Análisis
¿Son Meta y Mark Zuckerberg legalmente responsables por la muerte de más de 145 personas en Ceuta?

El 31 de julio, alrededor de 75.000 personas cruzaron de manera irregular la frontera de Ceuta. El enclave español en el norte de África, de poco más de 89.000 habitantes y apenas 19,87 kilómetros cuadrados, se vio inmediatamente desbordado social, asistencial y políticamente. De manera aún más grave, más de 140 personas fallecieron tratando de cruzar la frontera a nado. Más allá de las iniciales y diferentes versiones ministeriales e institucionales, de las interpretaciones políticas, o de cuándo y cómo fueron alertados los servicios policiales, militares y de inteligencia del Estado español, hay hechos fundamentales que comienzan a clarificarse.

Lo primero y fundamental es la confirmación de que el cruce masivo no fue un hecho espontáneo. Tampoco fue operado (exclusivamente) por mafias locales: contó con la complicidad, por acción e inacción, de las fuerzas de seguridad marroquíes. Y, lo que es más importante, fue organizado, viralizado y gestionado fundamentalmente a través de redes sociales vinculadas al grupo Meta, especialmente Instagram, WhatsApp y Facebook. En estas redes se viralizó la idea de la facilidad del cruce, la tolerancia de las autoridades españolas y de una laguna legal que permitiría la entrada y permanencia en territorio europeo a aquellos que cruzaran a nado.

La pregunta que resuena desde multitud de ángulos es clara: ¿quiénes son los responsables de las muertes y de los altísimos costos sociales, humanos y políticos de esta crisis migratoria? El Gobierno español ya habla de un ataque híbrido con fines de desestabilización, mientras que, a nivel europeo, periodistas, activistas y especialistas como Petra Molnar y Liz Carolan ya lo identifican como un ataque basado en la desinformación. Si bien parece poco probable que, a corto o incluso medio plazo, pueda determinarse quiénes son los responsables últimos que promovieron este ataque, existen evidencias claras que señalan al medio necesario para que el masivo cruce irregular y la subsiguiente tragedia humanitaria tuvieran lugar: las plataformas digitales de Meta.

Esto no son meras suposiciones: son datos. El 11 de agosto se revelaba que la Comisión Europea había abierto un canal directo con Meta y TikTok para tratar de contener la crisis (evidencia, por otro lado, de la asimetría de poder de países pequeños y medianos y gigantes digitales). Progresivamente tuvieron lugar tanto filtraciones como desclasificación gubernamental de las investigaciones policiales, confirmando el conocimiento de los servicios policiales y de inteligencia de una campaña de desinformación promovida a través de las redes de Meta con la finalidad de provocar una avalancha migratoria.

En otras palabras, tanto el Estado español como la Unión Europea cuentan con algo más que indicios para situar a Meta en el centro de la crisis política y humanitaria. Y no únicamente como interlocutor, sino como potencial responsable administrativo y, posiblemente, también penal, civil y político.

La Ley de Servicios Digitales (DSA por sus siglas en inglés) es el marco regulatorio europeo para el gobierno de las plataformas digitales. Define e identifica a las plataformas en línea y los motores de búsqueda de muy gran tamaño como las que cuentan con más de 45 millones de usuarios.

La DSA es potencialmente útil para lidiar con los casos más flagrantes de diseminación de contenidos peligrosos

La ley los reconoce como un agente social de gran relevancia y potencial impacto, imponiéndoles un régimen de deberes. Por ejemplo, en los artículos 34 y 35 de la DSA se describe que las corporaciones están legalmente obligadas a realizar evaluaciones de riesgo obligatorias y a aplicar medidas de mitigación frente a los llamados “riesgos sistémicos”, incluyendo la difusión de contenidos ilícitos, la manipulación del servicio y las amenazas al orden y la seguridad pública.

La DSA marca las consecuencias del incumplimiento. Por ejemplo, el artículo 52 de la DSA permite imponer sanciones administrativas de hasta el 6 % de su facturación global anual. La DSA deja amplios márgenes para que las corporaciones eludan su responsabilidad. No obstante, es potencialmente útil para lidiar con los casos más flagrantes de diseminación de contenidos peligrosos, ya sean información, productos como en los recientes casos de Temu o AliExpress, sancionados con 200 y 550 millones de euros por la Comisión Europea, respectivamente.

