Andalucía
Más presupuesto, pero menos efectivos: las grietas del modelo andaluz de prevención de incendios

Cada mes de junio se repite la misma escena: el presidente de la Junta, Juanma Moreno, se planta ante los helicópteros del Infoca (las siglas del Plan de Emergencia por Incendios Forestales de Andalucía) y anuncia una “cifra récord”. Este año ha sido 271,6 millones de euros, un 5% más que en 2025 y un 60% por encima de 2018, con 4.700 profesionales, 43 medios aéreos y nuevas unidades de maquinaria pesada y fuego técnico. Ese es el mensaje oficial que se traslada, el de un dispositivo que crece sin descanso y que convierte a Andalucía en referencia europea contra los incendios forestales.

Ese relato, sin embargo, choca con lo que describen sobre el terreno sindicatos, asociaciones profesionales y los propios documentos administrativos de la reestructuración del operativo. El aumento del presupuesto convive con denuncias de retenes incompletos, plazas sin cubrir y una reorganización que ha diluido al Infoca dentro de una estructura mayor y que, tras el mortífero incendio de Los Gallardos, conviene volver a recuperar.

Una cifra que no cuadra sobre el terreno

La sección de CGT EMA Infoca Andalucía ha aportado uno de los diagnósticos más detallados sobre ese desfase entre el dispositivo anunciado y el que realmente opera en el monte. El sindicato asegura que llevaba meses reclamando adelantar a mayo los llamamientos de la campaña, ante las altas temperaturas y la acumulación de combustible vegetal, para cubrir lo que cifra en más de 1.000 puestos vacantes del operativo. Según la central sindical, ese refuerzo seguía sin producirse entrada ya la campaña de alto riesgo: el personal de bolsa apenas estaba siendo convocado para sus reconocimientos médicos, un trámite previo a la incorporación, lo que retrasaría la plena cobertura del dispositivo hasta finales de junio o principios de julio, semanas después de que la Junta hubiera presentado los 4.700 profesionales como una realidad ya operativa sobre el terreno.

Esa diferencia entre el papel y la práctica se traduce, según la CGT, en retenes que salen a apagar incendios con una parte de sus efectivos. El sindicato describe unidades de especialistas trabajando con tres, cuatro o seis componentes cuando el mínimo reglamentario son siete, autobombas circulando con un único conductor en lugar de dos, e incluso turnos completos sin personal asignado. La consecuencia, explican, no es solo simbólica: al llegar a la zona del incendio, los propios protocolos de prevención de riesgos laborales obligan a esperar la llegada de más efectivos antes de poder intervenir, un tiempo muerto que puede resultar decisivo para que un conato se convierta en un incendio de gran magnitud.

Como ejemplo concreto, la organización cita el grupo de intervención desplazado desde Málaga hasta un incendio en Huelva, formado por los medios de especialistas ME112, ME207 y ME216 —con cuatro, cuatro y seis componentes respectivamente, en lugar de los siete exigidos en cada caso— y las autobombas MT101 y MT208, ambas con un solo bombero forestal conductor cuando deberían llevar dos. En total, según el sindicato, se movilizaron tres retenes con 14 personas en vez de las 21 que corresponderían, y dos vehículos con dos conductores en lugar de cuatro, una situación que la CGT no describe como excepcional sino como la tónica habitual en gran parte de los medios actualmente operativos.

A esa falta de efectivos se suman, siempre según la versión sindical y ante la ausencia de información clara por parte del Gobierno andaluz, jornadas que se alargan hasta las 20 horas consecutivas por falta de relevos durante las intervenciones, junto a un conjunto de carencias materiales que arrastran campaña tras campaña: la ausencia de un sistema de descontaminación de los equipos de protección individual conforme a la normativa vigente, las deficiencias del sistema de comunicaciones REJA —que afectan, subrayan, directamente a la seguridad de los trabajadores— y problemas recurrentes en el suministro de EPI que en ocasiones han obligado al personal a declararse inoperativo para forzar su reposición.

La CGT enmarca estas denuncias en la petición de responsabilidad que la propia Junta traslada a la ciudadanía en el medio rural, y contrapone esa exigencia con lo que considera una negligencia evidente por parte de la Consejería a la hora de mantener el dispositivo completo, en un contexto en el que la activación del nivel operativo 2 en el incendio de Huelva y la posterior petición de medios estatales se leen, desde el sindicato, como la prueba de una falta de planificación que ninguna cifra presupuestaria alcanza a disimular.

