Andalucía
Andalucía se levanta ante la privatización de las universidades y el abandono a la educación especial

Esta semana la educación entra de lleno en el ambiente electoral. Colectivo de alumnado, de profesionales y familias salen a las calles ante el declive de la educación pública andaluza en especial con dos focos que las políticas de la Junta de Andalucía han incendiado: la situación en las universidades privadas que se enfrentan a un gran proceso privatizador a raíz de la recién aprobada ley universitaria andaluza y el recorte en los recursos para el alumnado con necesidades educativas especiales.

Sin embargo, la crisis en el sistema educativo público andaluz es algo que se encuentra en todos los niveles y aspectos educativos como señalan los colectivos en defensa de este servicio esencial. El sindicato educativo Ustea señala que desde la llegada del PP a la Junta de Andalucía se han suprimido oficialmente según el Boja 3.528 aulas en distintos niveles de formación. Las últimas 410 aulas en el proceso de matriculación que aún sigue abierto. Desde el sindicato exponen que “estas supresiones afectan exclusivamente a la educación pública, mientras que la enseñanza concertada continúa blindada mediante conciertos educativos renovados cada cuatro años”. La organización expone que se trata de una política pensada para “impulsar la privatización encubierta del sistema educativo” al “deteriorar la calidad educativa con aulas masificadas” y “debilitar la escuela pública”.

Según los datos del Ministerio de Educación Andalucía es, tras Madrid, la comunidad con una ratio mayor de alumnado por profesor de media. Supera a la media nacional de alumnos en los centros de primaria, así como en los centros de educación especial. A finales de 2022 a pesar de que los colectivos por la educación pública habían recogido más de 50.000 firmas Moreno Bonilla tumbaba la Iniciativa Legislativa Popular para bajar el número de alumnas y alumnos por aula. La bajada de ratio sigue siendo una de las proclamas esenciales en unas aulas cada vez más masificadas.

Andalucía también está a la cola en cuanto a gasto público por alumno en la educación pública,  7.365 euros anuales estando el gasto medio nacional en 7.943 euros al año. Una cifra muy lejos de la comunidad que más invierte por estudiante en el curso, el País Vasco con 12.484 euros.

En 2019 la Junta de Andalucía dedicaba 843 millones de euros a los conciertos y subvenciones a la educación privada, desde 2023 esa cifra no ha bajado de los mil millones de euros, en 2025 se destinaron 1.063 millones de euros y para 2026 se han presupuestado 1.101 millones. Este aumento ha llevado a la comunidad a ponerse entre los territorios que más invierten en educación concertada tras Madrid y Cataluña.

Movilizaciones contra la ley universitaria andaluza

El pasado febrero la Junta de Andalucía aprobó la Ley Universitaria para Andalucía (Lupa) a pesar del rechazo de los rectores de las nueve universidades públicas andaluzas, los sindicatos educativos y estudiantiles y los colectivos sociales.

Una legislación que fue señalada desde la Asociación de Universidades Públicas (Aupa) compuesta por las regidoras y regidores de las distintas instituciones educativas por suponer una “restricción flagrante de la autonomía universitaria” y auspiciar “la infrafinanciación” a la que ya está sometida la academia pública.

Distintas organizaciones estudiantiles, sindicales y sociales de toda Andalucía han creado una Plataforma andaluza en defensa de la universidad pública para luchar frente a lo que consideran “una ofensiva mercantilista que pretende transformar el conocimiento en negocio”.

La normativa se aprobaba tras varios años de idas y venidas con los equipos rectores de las universidades andaluzas que ya señalaron en 2024 que la junta les debe 50 millones de euros de financiación. En este contexto además el Gobierno andaluz ha aprobado en su última legislatura tres nuevas universidades privadas y ha iniciado el trámite para seis proyectos más.

Distintas organizaciones estudiantiles, sindicales y sociales de toda Andalucía han creado una Plataforma andaluza en defensa de la universidad pública para luchar frente a lo que consideran “una encrucijada definitiva, una ofensiva mercantilista que pretende transformar el conocimiento en negocio y el estudio en un privilegio de clase”.

Entre las exigencias de esta organización se encuentra el rechazo frontal a la Lupa y que la financiación universitaria será 100%, así como que se blinde el 1% del PIB para la financiación universitaria que establece la Losu. Otro de sus objetivos es poner fin a “las trabas económicas que expulsan al estudiantado” en pos de que se cumpla la obligación de que “la educación superior es un derecho universal”.

El próximo miércoles 29 de abril miles de personas saldrán a la calle “por una universidad pública y de calidad”. El colectivo ha organizado durante la mañana en Sevilla a las 12:00 en el Rectorado de la US, en Cádiz a la misma hora en el Centro Andaluz Superior de Estudios Marinos y en Málaga en la Facultad de Educación a las 11:00. Durante la tarde será el turno de Jaén que se manifestará a las 19.30 en la Plaza de las Batallas y Granada que se movilizará en la Delegación de Educación a las 19:00 horas.

Crisis en la educación especial

Más de 150 mil alumnas y alumnos en Andalucía tienen Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NAE) según los datos de la Junta de Andalucía, lo que supone un 10.9% total del alumnado. A pesar del discurso del Gobierno andaluz sostiene que hay recursos suficientes para atender a este alumnado la presión en las calles de los familiares de estas niñas y niños señalan lo contrario.

 La Plataforma Neurodiverso denuncian que no se ha renovado el Convenio Marco que regula los maestros sombras en Andalucía lo que va a llevar a que “más de 200 niños en Andalucía se han quedado sin apoyo en el aula”.

Durante todo abril las familias con hijas e hijos con necesidades educativas especiales se han manifestado en distintos puntos de Andalucía por “la muerte de la educación inclusiva” . La Plataforma Neurodiverso denuncian que no se ha renovado el Convenio Marco que regula los maestros sombras en Andalucía lo que va a llevar a que “más de 200 niños en Andalucía se han quedado sin apoyo en el aula”. Desde este colectivo denuncian que “es un apoyo imprescindible” para estos alumnos que son los que sufren “la falta de recursos estructurales”.

Desde la organización Derechos Familias NAE Andalucía han organizado durante todo abril y parte de mayo decenas de manifestaciones para exigir una atención adecuada a este alumnado. Entre sus exigencias se encuentran que exista “unas ratios coherentes para PTIS, PT Y AL y que se cumplan” así como la reducción de ratios en las aulas ordinarias, la formación en NAE del profesorado y los técnicos y que se garantice la atención a estas niñas y niños con actividades complementarias.

Las familias consideran que la situación es “insostenible” y exigen soluciones para que el derecho a la educación del alumnado se cumpla. No es la primera vez que a la Junta de Andalucía se le reprocha la situación en la atención a la educación especial  en 2024 la Junta empezaba el curso con decenas de aulas sin Personal Técnico de Integración Social, una realidad que se sigue repitiendo en muchos centros.