Análisis
Grecia robando a migrantes y el escándalo de la industria del control migratorio

Asistimos cada día a una Europa más Fortaleza, y a la vez, menos digna de los valores que proclamaban sus fundadores en el inicio de la construcción del proyecto comunitario. Los principios de “dignidad, libertad, democracia, igualdad y derechos humanos” se confrontan con las políticas migratorias securitistas y militaristas que caracterizan el accionar y la gestión política de la mayoría de los países de la Unión. Una Europa que impide —a través de numerosas herramientas— el acceso a personas que huyen de conflictos, violencia, guerras, pobreza extrema y desastres climáticos, que no fomenta la creación de vías de acceso legales y seguras parar migrar —lo que las condena a cruzar fronteras por pasos peligrosos y mortíferos— y que criminaliza a las personas migrantes, y a la solidaridad con la migración.

El último escándalo de la industria del control migratorio lo retrata la investigación publicada por la organización Solomon y El País el pasado 9 de marzo. Los datos recogidos permitieron concluir que, en los últimos seis años, miembros de las fuerzas de seguridad griegas robaron entre 2,2 y 2,8 millones de euros a solicitantes de asilo. Estas cifras se basan en estimaciones conservadoras, sin tener en cuenta el valor de los teléfonos móviles y otros objetos de valor (anillos y pulseras) sustraídos a las víctimas, pudiendo ser muchos más casos, puesto que la mayoría de las devoluciones ilegales no son denunciadas.

La Comisión Europea señala el uso irregular del 18% de los fondos gestionados por la Guardia Civil en el Sahel

Redacción El Salto

Control de fronteras

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Redacción El Salto

Un informe encargado por la Comisión Europea señala la responsabilidad del general de la Guardia Civil encarcelado por el caso Mediador en la compra de material inadecuado para la cooperación militar en la región africana del Sahel.

Como afirma la organización Solomon, la investigación documenta cómo lo que había sido descrito como una práctica no habitual, se convirtió en un patrón cada vez más consolidado. Si bien en 2017 sólo el 11% de las personas migrantes víctimas de devoluciones ilegales denunciaron que les habían robado dinero, en 2022 esa cifra aumentó hasta el 92%. Una fuente institucional relató a Stavros Malichudis y Andrés Mourenza, reporteros del caso, que algunos guardias de fronteras aprovechaban la situación: “Hay algunos oficiales que sólo quieren prestar servicio a lo largo del río. Imagina cuánto puede ganar un grupo si consigue 100 o 200 euros de 100 personas”.

A la luz de la investigación, Solomon destaca una serie de prácticas repetidas y sistemáticas de las autoridades griegas en los últimos años. Primero, se detiene a las personas solicitantes de asilo en su entrada en Grecia, sin darles la oportunidad de solicitar asilo —obligación estatal recogida tanto en la normativa griega como la internacional—. A veces, se les detiene en diferentes puntos de la península, a pesar de que ya estén registradas o se les haya concedido asilo, y son conducidas a distintos lugares (comisarías, cuarteles, almacenes abandonados…) donde a menudo personas uniformadas o de paisano les agreden físicamente y les retiran sus pertenencias antes de expulsarlos a Turquía en lanchas neumáticas. Segundo, la investigación reveló que hace años esta práctica no era tan frecuente, pero se convirtió con el paso del tiempo en sistemática y constante.

“No estamos hablando de incidentes aislados, porque en los últimos años se han convertido en parte de una práctica operativa sistemática”, explicaba Hope Barker, representante de la Red de Vigilancia de la Violencia Fronteriza, formada por doce organizaciones que recogen testimonios sobre devoluciones ilegales en las fronteras de la UE. Barker afirmaba que la ONG tuvo constancia de la práctica de confiscar las pertenencias a solicitantes de asilo en la frontera croata en el año 2017, y en ese escenario, la ropa, los teléfonos y el dinero se arrojaban al fuego para destruirse. No obstante “en Grecia, en 2019, fue una práctica más aleatoria. A algunos se les despojaba de sus pertenencias, y a otros no. Pero en los últimos años se ha convertido en una táctica establecida. A veces se quedan con los teléfonos, a veces los destruyen… pero sin duda se quedan con el dinero. Y es habitual que golpeen aún más a alguien como castigo si descubren que ha escondido su dinero”, asevera Baker.

