Ayuntamiento de Madrid
El Ayuntamiento de Madrid lleva a los tribunales a los últimos jubilados de los Apartamentos San Francisco

El Ayuntamiento de Madrid ha denunciado ante los tribunales de lo Contencioso-Administrativo a los últimos cuatro residentes de los Apartamentos San Francisco. Se trata de cuatro jubilados que habitan desde hace años en estos apartamentos municipales para mayores, tutelados pero en los que conservan su independencia, y que se negaron a marcharse entre finales de 2024 y junio del año pasado, cuando el Consistorio trasladó a la mayor parte de mayores con motivo de unas obras de mantenimiento del bloque.

“Están buscando la forma de echarnos, o a ver si nos asustamos y nos vamos”, declara a El Salto Alejandro, uno de los afectados, de 81 años, más de 15 viviendo en el edificio y cuyo testimonio a la Asociación Vecinal La Chispera difundido en redes ha vuelto a poner el asunto de actualidad. “Nos han denunciado a cada uno a un juzgado diferente para que no podamos tener el mismo abogado de oficio y complicarnos. Pero no me voy a cansar. Desde hace dos años una vez al mes me dicen que me van a echar, y yo no me voy”.

La pugna por los Apartamentos San Francisco se remonta a mayo de 2024, cuando se aprobó el proyecto de reforma integral del edificio. Situado en la calle Jerte, 1, en las inmediaciones de la Basílica de San Francisco el Grande, de la que recibe su nombre, en pleno barrio de La Latina. Los entonces más de 60 vecinos, todos jubilados y jubiladas que obtuvieron su residencia en ellos por cumplir una serie de requisitos, recibieron aviso de que debían trasladarse a diferentes residencias también municipales para permitir la obra.

Un grupo de mayores, de los que solo resisten cuatro desde junio de 2025, se negó a cumplir dicho mandato alegando que no era necesaria su salida por la naturaleza de sus trabajos y también que se los trasladaba a residencias fuera del barrio o incluso de Madrid. Igualmente, pasaban a pagar más del 80% de su pensión a los diferentes centros, por cuidados que, alegan, en la mayoría de los casos no necesitan puesto que todos los residentes se valían por sí mismos, en lugar del porcentaje mucho menor, para alquiler social, que aportaban ahora.

El expediente de la obra —tasada en 3,7 millones de euros y aprobada en septiembre de 2024— solo hablaba de “subsanación de patologías”, lo cual “en lenguaje técnico, por sí solo, no significa que exista riesgo de inseguridad”: AV LA Chispera

La Asociación Vecinal La Chispera, del barrio de La Latina, ha emitido un comunicado en defensa de los últimos residentes, en el que acusan al Ayuntamiento de Madrid de no haber dado razones técnicas convincentes para el desalojo. Añaden, además, que el expediente de la obra —tasada en 3,7 millones de euros y aprobada en Junta de Gobierno en septiembre de 2024— solo hablaba de “subsanación de patologías”, lo cual “en lenguaje técnico, por sí solo, no significa que exista riesgo de inseguridad”.

El aviso actual son notificaciones por parte de los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Madrid a estos cuatro vecinos en los que se les informa que se autoriza al Ayuntamiento a entrar en sus viviendas pero contra las que cabe recurso. Los cuatro las han recibido a lo largo de los últimos dos meses, en diferentes fechas, la última, la primera semana del actual mes de marzo.

Precisamente este jueves 5 de marzo, apenas un día tras la publicación del testimonio de Alejandro en redes y el comunicado vecinal, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid aprobó la resolución del contrato de obras manteniendo la nomenclatura de “subsanación de patologías” del centro de apartamentos tutelados. La no ejecución de los trabajos era una de las quejas principales de vecinos y residentes si la “urgencia” alegada no era “una excusa”.

“Esto se supone que se iba a caer pero no han movido ni un ladrillo. Estoy convencido de que el objetivo es derribarlo...”, insiste Alejandro, uno de los afectados, de 81 años y más de 15 viviendo en el edificio

“Llevo así casi dos años”, insiste Alejandro. “Esto se supone que se iba a caer pero no han movido ni un ladrillo. Estoy convencido de que el objetivo es derribarlo, que deje de existir, y se buscan la fórmula, para echarnos y para decir que se cae y hay que tirarlo”.

De fondo queda la cuestión, denunciada por los propios residentes y por las asociaciones vecinales, de una posible, aunque desmentida por fuentes municipales, jugada especulativa. Se debe al recuerdo de una gran operación inmobiliaria tumbada por los tribunales de tiempos del mandato de Alberto Ruiz-Gallardón como alcalde y heredada por Ana Botella, el llamado ‘mini-Vaticano’.

En 2007 se aprobó una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Madrid que preveía la cesión al Arzobispado de Madrid de la zona “Cornisa de San Francisco-Seminario” con una edificabilidad de 25.000 m2 para la construcción de una Biblioteca Diocesana, una Casa de la Iglesia con 200 plazas de aparcamiento, una Residencia para Sacerdotes y un hogar para indigentes. Denunciado por los varias asociaciones vecinales y la oposición, fue anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) en dos ocasiones, 2010 y 2011.

Aunque sobre el papel no existe ninguna operación similar en el horizonte, tanto los residentes como la Asociación Vecinal La Chispera afirman que es una de las razones para no marcharse: que creen que no podrían volver. Entre los casi 60 ancianos y ancianas que aceptaron el traslado se han producido quejas por el trato recibido, el dejar de disponer de sus propios fondos o la pérdida de autonomía en personas sin problemas de salud que la impliquen.

Las peticiones de la asociación vecinal al Ayuntamiento incluyen “la paralización de cualquier orden de desalojo inminente” o “el fin de la opacidad en el proceso, facilitando el documento técnico de la obra” 

El comunicado de La Chispera finaliza con una serie de peticiones al Consistorio que incluyen “la paralización de cualquier orden de desalojo inminente” o “el fin de la opacidad en el proceso, facilitando el documento técnico de la obra”. También exigen una garantía de retorno de todas las personas “expulsadas” de sus apartamentos en las mismas condiciones, “a todos los niveles, incluido el económico, en las que se han visto forzadas a abandonarlos”.

Finalmente, piden la “garantía de que el edificio va a seguir teniendo el mismo uso, es decir, apartamentos públicos y asistenciales para mayores y el “comienzo inmediato de las obras por partes, en tanto no exista una justificación real de la imposibilidad de este proceso, compatibilizando la vida en su interior de los cuatro residentes que todavía viven en los apartamentos”.