Análisis
Los fantasmas de 1964 atormentan a la democracia brasileña

El pasado día 19 de octubre la Policía Federal (PF) de Brasil desveló un plan preparado hace dos años para envenenar al presidente Lula da Silva y el vicepresidente Geraldo Alckmin, además de llevar a prisión y ejecutar al actual magistrado del Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, entonces presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE). Según el minucioso informe de 222 páginas, un grupo de militares pertenecientes al batallón de operaciones especiales del Ejército, conocido como los kids pretos, planeó el magnicidio para el 12 de diciembre de 2022, es decir poco antes de la fecha clave de la investidura del gobierno recién electo.

Bolsonaro es acusado por la policía del intento de asesinato de Lula da Silva para dar un golpe de Estado

Redacción El Salto

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Brasil Bolsonaro es acusado por la policía del intento de asesinato de Lula da Silva para dar un golpe de Estado

Redacción El Salto

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El expresidente tenía “pleno conocimiento”, según la policía brasileña, de un plan para asesinar a los elegidos por el pueblo para ser presidente y vicepresidente después de las elecciones de 2022.

Según la policía, el plan no se consumó por circunstancias ajenas a la voluntad de los presuntos autores, por lo que la trama fue mucho más allá de meros actos preparatorios para alcanzar el grado de tentativa. Dicho plan preveía la decapitación del gobierno electo y la consolidación del régimen autoritario con la creación de un gabinete de crisis comandado por los generales Augusto Heleno (jefe del Gabinete Seguridad del anterior gobierno) y Walter Braga Netto (candidato derrotado a vicepresidente). Frustrado aquel proyecto golpista, lo que sí ocurrió en ese día fueron actos vandálicos en la capital federal con quemas de autobuses y el intento de ocupación de la sede de la Policía Federal.

Los kids pretos son un cuerpo militar entrenado para actuar en misiones especiales de guerra irregular, terrorismo, guerrilla, insurrecciones y movimientos de resistencia. Nació en el período de la Guerra Fría como una agrupación del ejército, pero en 1983, en pleno proceso de transición hacia la democracia, fue institucionalizado con el objetivo de garantizar su permanencia dentro del nuevo orden democrático. No extraña que un plan ilegal nazca en el seno de esa siniestra facción de las Fuerzas Armadas del país, admirada por el ex presidente golpista Jair Bolsonaro, que en el pasado intentó, sin éxito, ingresar en sus filas. Al menos 26 kids pretos ocuparon cargos en el gobierno de Bolsonaro. Uno de los más destacados fue el ayudante de órdenes de la presidencia, el teniente-coronel Mauro Cid, un personaje conocido de la policía brasileña por, entre otros actos delictivos (como falsificar la cartilla de vacunación de su jefe), haber estado presente en la reunión entre el mandatario y la cúpula militar en la que se conspiró para anular las elecciones presidenciales del 2022.

Los agentes creen que el ex presidente Bolsonaro puede estar involucrado directamente en la trama criminal

Por el momento, de los 36 acusados la Policía Federal ya ha detenido a cinco personas, entre ellas el general de brigada Mario Fernandes, que fue secretario ejecutivo de la presidencia de la República. La propia policía no descarta nuevas detenciones de oficiales en el trascurso de las investigaciones. Los agentes creen también que el ex presidente puede estar involucrado directamente en la trama criminal. Los agentes suponen que la decisión de Bolsonaro de abandonar el país con destino a los EE UU en los últimos días de su gobierno, se debió a que tras fallar el plan de magnicidio decidió esperar en un lugar seguro el desarrollo de los siguientes actos golpistas que se celebrarían el 8 de enero, cuando una multitud rabiosa, apoyados por las Fuerzas Armadas y la policía de la capital, invadieron y depredaron las sedes de los tres poderes de Brasilia.

De las grabaciones interceptadas por la policía se deduce que los militares golpistas deseaban repetir en el 2022 el mismo modus operandi aplicado en el golpe de 1964, sin contemplaciones hacía cualquier probable resistencia popular. El golpe sería un proceso violento, una vez que los autores consideraban que era demasiado tarde para hacer las cosas de otra manera. El atrevimiento de los militares en sus objetivos sorprende, ya que a aquellas alturas podrían suponer que esta vez no contaban con el entusiasmo de la administración demócrata de los EE UU. Debido a circunstancias de política interna estadunidense el presidente Joe Biden se vería obligado a evitar brindar su apoyo a un grupo de radicales trumpistas tomando el poder en el mayor país de Sudamérica.

En Brasil, la certeza de la impunidad de los crímenes practicados por los militares se sostiene en la ley de amnistía de 1979 decretada por el último dictador, el general João Batista Figueredo que eximió de punibilidad a los asesinos y torturadores del período dictatorial. La política del perdón hecha a costa de los perseguidos por la barbarie autoritaria no sólo consolidó el pacto de silencio, sino que estableció la banalización de las violaciones de los derechos humanos realizados por la institución que goza de mayor privilegio e impunidad del país. Si por un lado las fuerzas armadas brasileñas disponen de un gigantesco presupuesto (previsto en 22.000 millones de euros para 2025), por el otro, en las actuales cuatro décadas de democracia, jamás asumieron de hecho la responsabilidad por los asesinatos, desapariciones y torturas cometidos por sus miembros en el período que comprendió de los años 1964 hasta 1985. Hasta la depuración de los anteriores comandantes de los tres ejércitos que se negaron a participar en la transmisión de cargo a los nombrados por el actual jefe del Estado, todavía se conmemoraba dentro de los cuarteles el 31 de marzo, fecha del golpe militar que depuso al entonces presidente legítimo João Goulart, cerró el parlamento y puso fin de las libertades públicas. Mas recientemente la caserna se resistió hasta el último momento a la publicación del informe de la Comisión Nacional de la Verdad sobre los crímenes de la dictadura, que finalmente salió a la luz en diciembre de 2014 durante el gobierno de Dilma Rousseff (una política torturada en los sótanos del régimen militar), casualmente apartada del cargo por un golpe parlamentario en 2016.

