Baleares
El Parlament balear aprueba legalizar las construcciones en áreas inundables

El consenso ha sido imposible y la proposición de ley sobre simplificación administrativa de las Islas Baleares que contempla, entre otras cosas, permitir nuevas construcciones en áreas de riesgo, además de legalizarlas, se ha aprobado con los votos del Partido Popular y Vox. La formación popular, que gobierna en solitario en la comunidad, se había mostrado a favor de modificar el texto e incluir la imposibilidad de nuevas infraestructuras o viviendas en zonas inundables, pero el bloque de la izquierda exigía más. Ahora, habrá que esperar que el ejecutivo se autoenmiende, como ya ha anunciado, e incluya los cambios más adelante, lo que desde el partido socialista se califica como “una chapuza”.

Al debate de la proposición, que deriva de un decreto-ley aprobado y en vigor desde mayo, han acudido algunos miembros de los principales grupos ecologistas de Mallorca, entre ellos, el GOB (Grup d'ornitologia balear) . Su portavoz, Margarida Ramis, asegura que “lo que tenía que ser una norma para agilizar trámites se ha convertido en una herramienta para reducir las garantías de la ordenación territorial” y considera el gobierno de “irresponsable ante el cambio climático”.

Ley Cañellas

Durante la negociación de la norma, se han introducido nuevas enmiendas y transacciones. Uno de los cambios más criticados por los ecologistas ha sido la vuelta a una normativa abolida por el anterior pacto que databa de la época del popular Gabriel Cañellas, presidente de Baleares entre el 1983 y 1995. La ley establece que las edificaciones ilegales en suelo rústico prescriban a los ocho años y desde hoy vuelve a estar en vigor. Ramis considera que “no se puede asumir que las ilegalidades prescriban”. Para el GOB, “hay que mantener siempre la posibilidad de actuar y denunciar, como se prevé en las normas subsidiarias de los ayuntamientos y los planes urbanísticos y territoriales”.

La portavoz de los ecologistas declara que las actuaciones en este ámbito “tienen que hacerse teniendo en cuenta la emergencia climática"

La portavoz de los ecologistas declara que las actuaciones en este ámbito “tienen que hacerse teniendo en cuenta la emergencia climática, actualizando los mapas con rigor científico y adaptando la ordenación territorial a esta, y no viceversa”.

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Las posturas más alejadas durante la negociación han sido las de populares y socialistas. El gobierno autonómico considera que es necesario que las personas que ya son propietarias de una vivienda situada en una zona de riesgo “puedan autoprotegerse y que no se les caiga la casa encima”, según declaraba ayer el vicepresidente Antoni Costa. Por contra, la diputada Mercedes Garrido, acusaba al ejecutivo de velar solo “para unos pocos que tienen auténticos chaletarros en zonas inundables como, por ejemplo, Campos”.

Garrido ha formado parte de las negociaciones para minimizar los efectos del decreto-ley desde el principio y opina que se trata de una norma muy peligrosa, más allá de la gestión de las zonas inundables. “Modifica cincuenta normas de distintos ámbitos y no realiza ninguna mejora ni adapta ninguna al cambio climático”. Entre ellas ha destacado la eliminación de la prohibición de compra de nuevos vehículos diésel en 2025. “En la Ley de Cambio Climático y Transición Energética se establecía que a partir de enero no podrían adquirirse en Baleares nuevos coches que funcionaran con diésel. Pues bien, con los cambios introducidos en los últimos meses, esta comunidad se acogerá a la norma europea, que alarga la aplicación al 2035”.

Por otro lado, el decreto-ley ha supuesto también la desaparición de la Comissió de Medi Ambient del Govern Balear, un organismo que velaba por los proyectos y programas sujetos a una evaluación de impacto ambiental. Según el diputado de Més per Menorca, Josep Castells, “hechos como este demuestran que estamos ante el PP de siempre, el responsable de los grandes desastres urbanísticos”.

Si todo sale como está previsto, en las próximas semanas el gobierno autonómico presentará un decreto para prohibir nuevas construcciones en zonas de riesgo

Castells también ha lamentado que “con esta norma se presione aún más a los Ayuntamientos”, que tendrán que contestar a las peticiones de propietarios de viviendas en suelo rústico “en un plazo máximo de seis meses”. Si no, el silencio administrativo se considerará positivo y las viviendas pasarán a ser, automáticamente, legales.

Si todo sale como está previsto, en las próximas semanas el gobierno autonómico presentará un decreto para prohibir nuevas construcciones en zonas de riesgo, un hecho que, pocos días después del paso de la dana por el País Valencià, aún no se había planteado.