Opinión
Cuando los trabajadores son salvaguarda de sus empresas y del derecho internacional

Se han producido recientemente declaraciones de trabajadores, por boca de sus comités de empresa, contrarias a las decisiones de sus gerencias o Consejos de Administración que afectaban a la comercialización de los productos que fabrican. Han llegado a reclamar incluso —contra sus intereses a corto plazo— que no se realizasen determinados pedidos, por razones éticas y, también, para salvaguardar un futuro laboral en esas mismas empresas, porque entienden que se está poniendo en peligro la viabilidad de esas mismas compañías. Es lo que hemos visto en Sidenor.

Hay un párrafo importante en el escrito de actuaciones del Juzgado número 1 de la Audiencia Nacional del 24 de octubre de este año, referente a Sidenor.

En él se recoge el carácter de investigados de varios directivos de la empresa, del presidente y otros dos directivos, por delitos de contrabando y de participación por complicidad en un delito de lesa humanidad o, alternativamente, de complicidad en un delito de genocidio, por la venta de cientos de toneladas de acero fabricados por esta empresa a  la compañía Israel Military Industries (IMSI), con pleno conocimiento de que se trata de un fabricante de armas, tanto pesadas como ligeras, y de que el material vendido iba a ser utilizado para la fabricación de armamento.

Pero, además, hay una parte relevante relativa a la actitud de los trabajadores ante estos hechos y a las consecuencias jurídicas de la misma.

Nos referimos a que se afirma que no procede, por el momento, considerar como persona jurídica investigada a la sociedad mercantil Sidenor Aceros Especiales SLU, dado el papel activo de los trabajadores de esta empresa y su contribución a la denuncia pública, así como a impedir la continuación de la actividad presuntamente delictiva.

Es relevante para los trabajadores y su seguridad laboral su papel a la hora de denunciar a empresas y directivos que realizan malas prácticas y vulneraciones del Derecho internacional

Los trabajadores han tenido un papel activo, han sido informantes o han alertado de los hechos que se investigan. Y eso, según el juez, conduce a que, de momento, no se considere a Sidenor persona jurídica investigada, y a que no vaya a quedar afectada por las medidas cautelares ni tampoco por las eventuales penas que pudieran imponerse a las personas jurídicas.

Otro ejemplo de lo anterior se produce en el caso de CAF, la empresa que en consorcio con la empresa israelí Shapir gestiona, construye o amplía líneas de tren ligero entre la ciudad ocupada de Jerusalén y las colonias próximas, en el Gran Jerusalén, en terrenos previamente expropiados, con expulsión de su población palestina, y que contribuyen a la expansión de los asentamientos ilegales en la Cisjordania ocupada. Los trabajadores de CAF manifestaron y han reiterado su rechazo a que su gerencia participase, primero, en la licitación del proyecto y se embarcase, después, en la realización de dicho proyecto. 

Los trabajadores no han conseguido que su gerencia y ni su Consejo de Administración cambien de actitud y dejen de lucrarse con la colonización de Territorio Palestino. Eso sí, los rectores de CAF han logrado este año que CAF haya pasado a formar parte de la lista de empresas que las Naciones Unidas, así como diferentes ONGs internacionales, como Amnistía Internacional, o Who Profits, consideramos entre las más implicadas en la economía de la ocupación y el genocidio del pueblo palestino. Y esa significación ya va siendo conocida y compartida entre quienes organizan concursos ferroviarios. O concursos de autobuses, pues CAF ha vendido sus vehículos Solaris para líneas regulares israelíes Egged que operan en las colonias de los Territorios Ocupados.

En las empresas, los directivos y el Consejo de Administración tienen, frecuentemente, una visión a corto plazo de sus decisiones. El crecimiento de las ventas o de los pedidos y sus resultados a corto marcan su remuneración y sus bonus. Respecto a estos últimos, deberían tener una liquidación más tardía, sujeta al respeto de las normas y buenas prácticas, comprobables en un periodo posterior. También los accionistas tienen, de modo mayoritario, esta visión a corto plazo y no ponen reparos a los dividendos en breve espacio de tiempo ni a cómo se han originado.

De ahí la importancia y —hasta ahora, por desgracia, la complicidad— de organismos reguladores, de auditores o entidades de sellos de sostenibilidad que deberían establecer salvaguardas y poner reparos a las malas prácticas y cortoplacistas de las empresas, tanto más si afectan a poblaciones ocupadas por una potencia colonial. Lo mismo vale para la existencia de normas que respondan al cumplimiento del Derecho internacional, evitando las lagunas legales en las que se escudan, hasta hoy, arguyendo que no están obligadas a cumplirlas o que el Derecho internacional sólo afecta a los Estados.

La Resolución de la Corte Internacional de Justicia de 19 de julio de 2024 y el Real Decreto Ley, ya vigente, y con posibles enmiendas, de medidas urgentes contra el genocidio en Gaza y de apoyo a la población palestina van a ser instrumentos, junto con las ya existentes, para perseguir a los directivos, personas físicas, y a las empresas, personas jurídicas.

No decimos nada nuevo. Ya en los juicios de Nuremberg se sentaron en el banquillo ejecutivos y empresas.

Por eso se vuelve tan relevante para los trabajadores y su seguridad laboral su papel a la hora de denunciar a empresas y directivos que realizan malas prácticas y vulneraciones del Derecho internacional, favorecidas por la colusión de reguladores, premiadas por sus pares empresariales o administraciones de puertas giratorias y avariciosos accionistas y directivos.