Asia central
La subida del precio del gas se cobra en Kazajistán su primer Gobierno

El presidente de Kazajistán, Kassym-Jomart Tokayev ha anunciado que acepta la renuncia del Gobierno de Askar Mamin y asume la jefatura del Consejo de Seguridad del país, después de que las protestas por la subida del precio del gas hayan devenido en enfrentamiento con la policía y en la quema de edificios en distintas ciudades del país, en las que se consideran las movilizaciones más importantes en el país desde el final de la Unión Soviética.

En un intento de aplacar las protestas, Tokayev se ha mostrado ambiguo sobre el papel que va a jugar Nursultan Nazarbayev, quien fuera presidente desde 1990 hasta marzo de 2019 y es el auténtico “hombre fuerte” de la nación y que, hasta que su predecesor ha dado un paso adelante, ha ejercido de presidente del Consejo de Seguridad Nacional de Kazajistán. El país también puede asistir en las próximas horas a la disolución del Parlamento y la convocatoria de nuevas elecciones.

Las protestas comenzaron por la carestía del precio del combustible —a pesar de que el país de Asia Central basa su economía en la explotación de carburante (fundamentalmente petróleo) y de fuentes energéticas como el uranio— pero eso no ha sido óbice para que las autoridades kazajas hablen de influencias extranjeras en las protestas. En pocos días, el precio del gas licuado del petróleo, utilizado en el transporte, se duplicó, lo que dio lugar a unas protestas que empezaron en la ciudad de Zhanaozen el pasado fin de semana y que se reproducen a temperaturas bajo cero.

Rusia, cuyo Gobierno es aliado, ha asegurado a través de su ministro de Exteriores que sigue atento a la situación. El Gobierno de Putin teme que la situación en su entorno pueda complicarse, en un momento en el que el conflicto con Ucrania parece a punto de degenerar aun más.

Tokayev ha querido detener las protestas aceptando el cambio de guardia en el Ejecutivo y relegando a Nazarbayev, pero ha declarado en una comparecencia televisiva que no se escatimará en mano dura para terminar con las protestas: “Actuaré lo más duramente posible”, ha declarado. 

El presidente se ha inclinado por pensar, y declarar, que las protestas obedecen a un plan “meticulosamente pensado de conspiradores, que estaban motivados económicamente”. Los observadores internacionales, sin embargo, consideran que la corrupción del país y la desigualdad exacerbada por la covid-19 son los principales factores que explican el actual estallido.

Alma Ata, la ciudad más poblada, entra en un estado de emergencia de dos semanas que se extiende a otras ciudades del país, se ha decretado un toque de queda en la capital, Nur-sultán, y el acceso a internet ha sido limitado en todo el país. Facebook, WhatsApp, Telegram son algunas de las aplicaciones prohibidas explícitamente por el Gobierno. 

Uno de los incendios más sonados ha sido el de la alcaldía de Alma Ata, pero la policía reporta daños a oficinas y más de 120 coches quemados, así como 500 manifestantes heridos como consecuencia de su actuación. 200 personas han sido ya detenidas, acusadas de actos de violencia en contra de los representantes de la ley, vandalismo y ataques contra instituciones estatales. La policía ha utilizado armamento menos letal como granadas aturdidoras, que ha sido utilizada por parte de los Mossos d'Esquadra en Catalunya, y gas lacrimógeno.