Análisis
Por qué es importante ordenar la energía solar y eólica: algunas ideas para un nuevo gobierno de Andalucía

Aunque hay sectores que, en línea con la extrema derecha, niegan la existencia de la emergencia climática, una parte muy importante de la sociedad andaluza la reconoce como una prioridad. Y no es sólo porque seamos un pueblo concienciado con los problemas ambientales, sino también porque somos conscientes de los efectos (todavía peores que en otras zonas del planeta) que está teniendo y va a tener la emergencia climática en Andalucía, incluyendo un incremento de las temperaturas medias y extremas, la disminución de las precipitaciones medias y por lo tanto del agua disponible, y finalmente el aumento de fenómenos climáticos extremos como las sequías y las inundaciones entre otros.

Asimismo, la alta dependencia de Andalucía respecto a la importación de combustibles fósiles, determina que seamos muy vulnerables a los crecientes problemas de abastecimiento generados por las tensiones geopolíticas vinculadas al acaparamiento de recursos cada vez más escasos, incluyendo tanto la guerra por la invasión rusa de Ucrania y las agresiones de EE.UU. y sus socios a países como Irán, Venezuela, Nigeria, Sudán, etc.

Acabar con los combustibles fósiles

Evidentemente, Andalucía debe apostar por acabar con los combustibles fósiles y evitar cualquier aventura nuclear altamente peligrosa. Además, los niveles de soleamiento y los regímenes de viento de nuestros territorios son idóneos para desplegar energías renovables tanto eléctricas como no eléctricas que podrían favorecer la soberanía energética de Andalucía a través de sistemas descentralizados de bajo impacto.

Sin embargo, actualmente el despliegue de la energía solar y eólica sigue el patrón típico de los procesos de desarrollo en Andalucía: producción de recursos que son exportados, generando importantes impactos en nuestros territorios, acentuando las desigualdades y favoreciendo el enriquecimiento de unos pocos grandes capitales generalmente foráneos.

Uno de los problemas y de las razones del despliegue de estos megaproyectos en Andalucía está relacionado con la baja densidad energética de las infraestructuras eólicas y fotovoltaicas que utilizan una media de 2,2 hectáreas para producir 1 MW en solar fotovoltaica y unas 32 hectáreas por MW en eólica según datos del Miteco (Delgado, 2021).

Atendiendo a los datos de distribución territorial de las centrales solares fotovoltaicas en Andalucía generados en el proyecto MAPER@I (Mapa de potencialidad de Energías Renovables en Andalucía) nos encontramos que, en 2022, fecha de la última ortografía aérea disponible, estas instalaciones se ubicaban en 232 de los 785 municipios andaluces. De ellos, 125 tienen menos de 5000 habitantes, por su parte 35 municipios tienen entre 5000 y 10.000 habitantes, mientras 156 tienen un consumo eléctrico municipal por habitante menor a la media regional y 48 consumen de media la mitad de la media regional (en 2022 fue de 3,9 MWh).

Son destacables los casos de municipios como Alcalá de Guadaira en la campiña sevillana, con un 4,4 % de su superficie ocupada por este tipo de instalaciones y Turrillas en el desierto de Tabernas (Almería) con el 4,1% de su territorio ocupado por las mismas.

No obstante, los datos en la actualidad son aún mayores. Según publicaba la Consejería de Industria, Energía y Minas en marzo de 2026, basándose en datos de Red Eléctrica (REE) Andalucía es la región que más potencia renovable ha aportado al conjunto del estado español en los últimos tres años. La nueva potencia se ha concentrado en su gran mayoría en la tecnología solar fotovoltaica, que ha batido su récord histórico al instalar 2.842 nuevos megavatios en el último año. Andalucía cuenta así con 11.696 MW fotovoltaicos en funcionamiento, el 67,4% de la capacidad total renovable de la región. De estos megavatios, sólo el 16,4% (esto es, 1.922 MW) corresponderían a autoconsumo, con más de 197.800 instalaciones.

Este crecimiento acelerado se ha producido al amparo de la Ley 7/2021 de impulso para la sostenibilidad del territorio. Esta ley conocida como LISTA, apuesta por un modelo de ordenación territorial en el que las instalaciones de energías renovables pueden considerarse actuaciones ordinarias en el suelo rústico común -no especialmente protegido-.

De este modo los megaproyectos de energía solar y eólica menores de 150 has podrían asimilarse a otras actuaciones típicas del medio rural eliminando por tanto las limitaciones que podrían tener si fueran considerados como usos industriales o actuaciones excepcionales atendiendo a las transformaciones que generan en los territorios donde se instalan. Desde el punto de vista procedimental, esta transformación implica una simplificación relevante, ya que las actuaciones ordinarias se someten con carácter general a licencia urbanística municipal, o, en su caso, a declaración responsable, sin necesidad de recurrir a instrumentos excepcionales como los previstos en el régimen anterior, aunque siguen requiriendo las autorizaciones sectoriales y ambientales correspondientes.