En Brasil, desgraciadamente, las Fuerzas Armadas no obedecen a la lógica de la defensa de la soberanía nacional y garantía de integridad de las fronteras territoriales

La delirante teoría sostenida por parte del generalato brasileño de que son un poder moderador, responsable de la tutela militar de la República, supuestamente tendría cabida en el art. 142 de la Constitución Federal. Por otro lado, en una mezcla de ignorancia y mala fe apoyan la tesis del revisionismo histórico según la cual la fundación de la nación brasileña se remonta a la “expulsión” de los holandeses de Pernambuco, cuando en realidad la Compañía de las Indias Occidentales, que colonizó entre 1630 y 1654 esta parte del Nordeste de Brasil, recibió una jugosa cuantía en oro del imperio portugués para abandonar la colonia, tras lo cual, se dirigieron tranquilamente hacia América del Norte para fundar otra colonia en la isla de Manhattan. Lo que sí es realmente un hecho histórico incontestable, imputable a las deshonrosas Fuerzas Armadas,  fue el exterminio del pueblo quilombola de los Palmares con el asesinato del guerrero Zumbí (símbolo de la lucha por la liberación de los negros cautivos). También lo es la vergonzosa campaña de eliminación sin piedad de los desharrapados resistentes (incluyendo niños), durante la guerra de Canudos.

En Brasil, desgraciadamente, las Fuerzas Armadas no obedecen a la lógica de la defensa de la soberanía nacional y garantía de integridad de las fronteras territoriales. La función primordial de los militares es la lucha contra el enemigo interno y el combate a todas las formas de conquista de derechos civiles por parte de la población. El anticomunismo dogmático recibido en los cursos administrados en la Escuela de las Américas de Fort Bening (Georgia), preside toda la ideología de la cúpula del oficialato brasileño, que ve peligrosos conspiradores rojos en cualquier activista por los derechos humanos y la justicia social. La cultura de la violencia, el oportunismo político y la indolencia de los mandos militares impregnan también a los soldados en los cuarteles. Con Bolsonaro, generales como Eduardo Pozuelo, Augusto Heleno, Walter Braga Netto y un largo etc. que tuvieron altas responsabilidades administrativas, demostraron su incompetencia en la gestión pública, avergonzando más aún si cabe, a la institución a la que pertenecen. Según el informe “1000 días sin gobierno” de Amnistía Internacional, la mezcla de negligencia, oportunismo y desprecio a los derechos humanos del gobierno brasileño con el general Pozuelo al frente del Ministerio de Sanidad, contribuyó a agravar la Pandemia de la Covid-19, con casi 120.000 vidas humanas adicionales perdidas durante el primer año que podrían haberse salvado.

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Redacción El Salto

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Miles de seguidores de Bolsonaro tomaron durante la tarde del domingo las sedes del poder judicial, ejecutivo y legislativo en Brasilia, culminando un proceso de impugnación de vocación golpista contra el presidente Lula da Silva. Agentes de la Policía Militarizada de Brasilia, reforzados por tropas del Ejército, han desalojado el campamento.

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Analizando en perspectiva, se sabe ahora que en la estrategia electoral que les dio la victoria en las urnas en 2018 tuvo más peso la oficina militar montada en Brasilia que la incipiente organización del Partido Social Liberal (PSL), al cual el ex presidente estaba afiliado. El “partido militar” funcionó a todo vapor para la elección de su pupilo. Para una institución con un escaso apego a la democracia, la derrota en 2022 fue un accidente inaceptable. Pareció fácil crear, interna y externamente, el falso relato de que las urnas electrónicas habían sido intervenidas con la anuencia de la justicia electoral. Eso sí, en los cuatro años que estuvieron al frente del poder ejecutivo, supieron aprovecharse del momento histórico para construir una alianza sólida con la extrema derecha en un intento de restablecer las bases para hacer retroceder el país al pasado período preconstitucional. Un ejemplo de ello son los campamentos patrióticos frente a los cuarteles de todo el país, protegidos y mantenidos por los militares que exigían la intervención militar en las instituciones democráticas. El plan magnicida del 12 de diciembre es sólo otro capítulo de la triste historia del país que revela un intento de retroceder cuatro décadas para restablecer un régimen de excepción que duró 20 años.

Con los resultados de estas robustas investigaciones sobre el protagonismo nefasto de las Fuerzas Armadas en los reciente intentos de subversión del orden democrático del país, se abre una ventana para acabar de una vez con el ciclo de impunidad y complacencia hacia los terribles episodios de violación de derechos humanos protagonizados por los militares en la historia brasileña. Sin embargo, antes de que se produzca la condena de los responsables por los continuos atentados a la democracia, los aliados de los militares golpistas, ya están preparando en el Parlamento una nueva ley de amnistía, amplia e irrestricta, para garantizar una vez más la impunidad de los herederos de la dictadura.