El cuerpo que vigila el monte, con al menos 96 agentes menos

Más allá de los retenes de bomberos forestales, hay otro colectivo clave en la cadena de prevención que ha visto reducida su plantilla mientras el presupuesto crecía: los agentes de medio ambiente. Se trata de los funcionarios que, en virtud de la Ley 3/2025 de Agentes Medioambientales de Andalucía, tienen la consideración de servicio público de intervención y asistencia en emergencias de protección civil, y que asumen tareas que ningún otro cuerpo cubre en el dispositivo: la vigilancia del territorio para la detección temprana de incendios, la gestión de las actuaciones durante el fuego, la inspección de las zonas afectadas, la prevención para reducir el riesgo, la participación activa en la extinción, la investigación de la autoría y las causas de los incendios forestales, y la colaboración en la restauración de las masas quemadas. Son, en definitiva, el eslabón más especializado de toda la cadena de prevención y extinción.

Según ha revelado La Sexta a partir de una respuesta de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente a una petición de transparencia, ese cuerpo contaba con 698 agentes en septiembre de 2025 y con 602 en junio de 2026, justo al arranque de la campaña de alto riesgo. Son 96 efectivos menos en apenas nueve meses, una caída del 14% de la plantilla. La propia Consejería ha detallado que en ese periodo se jubilaron 130 agentes medioambientales, mientras que solo se incorporaron 78 nuevos nombramientos, repartidos en tres resoluciones de la Secretaría General para la Administración Pública: 65 el 18 de septiembre de 2025, 10 el 7 de abril de 2026 y 3 el 14 de mayo de 2026. La reposición, por tanto, ni siquiera ha llegado a cubrir seis de cada diez bajas.

La propia Junta ha adelantado su justificación al facilitar estos datos: al no haberse podido aprobar la Ley de Presupuestos Generales para 2026, asegura no haber podido cumplir con la tasa de reposición prevista en la planificación de recursos humanos, y atribuye la merma al elevado número de jubilaciones producidas en el periodo. Esa explicación administrativa convive, sin embargo, con las palabras que el propio consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias en funciones, Antonio Sanz, pronunció el 1 de junio al presentar el dispositivo Infoca de este año, cuando garantizó que no existe en Europa un dispositivo de lucha contra incendios y emergencias que invierta como lo hace Andalucía, porque cada euro destinado a esta labor es, en sus palabras, un euro que salva vidas. El contraste entre ese discurso y una plantilla de agentes medioambientales un 14% más pequeña que nueve meses antes vuelve a situar la conversación en el mismo punto: el dinero anunciado no siempre se traduce en más ojos vigilando el monte.

Una reorganización que diluye la marca Infoca

Parte de la tensión tiene origen en un cambio estructural de fondo: la integración del operativo dentro de la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA), que ha absorbido al personal procedente de la antigua Agencia de Medio Ambiente y Agua. La propia normativa reconoce que el personal del Servicio Operativo de Extinción de Incendios Forestales ha visto ampliado el objeto de su intervención, antes limitado a los incendios forestales, para integrarse en un modelo de gestión integral de emergencias, lo que implica nuevas competencias sin que los sindicatos perciban un refuerzo equivalente de efectivos.

UGT ha calificado esa transición de “auténtico colapso”, atribuyendo la situación a la herencia de la anterior agencia y a la falta de previsión de la nueva EMA, y ha denunciado que bases recién inauguradas, como la de Hernán-Valle en Granada, llevan meses sin poder operar plenamente por falta de dotación de mobiliario básico, pese a una inversión millonaria en su construcción.

La propia Junta reconoce la magnitud del cambio: los nuevos acuerdos retributivos de mayo de 2026 hablan abiertamente de la “profunda reestructuración en la que se encuentra inmersa el operativo Infoca” tras su integración en la Agencia. Ese proceso ha generado además un conflicto salarial: el preacuerdo alcanzado con CCOO, UGT y CSIF sobre un nuevo complemento retributivo ha sido rechazado por la CGT y otros colectivos, que consideran que sustituye el histórico complemento de antigüedad por un sistema variable y con menos garantías.