Las devoluciones ilegales del Estado griego están siendo examinadas actualmente por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y el ACNUR ha aportado pruebas de 311 incidentes en los que, al menos 6.680 personas fueron deportadas de vuelta a través del río Evros hacia Turquía

Las devoluciones ilegales del Estado griego están siendo examinadas actualmente por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y el ACNUR ha aportado pruebas de 311 incidentes en los que, al menos 6.680 personas fueron deportadas de vuelta a través del río Evros hacia Turquía. En tal sentido, fuentes de Frontex —que tiene una gran presencia en estos operativos— confirmaron a Solomon y El País que las devoluciones son una realidad normalizada. Una fuente institucional que habló bajo condición de anonimato declaró para la investigación que “los solicitantes de asilo que entran en Grecia y siguen el procedimiento de asilo han dicho que es su segundo o tercer intento. Algunos hacen incluso más intentos, porque antes fueron devueltos a Turquía”. La misma fuente añade que ahora hay una “gran escalada en el uso de la violencia y las prácticas humillantes. Es el nivel más bajo de respeto por la vida humana”.

Mientras la muerte, la violencia y la vulneración de derechos contra miles de personas se perpetran cada día, el lobby de la industria fronteriza, interesado en que la gestión migratoria se vuelva cada vez más securitaria y militarista, sigue funcionando con relativa impunidad y opacidad. Así lo mostraba la Fundación PorCausa a través de sus investigaciones en los últimos años.

“La Industria del Control Migratorio tiene interés en todas las normas, políticas y herramientas financieras que, directa o indirectamente, fomentan la securitización y militarización de las fronteras exteriores, la externalización del control fronterizo a países terceros y/o los retornos” afirmaba la Fundación Porcausa en su Informe del año 2020 La industria del Control Migratorio: ¿Dónde está el dinero?. Dos años después la misma organización afirmaba: “Los desafíos de la seguridad en un contexto tan volátil como el actual, con amenazas rápidas y transfronterizas, al que se añade desde febrero de 2022 un escenario bélico en las fronteras exteriores con Ucrania, cimientan el concepto de la “Europa Fortaleza”.  Lo hacía en el informe Los lobbies de la Industria del Control Migratorio que  visibiliza el funcionamiento y las consecuencias de esta industria, detrás de la que están casi todas las acciones de restricción migratoria en la Unión Europea, pero sobre la que prácticamente no hay información. Porcausa afirmaba en esta investigación que “la industria del control migratorio exige más recursos para controlar las migraciones, al tiempo que su actividad alimenta la idea de las fronteras como problema o amenaza, lo que justicia inversiones aún mayores en el futuro”.

En la investigación de Porcausa publicada en 2022 se explica y muestra el esquema de funcionamiento de los diferentes decisores europeos, sus áreas competenciales y los potenciales objetivos de los lobbies de la industria del control migratorio a nivel comunitario. “Aunque el escenario más obvio de despliegue de la industria del control de fronteras sea la frontera, hay otros escenarios donde el entramado de intereses que conforma ese negocio prepara y materializa futuros beneficios. En los despachos de Bruselas o de las capitales, en los eventos sectoriales o en las sedes institucionales, los lobbies tratan de influir o inspirar las políticas que benefician (o no perjudican) a sus representados”, afirma la organización.

