Andalucía
Polémica en las oposiciones docentes en Andalucía por errores de forma

Miles de aspirantes a las oposiciones docentes en Andalucía han denunciado invalidaciones masivas que les han dejado fuera del proceso a pesar de estar aprobados. Ante esta situación, la Consejería  se ha pronunciado con una anulación de las invalidaciones aplicadas por un error formal en la presentación del programa lectivo. Los aspirantes que fueron eliminados del proceso en el examen escrito por errores formales denuncian lo que consideran una violación del principio de igualdad.

Tras meses, y para algunas personas años, de dedicación y esfuerzo para presentarse al examen, la publicación de notas de la última convocatoria de oposiciones de profesorado ha provocado una frustración y malestar generalizado. Desde faltas de ortografía, hasta errores formales de numeración de una página u olvidar poner el número del tema que se ha presentado. Algunas de estas situaciones han sido tomadas por el tribunal para expulsar del proceso a aspirantes que habían aprobado.

Tras meses, y para algunas personas años, de dedicación y esfuerzo para presentarse al examen, la publicación de notas de la última convocatoria de oposiciones de profesorado ha provocado una frustración y malestar generalizado.

Lidia ha sido una de las afectadas. Ha pasado el último año encerrada en su casa, con un estricto horario de estudio. Dejó su trabajo, puso en pausa su vida social y de ocio para centrarse en poner todos sus recursos de tiempo y dinero en conseguir méritos y en prepararse para las oposiciones. Su objetivo era garantizarse una plaza como profesora de secundaria de Lengua y Literatura. Para conseguirlo, debía superar las dos etapas que componen el proceso: primero la fase de oposición y después la fase de concurso.

La fase de oposición se inició con el desarrollo de una programación didáctica de un curso escolar completo y su presentación de manera telemática durante el plazo abierto entre el 30 de abril y el 7 de mayo. El siguiente paso de esta etapa era presentarse al examen escrito convocado el 21 de junio, donde sería evaluada de forma teórica y práctica. Tras este examen escrito, la siguiente prueba convocada la primera semana de julio se trataba de un examen oral compuesto por la defensa de su programación didáctica y la exposición de una unidad didáctica de su propia programación elegida al azar.

Para participar en la fase de concurso se debía presentar de forma telemática en el plazo abierto del 20 al 29 de mayo los méritos pertinentes. Estos méritos abarcan la experiencia docente previa, cursos de formación permanente, formación académica, entre otros. La consideración de estos méritos se realiza en base al baremo de puntos establecido en la convocatoria de cada comunidad autónoma.

Finalmente, para obtener la puntuación global, se realiza una ponderación final donde los resultados de la fase de oposición suponen el 60% y los resultados de la fase de concurso el 40%.

El 3 de julio, Lidia recibió los resultados de su examen escrito obteniendo un 8,87 en la prueba práctica y un 9,13 en la parte de desarrollo, siendo la nota más alta de su tribunal, en el que se habían presentado 70 personas. “El propio tribunal me felicitó por mi examen y reconoció que hacía tiempo que no veía un resultado así”, declara la opositora. A pesar de tan buenos resultados, ese mismo día le informaron de que quedaba invalidada del proceso y no podría realizar la exposición oral. El motivo: en su examen, al indicar el nombre del tema que desarrolló (La Celestina) olvidó incluir el número del tema. Según el Anexo VIII de la Orden que establece los criterios del proceso, “se invalidará el ejercicio en el que no se consigne el número del tema elegido y el título completo en la primera página del examen”. 

A pesar de tan buenos resultados, ese mismo día le informaron de que quedaba invalidada del proceso y no podría realizar la exposición oral. El motivo: en su examen, al indicar el nombre del tema que desarrolló (La Celestina) olvidó incluir el número del tema.

Este número responde a una numeración aleatoria cuyo objetivo es facilitar el sorteo de los temas que se lleva a cabo para seleccionar el temario a evaluar, es decir, se trata de un dato que no afecta la evaluación del examen, sino a la selección del tema. A pesar de ser un criterio objetivo, aspirantes, asociaciones educativas y sindicatos cuestionan que se descalifique completamente a una persona por un error formal al margen de su competencia y capacidad.

