Andalucía
La vivienda sigue a la sanidad y toma el camino de la ILP en Andalucía

Distintas organizaciones sociales presentaron durante la jornada del lunes una iniciativa legislativa popular (ILP) en el Parlamento andaluz para blindar el derecho a la vivienda en el territorio. Una estrategia similar a la que utilizó el movimiento en defensa de la sanidad pública que presentó más de 57.000 firmas para avalar una iniciativa contra las privatizaciones.

Esta nueva iniciativa denominada Ley de Garantía Habitacional y Función Social de la Vivienda en Andalucía busca dar respuesta a la crisis habitacional que vive la comunidad autónoma, donde 1, 37 millones de casas del total del parque inmobiliaria no tienen un uso de ser utilizada como vivienda según el Ministerio de Vivienda. En 2025 se produjeron un total de 6466 desahucios en todas las provincias y el precio tanto de alquiler como de hipoteca se encuentra en los máximos históricos.

 El texto recoge la creación de un Fondo Andaluz de Garantía Habitacional que entre otras cosas tenga como objetivo que la vivienda no sea mayor al 30% del salario de andaluzas y andaluces.

La propuesta está impulsada por seis entidades sociales entre las que se encuentra la Plataforma Antidesahucios (PAH), la Red Vecinal andaluza, la Plataforma por la Ley Integral de Barrios Vulnerables y Facua entre otras. El texto recoge la creación de un Fondo Andaluz de Garantía Habitacional que entre otras cosas atenga como objetivo que lo que invierte un andaluz o andaluza en la vivienda no sea mayor al 30% de su salario, así mismo busca declarar zonas tensionadas para que se controle el precio de la vivienda en esos espacios. Esta ILP busca además implantar una tasa turística en Andalucía y señala la necesidad de movilizar viviendas vacías para el uso habitacional.

Desde Facua insisten en exponer que la propuesta “ plantea el reconocimiento de la vivienda como un derecho subjetivo exigible y un servicio de interés general alejado de las dinámicas del mercado y la especulación, para revertir así un modelo que ha convertido este derecho en un mecanismo de extracción de rentas”.

El pasado noviembre el Parlamento andaluz aceptaba la ILP por la sanidad pública con los votos a favor de la mayoría absoluta del PP de Moreno Bonillas. Una decisión que se tomaba a sabiendas de que la convocatoria electoral impediría que se tramitara. Las Mareas Blancas, han firmado con el PSOE-A y con Por Andalucía un acuerdo a reactivar la iniciativa si llegasen al poder tras las elecciones del próximo 17 de mayo.