Frontex se creó en 2005, contando con un presupuesto de seis millones de euros y con 50 empleados. Hoy es la agencia europea con más empleados y mayores recursos asignados

En el esquema de la industria del control migratorio, es fundamental entender el papel que juega Frontex. En primer lugar, los fondos que recibe y su evolución. El origen del accionar de Frontex en 2005 se generó con un presupuesto de seis millones de euros y con 50 empleados. Hoy, Frontex es la Agencia europea con más empleados y mayores cifras presupuestarias. De hecho, en los últimos años, la “inversión” de la Unión Europea en Frontex no dejó de aumentar. Reflejo de este incremento fue la noticia de que la Comisión Europea gastaría en Frontex desde 2021 hasta 2027 un total de 5.600 millones de euros, y dirigiría a 10.000 guardas fronterizos, uniformados y armados. En segundo lugar, y en correspondencia con el incremento de fondos, su accionar en los últimos años, que ha estado plagado de irregularidades, malas praxis y participación en devoluciones ilegales y violaciones de derechos de personas migrantes y potenciales solicitantes de asilo.

Este último, fue el escándalo que finalmente generó la dimisión del ex director de la Agencia, el francés Frabrice Leggeri, después de siete años en su cargo. En este sentido, el pasado mes de julio, un informe de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) señalaba que Frontex había pagado con dinero europeo algunas de las devoluciones ilegales de personas migrantes en el Egeo, y se proporcionaban pruebas detalladas de las violaciones de derechos humanos cometidas por las autoridades griegas, demostrando que Frontex conocía estas acciones desde el principio. Así, el Informe afirma que: “En lugar de evitar las devoluciones, Leggeri y su gente las encubrieron. Mintieron al Parlamento de la UE y ocultaron el hecho de que la agencia incluso apoyó algunas devoluciones con dinero de los impuestos europeos”. La publicación por el diario alemán Spiegel del Informe de la OLAF —que fue filtrado— sobre Frontex permitió confirmar las vulneraciones de derechos: “Aunque no fue el principal objetivo de la investigación, el informe expone de forma implacable cómo los guardias fronterizos griegos en el mar Egeo abandonan a los refugiados en el mar en balsas salvavidas hinchables para evitar que ejerzan su derecho a solicitar asilo”, describía  Spiegel. Entonces, un portavoz de la OLAF, rechazaba que el informe pudiera utilizarse como prueba contra Grecia ya que “examinaba únicamente cargos relacionados con los procedimientos y reglamentos internos de Frontex durante la ejecución de las tareas de sus funcionarios”.

Europa y la creciente criminalización de la solidaridad con las personas migrantes

Irene Graíño Calaza

Migración

Fronteras Europa y la creciente criminalización de la solidaridad con las personas migrantes

Irene Graíño Calaza

Día a día salen a la luz casos de criminalización de operaciones de rescate e intentos legislativos para frenarlas, a la par que los Estados de la Unión Europea ignoran su obligación internacional de rescatar a personas en el mar. Numerosos casos, como el de Italia y España, dan prueba de ello.

Como afirmaba ECRE (European Council on Refugees and Exiles) en diciembre de 2022, en torno a las violaciones de derechos de migrantes cometidos por parte de las autoridades griegas, las pruebas de las expulsiones han ido en aumento durante años, y entre otras, el Aegean Boat report ha recopilado pruebas de personas refugiadas y voluntarias que documentaron la expulsión de 48.983 personas de las islas griegas a aguas turcas entre el 1 de enero de 2017 y el 28 de noviembre de 2022. ACNUR instaba a las autoridades griegas “a proporcionar protección, pero en lugar de ello, los hombres fueron empujados de vuelta al mar y a los brazos de la policía turca”. Grecia ha seguido negando tales acontecimientos, y se ha referido, a la “instrumentalización turca de la migración” o encontrando fórmulas alternativas como que “se trata de bloquear o evitar las entradas ilegales”. Según la policía griega, entre enero y octubre de 2022 se “impidió” la entrada en Grecia a más de 230.000 personas.

En agosto, la Comisión Europea se mostraba “profundamente preocupada por todos los informes y acusaciones de devoluciones y malos tratos” y subrayó que “cualquier acto de violencia o devolución es ilegal y debe ser investigado por las autoridades nacionales responsables para establecer los hechos y tomar las medidas de seguimiento necesarias”. No obstante, no se ha exigido responsabilidad a Grecia por los actos cometidos por parte de las autoridades europeas, y de hecho, como señalaba ECRE: “Tras una reunión extraordinaria del Consejo de Justicia y Asuntos de Interior (JAI) el 25 de noviembre, el ministro griego de Migración y Asilo, Notis Mitarachi, agradecía al vicepresidente de la Comisión Europea, la concesión de 1.900 millones de euros a Grecia para la gestión migratoria”.