“Entendemos que determinados errores, como los ortográficos, puedan ser objeto de penalización, pero siempre de manera proporcionada. En caso contrario, la adopción de decisiones basadas en aspectos formales, con omisión total de la valoración de la competencia pedagógica y profesional del aspirante, supone en la práctica una barrera desproporcionada, que limita injustamente el acceso a la siguiente fase del procedimiento a personas válidas, bien preparadas, con capacidad y méritos suficientes para superar las pruebas”, así lo ha expuesto el sindicato CSIF en una carta dirigida a la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía.

De las 37.758 personas que se han presentado a la prueba escrita 18.637 han pasado como aptas, lo cual supone un 49,3%. Sin embargo, hay una gran variación entre los resultados de cada tribunal, muchos de ellos con alrededor de un 15% de aptos. En algunos casos este número apenas alcanza al 10%, sin llegar a cubrir el número de plazas ofertadas desde esos tribunales. Esto implica que las plazas ‘sobrantes’ pasen a otros tribunales. Con estos datos, sindicato y aspirantes dudan sobre la unanimidad a la hora de aplicar los criterios de evaluación.

Dentro de las personas eliminadas del proceso como no aptas entran aquellas que no han superado la prueba escrita y todas aquellas personas que, aunque estén aprobadas, han sido invalidadas por errores formales. Actualmente se desconocen los datos oficiales de cuántas son las personas que se han visto afectadas por estas invalidaciones pero la Asamblea de Interinas y Aspirantes estima que se trata de más de 1.000 personas en el caso del examen escrito y al menos 500 personas eliminadas por su programación didáctica.

Actualmente se desconocen los datos oficiales de cuántas son las personas que se han visto afectadas por estas invalidaciones pero la Asamblea de Interinas y Aspirantes estima que se trata de más de 1.000 personas en el caso del examen escrito y al menos 500 personas eliminadas por su programación didáctica.

Además de las controversias por los criterios aplicados, estas oposiciones se han visto marcadas por un caos generalizado que ha quedado manifestado en tribunales que no contaban con suficientes copias del examen, retrasos de hasta una hora en las pruebas, exámenes donde los aspirantes estaban a 40º sin aire acondicionado, errores informáticos que han impedido que personas que habían pagado las tasas del examen pudieran subir su programa, entre otros muchos casos. 

Por su parte, la Consejería ha respondido con una revocación de las invalidaciones de las unidades didácticas: “Deben inspirar una interpretación finalista de las bases de la convocatoria. Las bases son un instrumento para alcanzar un fin, como es garantizar que los más capacitados sean los aspirantes seleccionados, y este fin condiciona todo el devenir el proceso selectivo, así como la interpretación que debe realizarse de las mismas”.

Esta decisión ha afectado a todas aquellas personas a las que se les invalidó su programa lectivo por no indicar en la portada que pertenecían al cuerpo docente. Ante el resto de invalidaciones formales, la Consejería no ha manifestado ningún tipo de rectificación, lo cual podría suponer un incumplimiento de los principios de igualdad, mérito y capacidad en los que se basa el acceso a la función pública.

Ante el resto de invalidaciones formales, la Consejería no ha manifestado ningún tipo de rectificación, lo cual ha supuesto un incumplimiento de los principios de igualdad, mérito y capacidad en los que se basa el acceso a la función pública.

La Asamblea de Interinas y Aspirantes considera que toda esta situación se debe a una nueva forma de privatizar la educación. El colectivo demanda la estabilización de plazas para interinos, ya que según la Ley 20/2021 de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público “las administraciones no deberían tener una temporalidad de más del 8%, sin embargo en los centros de Andalucía actualmente estamos en más del 30%”, explica una de las integrantes de la Asamblea. Esta ley, que limita los contratos de temporalidad a un máximo de tres años, hace referencia a las reformas de obligatorio cumplimiento establecidas por la Unión Europea para garantizar la estabilización del empleo público. 

Según el colectivo, el incumplimiento de esta medida junto con la reducción de recursos destinados a los centros públicos y la eliminación masiva de candidatos a las oposiciones por errores formales son las distintas formas de la Administración para ir reduciendo la educación pública en favor de la privada. “Las invalidaciones son una excusa para decir que se han sacado las plazas pero no hay gente preparada para cubrirlas, y de esta forma ir reduciendo el número de plazas públicas”, declara su integrante.