación racial, segregación y apartheid y la obligación de no ayudar o asistir a quién viola el Derecho Internacional Humanitario, o lo que es lo mismo, a no colaborar en el quebrantamiento de las normas que se aplican en tiempos de conflictos armados; aquellas que, por ejemplo, protegen a la población civil durante un guerra.

Estas acusaciones de Nicaragua plantean varios debates sumamente interesantes para el contexto actual. Centrémonos en dos.

1) La violación de la normativa internacional tiene consecuencias. Y esta es una gran noticia. Seguramente, todavía sea muy temprano para conocer el recorrido que tenga esta demanda (ya veremos cómo la CIJ se posiciona en cuanto a su competencia), sin embargo, la repercusión es tremenda a la vista de qué es lo que está alegando Nicaragua. La razón de ser del Derecho Internacional gira alrededor del mantenimiento pacífico de las relaciones entre los Estados y, concretamente, el conjunto de la normativa que regula la responsabilidad internacional (es decir, cuáles son las consecuencias de saltarse una norma internacional) refuerza esta idea. Así como un Estado no puede invadir el territorio de otro, ninguno puede reconocer como lícita una situación creada por una violación grave del Derecho Internacional o haber colaborado con él para hacerlo. No únicamente se persigue la violación del Derecho Internacional, sino también a aquellos que la patrocinan, la reconocen o la amparan. Esto último también contraviene las normas internacionales y tiene consecuencias jurídicas. En lo concreto, Nicaragua alega que “al enviar equipamiento militar y dejando de financiar a la UNRWA [la agencia de Naciones Unidas que gestiona con los campos de refugiados palestinos], que proporciona un apoyo esencial a la población civil, Alemania está facilitando la comisión de genocidio y, en cualquier caso, ha incumplido su obligación de hacer todo lo posible para evitar su comisión”.

Nicaragua pone en el punto de mira una derivada de las violaciones al Derecho Internacional perpetradas por Israel: el apoyo internacional que recibe

2) Aviso a navegantes. Las acciones que Nicaragua señala como violaciones del Derecho Internacional no son exclusivas de Alemania. Siguiendo lo anterior, son varios los Estados que cortaron su financiación a la UNRWA tras la acusación (aún sin pruebas) de que una docena de sus trabajadores (de 30.000 que componen su plantilla) había participado en los atentados de Hamás del 7 de octubre. Así lo hicieron Canadá, Reino Unido, Australia, Finlandia, Países Bajos, Austria, Alemania, Italia, Francia, Suiza, Rumanía, Estonia, Letonia, Lituania y Japón. Evidentemente, dejar de financiar a una agencia de Naciones Unidas no supone un reproche jurídico en sí, sin embargo, esta alegación de Nicaragua se inserta dentro de todo un conjunto de comportamientos que puede ser imputable a más de un Estado occidental. Una acusación que puede resumirse en que mientras todos (incluidos el Gobierno alemán) comprobábamos en directo las consecuencias de las acciones de Israel, el apoyo financiero y militar de Alemania no decaía. O, dicho de otro modo: sabiendo perfectamente cuál iba a ser el uso que Israel le iba a dar al material y a los fondos recibidos, Alemania seguía enviándoselos, a la vez que sí cortaba su aportación a la única agencia que ayuda directamente a la población civil palestina.

En definitiva, Nicaragua pone en el punto de mira una derivada de las violaciones al Derecho Internacional perpetradas por Israel: el apoyo internacional que recibe. Un apoyo internacional que lleva estando en entredicho entre la sociedad civil desde prácticamente el primer momento y que ahora salta a los tribunales. Más allá del debate jurídico que plantea, la posición que mantengan los Estados con respecto a esta demanda será interesante de cara a comprobar cómo siguen justificando lo que para muchos es injustificable a todos los niveles. Y a nivel jurídico, solo una pregunta: ¿cómo calificarán, en base a estas acusaciones, su apoyo a Israel, sabiendo que ya hay quién lo traduce como una violación grave de normas de Derecho Internacional?

Nicaragua les ha puesto el balón en su tejado. Les toca responder.