Andalucía
Los colectivos educativos andaluces se confabulan para una Huelga General educativa el 11 de noviembre

La intersección estival entre el fin de un curso y el inicio del siguiente es un espacio óptimo para la reflexión y pensar a medio plazo, sin la inmediatez del día a día, sobre la situación de la educación en Andalucía.

Las dos últimas legislaturas de Moreno Bonilla se han definido por un cambio estructural en este derecho humano, protagonizado por los conciertos y la “colaboración público-privada”. En 2019, la Junta de Andalucía dedicaba 843 millones de euros a los conciertos y subvenciones a la educación privada; desde 2023, esa cifra no ha bajado de los mil millones de euros. En 2025 se destinaron 1.063 millones de euros y para 2026 se han presupuestado 1.101 millones. Este aumento ha llevado a la comunidad a situarse entre los territorios que más invierten en educación concertada, tras Madrid y Cataluña. 

Un cambio que, como bien han reflejado las movilizaciones constantes de los últimos años, ha atravesado y mostrado sus consecuencias en todos los niveles y especificidades educativas de la comunidad autónoma: desde infantil hasta la universidad, pasando por la educación especial.

“La educación se cae a pedazos, esto es para ya”, sostuvo durante el encuentro María Eugenia Palomino, parte de la Asociación Mide (Madres Inclusivas en Defensa de la Equidad)

El estallido educativo en País Valencià, Madrid o Catalunya durante los últimos meses le ha hecho de espejo al movimiento en Andalucía que ha recogido la petición de “Andalucía, ¿para cuándo?” con un encuentro “por la educación pública andaluza” en el que decenas de colectivos de todo el territorio se han confabulado para marcar una hoja de ruta común “para llevar las decenas de modestas movilizaciones que han tenido lugar a un movimiento masivo y unitario”. 

En el encuentro participaron desde organizaciones estudiantiles como la Asamblea de Estudiantes Permanente y el Sindicato de Estudiantes, sindicatos como Ustea, CNT o CGT, así como la Plataforma Andaluza de Escuelas Infantiles y la Plataforma Familias NAE de Andalucía. Todos atravesados por las privatizaciones del sistema o, como lo definió un representante de CNT en la asamblea: El principal problema no es por una recesión económica, sino por decisiones políticas.

Relacionado con la concertación está el gasto público destinado a la educación, que también está a la cola en cuanto a gasto por alumno, 7.365 euros anuales, estando el gasto medio nacional en 7.943 euros al año. Una cifra muy lejos de la comunidad que más invierte por estudiante en el curso, el País Vasco, con 12.484 euros. 

Las más de cien personas que participaron en la Asamblea buscan no “dar un único golpe, sino trazar un camino común de reivindicaciones para los próximos cuatro años”. La legislatura que recién comienza en Andalucía tiene una línea continuista en cuanto a los conciertos educativos, incrementada por la entrada de Vox en la Junta. En el pacto de gobierno, ambos partidos han consensuado en materia educativa la concertación progresiva del bachillerato en Andalucía con la justificación de la “libertad de elección de centro”, una cuestión ante la que el movimiento por la educación andaluza muestra especial preocupación. La nueva Junta pretende poner esta cuestión en marcha a partir del curso de 2027/2028.

También expone este documento una mayor privatización de las universidades: “Se fomentará la colaboración estrecha entre universidades y empresas”, recita el texto.  Antes de 2019, año en el que se inició el Gobierno de Moreno Bonilla, la presencia de la universidad privada en Andalucía era anecdótica, con tan solo una universidad, la Loyola. En estos años se han aprobado otras tres, entre las que se encuentran la CEU Fernando III y Utamed. Otros seis proyectos universitarios privados se encuentran en proceso.

En febrero de este 2026, el Gobierno andaluz aprobaba la Ley Universitaria para Andalucía a pesar de las críticas de la comunidad educativa y el rechazo de las nueve universidades públicas andaluzas al considerar que “asfixia” y recorta autonomía a estas instituciones. Durante los últimos meses se han realizado decenas de movilizaciones en las universidades a causa del déficit presupuestario, especialmente en la Universidad Pablo Olavide, la Universidad de Sevilla y la Universidad de Málaga.

El dinero público para la educación pública

“La educación se cae a pedazos, esto es para ya”, sostuvo durante el encuentro María Eugenia Palomino, parte de asociación MIDE (Madres Inclusivas en Defensa de la Equidad). “Cuando un sistema se rompe, se rompe por el eslabón más débil; la atención a la diversidad lleva muchísimos años rota, la privatización hace que nuestros hijos tengan más difícil formar parte del sistema, a este gobierno no le interesa la inclusión”, insiste Palomino.

El encuentro se cerró asentando una fecha clave: el 11 de noviembre, en el que tendrá lugar una huelga general educativa en Andalucía en la que participarán todos los niveles y especializaciones educativos. Una fecha que irá precedida por diversas acciones que prometen un otoño caliente de movilizaciones educativas.

Entre las reivindicaciones del movimiento destacan algunas comunes a todos los niveles educativos, como el aumento de la financiación, la bajada de las ratios en las aulas, el aumento de plazas públicas, especialmente en infantil 0 a 3 años, FP y másteres habilitantes, la mejora en la infraestructura y de la climatización de los centros, entre otras cuestiones. Unas reivindicaciones que podrían resumirse en una de las ideas más repetidas durante la jornada en Antequera: que todo el dinero público vaya a la educación pública y no a la privada.