La criminalización de la solidaridad con las personas migrantes a través de distintos ámbitos: legal, policial, judicial y administrativo, ya es una tendencia que se practica de forma consolidada en todo el territorio europeo

A la par, según ECRE, la OLAF ha abierto una investigación sobre las actuaciones de la Agencia Europea de Asilo tras denuncias de graves casos de mala gestión, mala praxis y negligencias en el cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos. De acuerdo con Solomon, las acusaciones “se hacen eco del escándalo que salpicó a Frontex”. “Las últimas denuncias sugieren que graves problemas de gobernanza y rendición de cuentas se están convirtiendo en un mal endémico de las agencias encargadas de aplicar la política de la UE en materia de refugiados y migrantes. Estos problemas internos y organizativos van acompañados, una vez más, de una supuesta falta de reacción ante las violaciones de los derechos humanos en las fronteras,” afirmaba Solomon. Un portavoz de la agencia declaraba que, aunque el asilo es un derecho fundamental “también está absolutamente claro que el control fronterizo —y, por tanto, las posibles expulsiones— es competencia de Frontex. La Agencia Europea de Asilo no tiene competencias sobre el control de fronteras”. No obstante, esta afirmación es discutida por académicos, como la profesora adjunta de Derecho de la Unión Europea de la Universidad de Leiden, Melanie Fink, que declaraba que: “Su obligación legal no se deriva únicamente de su reglamento de creación. Se aplica la totalidad del Derecho de la UE y la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, y están obligados a cumplirla, lo que incluye la obligación positiva de reaccionar ante las violaciones de derechos fundamentales”.

La criminalización de la solidaridad con las personas migrantes a través de distintos ámbitos: legal, policial, judicial y administrativo, ya es una tendencia que se practica de forma consolidada en todo el territorio europeo. A la luz de un Informe realizado por la organización PICUM (Platform for Undocumented Migrants) es posible examinar de qué forma incide la criminalización de la solidaridad con las personas migrantes en Europa. En 2022, según PICUM, más de 100 personas fueron criminalizadas por ayudar a personas migrantes. Algunos de los casos fueron monitoreados en Italia, Grecia, Polonia, Francia, Alemania, España o Lituania, pero la organización no descarta que pueda haber más casos en otros países.  PICUM señalaba en el Informe que, además de procedimientos judiciales, ONG’s y defensores han enfrentado otras formas de hostigamiento no-judicial, como policial, multas administrativas, confiscación de material, amenazas por grupos de extrema-derecha, arrestos y difamaciones. Algunos ejemplos de la criminalización judicial de la solidaridad son los casos abiertos en Italia contra el barco de rescate Iuventa, la organización Médicos sin Fronteras y Save the Children por rescatar a más de 14.000 personas entre 2016 y 2017, y en Grecia se investiga actualmente el que se considera, según un informe del Parlamento Europeo “el mayor caso de criminalización de la solidaridad en Europa” por rescates en Lesbos.

En Europa, las vulneraciones de derechos en fronteras, el robo de dinero a miles de personas migrantes, las inversiones millonarias en el control fronterizo y su industria, y la criminalización de la solidaridad vienen estando intrínsecamente unidas y forman parte de la misma práctica. Las restricciones de derechos a partir de la securitización, militarización y criminalización fomentan las ganancias de un sector, mientras miles de personas mueren cada año intentando entrar en la Europa Fortaleza. El último escándalo del robo de más de 2 millones de euros por parte de agentes fronterizos es una muestra más de la negligencia y las vulneraciones sistemáticas derivadas de unas políticas migratorias que no priorizan la vida de las personas que migran, y que se lucran de la violencia y la militarización.