Por otro lado, los documentos de revisión del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (2024), plantea la necesidad de definir sobre qué tipos de suelos deben localizarse preferentemente las instalaciones de energías renovables, planteamiento que implica un proceso de territorialización de la política energética, es decir, la incorporación de criterios espaciales explícitos para orientar la localización de infraestructuras energéticas en función de las características del territorio, la disponibilidad de recursos y la capacidad de acogida de los distintos espacios, configurando un sistema de regulación preventiva mientras se desarrollan las futuras áreas de aceleración energética.

Otros pactos entre PP y VOX no han supuesto una paralización efectiva de la ocupación de suelos agrarios pero sí una apuesta clara por los combustibles fósiles fomentando el vehículo privado, y por la energía nuclear.

Entre estos criterios destacan la consideración de los niveles de saturación energética del territorio y el establecimiento de distancias mínimas respecto a núcleos residenciales y bienes culturales. También recomienda no afectar a suelos en los que la implantación de las instalaciones conlleve la sustitución de cultivos pertenecientes a DOP- Denominación de Origen Protegida-, IGP - Indicación Geográfica Protegida-, ETG - Especialidad Tradicional Garantizada, Producción Ecológica y Producción Integrada, entre otras.

Aunque los documentos actuales de la revisión del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía no suponen necesariamente una limitación de la expansión descontrolada de megaproyectos, sí que parecen una base para frenar el desgobierno territorial y la saturación de megaproyectos al tiempo que podría ser útil para apoyar otras formas más sostenibles de producción de energía solar y eólica. Sin embargo, el escenario político no es demasiado halagüeño dado que la conocida posición a favor de los megaproyectos del PP de Juan Manuel Moreno Bonilla no garantiza la aprobación y ejecución de estas medidas del plan una vez celebradas las elecciones de este 17 de Mayo de 2026.

Las derechas apuestan por combustibles fósiles

Además, un posible pacto con VOX como ya han plasmado en otras ocasiones, podría incluir en el papel una supuesta paralización de proyectos eólicos y fotovoltaicos sobre suelos agrarios, acompañada del abandono completo de las formas sostenibles de producción de energía en favor de los combustibles fósiles y eventualmente de la energía nuclear.

No queremos dejar de señalar que la transición hacia un modelo de generación distribuida de energía pasa necesariamente por promover el desarrollo de energías renovables en aquellos espacios donde se concentra la mayor parte del consumo energético

Sin embargo, experiencias previas de otros pactos entre PP y VOX no han supuesto una paralización efectiva de la ocupación de suelos agrarios pero sí una apuesta clara por los combustibles fósiles fomentando el vehículo privado, y por la energía nuclear, incluyendo por ejemplo su apoyo a que la central nuclear de Almaraz en Extremadura no sea cerrada en 2027 como está previsto.

En las antípodas de estas propuestas, tanto PSOE, como Por Andalucía y Adelante Andalucía incluyen en sus programas para las elecciones andaluzas de 2026 la necesidad de una ordenación territorial de las energías renovables y el apoyo a formas sostenibles de producción energética distribuidas por el territorio y para la población andaluza.

Por último, no queremos dejar de señalar que la transición hacia un modelo de generación distribuida de energía pasa necesariamente por promover el desarrollo de energías renovables en aquellos espacios donde se concentra la mayor parte del consumo energético, siendo las ciudades los territorios clave para ello. En este contexto, el impulso del autoconsumo, las comunidades energéticas y la rehabilitación energética del parque edificado adquieren una importancia estratégica no sólo desde el punto de vista ambiental, sino también social y territorial.

Sin embargo, esta transformación no está exenta de riesgos. La mejora de la eficiencia energética y la promoción de energías renovables intraurbanas pueden convertirse en una nueva frontera de desigualdad si su acceso queda limitado a los sectores sociales con mayor capacidad económica, dejando fuera a los barrios vulnerables y a la población con menos recursos. De este modo, existe el peligro de que la llamada transición energética refuerce procesos de segregación residencial, incremento del valor inmobiliario, gentrificación y expulsión social, consolidando una ciudad dual entre quienes pueden acceder a viviendas energéticamente eficientes y quienes continúan atrapadas en situaciones de pobreza energética y deterioro urbano.

Por ello, resulta imprescindible desarrollar políticas públicas que eliminen las barreras financieras, administrativas y legales existentes, facilitando mecanismos de financiación accesibles, ayudas directas, modelos cooperativos y fórmulas de gestión colectiva que permitan democratizar el acceso a la energía renovable. Sólo así la transición energética podrá actuar como una herramienta de cohesión social y reequilibrio intraurbano, contribuyendo simultáneamente a la descarbonización y a la reducción de las desigualdades territoriales.