La DSA no es una legislación radical, es el resultado de duras pugnas, litigios y desarrollos políticos fuertemente disputados por el lobby internacional corporativo, que ha venido descafeinando cada intento regulatorio en la UE y en Estados Unidos, persiguiendo blindar la irresponsabilidad corporativa. Pero incluso en un momento político más proclive al nacionalismo tecnológico y al capitalismo de Estado, administraciones como la europea, la china o la estadounidense buscan poner límites a determinadas formas de abuso corporativo que ponen en peligro el tejido social. Por ejemplo, Meta se ha comprometido a pagar 18 billones de dólares a diversos territorios de los Estados Unidos tras una denuncia colectiva donde se acusaba a las plataformas no solo de violar la normativa sobre privacidad o menores, sino de diseñar plataformas dañinas, psicológica y socialmente, para estos.

Por estas razones, los gigantes digitales han desarrollado poderosos mecanismos para vigilar y controlar las redes. Herramientas que han utilizado de manera indiscriminada, por ejemplo, para penalizar la resistencia y movilizaciones en solidaridad con las víctimas del genocidio sionista de Israel en Palestina, o con las Hirak al-Rif (Revuelta del Rif) en Marruecos. Parece poco creíble concebir que Meta no tuviera constancia del contenido vertido en sus redes en grupos de cientos de miles de usuarios, organizados y estructurados en idiomas familiares para esta compañía. Según la normativa europea, el Estado español y la Comisión Europea tienen canales directos de comunicación para movilizar esta maquinaria administrativa de vistoso músculo punitivo-económico.

La Audiencia Nacional tendría capacidad, recursos y lo que es más importante competencia, para iniciar tal singladura

Si el Estado español quisiera activar la vía penal, buscando, por ejemplo, discernir la responsabilidad de su CEO, Mark Zuckerberg, podría hacerlo a través del artículo 318 bis del Código Penal, relativo al tráfico ilegal de personas y a la facilitación de la inmigración clandestina. El Estado español no ha tenido escrúpulos en usarlo contra activistas y migrantes, acusándolos de componer mafias. Quizás, en esta ocasión, pudiera movilizarlo para poder abrir una vía de castigo y restitución a una corporación poderosa señalada directamente por las propias fuerzas y cuerpos de seguridad españolas.

No sería un camino fácil. La puesta en marcha de herramientas penales para perseguir a una corporación global con sede central y CEO en otra jurisdicción, incluso, por las consecuencias asesinas de sus plataformas sería un proceso complejo. Los marcos regulatorios nacionales e internacionales están diseñados para escudar los actos corporativos, a los ejecutivos responsables, y al accionariado que se lucra bajo un escudo de irresponsabilidad. El derecho opera como código del capital, facilitando la circulación de bienes, y la explotación de la naturaleza y de la fuerza de trabajo. Incluso cuando las corporaciones perpetran o incitan a crímenes brutales que afectan a millones de personas, sus actos son reconducidos por la vía administrativa, en este caso la Ley de Servicios Digitales. Pero siempre hay margen para la actuación. Después de todo, el tribunal de excepción español de referencia y uno de los custodios fundamentales del “Estado Feroz”, la Audiencia Nacional tendría capacidad, recursos y lo que es más importante competencia, para iniciar tal singladura.

Quizás no lleguemos a saber nunca quiénes diseñaron el plan de desestabilización y deshumanización masiva de Ceuta que resultó en la tragedia sin fin que conocemos. Pero al menos contamos con las herramientas necesarias para señalar, identificar y potencialmente sancionar a esos poderosos cómplices de la muerte de 145 personas y del sufrimiento de decenas de miles, incluyendo las que siguen acampadas  en condiciones precarias y las que han visto su cotidianidad sacudida. 

Es evidente que el derecho y la arquitectura jurídica de las democracias liberales no están hechas para cambios profundos, ni siquiera para establecer la justicia social que muchas entendemos como compás necesario. Tampoco creo que la respuesta penal ni la cárcel sean la solución a problemas estructurales de alcance global. No cabe duda de que el escenario de fondo son las múltiples y complejas capas de imperialismo, colonialismo, régimen de fronteras y dependencia tecnológica, encarnados todos ellos en la tecnologizada e hipervigilada frontera sur. Solo una transformación profunda podrá darles respuesta. Pero, como he argumentado en otros lugares, dar pequeños pasos, como considerar como criminales (y no administrativas) las prácticas rutinarias de corporaciones capitalistas, y hacerlas cuanto menos responsables de sus actos brutales, puede acercarnos, si no a un cambio profundo, sí al menos a un giro del guión. Para empezar, esta narrativa podría servir para dejar de acusar, perseguir y criminalizar la pobreza y comenzar a  señalar a los poderosos responsables que la orquestan. Y quién sabe, quizás esa sanción del 6% pueda servir sino para paliar el dolor, al menos para señalar que la impunidad de los oligarcas tecnológicos no es total.