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Brasil
Lula acumula apoyos internacionales y en las ciudades de Brasil, que exigen castigo para los golpistas
Flávio Dino, ministro de Justicia de Brasil, ha detallado que ya son más de 1.500 las personas detenidas por el asalto a las sedes institucionales que el pasado domingo 8 de enero tuvo lugar en Brasilia por parte de partidarios de Jair Bolsonaro, derrotado en las urnas y fuera del cargo desde el 1 de enero.
El grueso de las detenciones, hasta 1.200, se produjo en la jornada del lunes, con la situación ya completamente controlada por el Gobierno. Además, se desmantelaron los campamentos desde los que salieron los asaltantes del Congreso Nacional de Brasil, el palacio presidencial de Planalto y el Tribunal Supremo, situados en los alrededores del cuartel federal militar de Brasilia. Se les acusa de un ramillete de delitos, el más grave el de golpe de Estado, pero también de otros como lesiones, desórdenes públicos, posesión de armas y robo.
Entre los identificados como participantes en el asalto están un sobrino de Jair Bolsonaro, un exconcursante de Gran Hermano, concejales y diputados provinciales, un general en la Reserva que ejerció cargos de responsabilidad en el Gobierno de extrema derecha en la anterior legislatura y un asesor del Ministerio de Defensa.
Ibaneis Rocha, gobernador de Brasilia, ha sido el principal responsable político señalado por la crisis provocada por el intento de golpe. Rocha, suspendido durante 90 días, es sospechoso de connivencia y omisión ante las pruebas de que se estaba pergeñando el intento de golpe. A su vez, el gobernador ha cesado a su director de Seguridad acusándolo de la misma connivencia.
El relato de O Globo, primera cadena de TV del país, indica que Lula da Silva se indignó el domingo al ver imágenes “de policías bebiendo agua de coco en lugar de frenar el avance hacia la Praça dos Três Poderes y tomándose selfies con los manifestantes”, lo que motivó que el Gobierno interviniese la seguridad pública del Distrito Federal.
Las imágenes de agentes de policía alentando a los bolsonaristas han dado la vuelta al mundo y otra prueba que señala al cuerpo es la negativa del Ejército a permitir a la policía participar en el desmantelamiento de los campamentos. Además, el dispositivo de movilización de los policías militares en Brasilia facilitó el acceso de los golpistas a la Praça dos Três Poderes, según ha señalado el propio Ministerio de Justicia.
En el momento del intento de golpe, apenas 140 efectivos seguían en la capital —otros 500 estaban movilizados en otros Estados— y se hizo caso omiso de los informes de inteligencia que alertaban de los preparativos del asalto. Lula Da Silva ha anunciado asimismo que la investigación debe centrarse sobre la financiación de los campamentos de los que partieron los asaltantes, el líder del Partido dos Trabalhadores ha esgrimido su experiencia en la lucha sindical para defender que los golpistas tuvieron que recibir financiación externa.
La Abogacía General de la Unión ha anunciado que bloqueará los fondos de aquellas empresas que se demuestre que han financiado esta operación, la investigación se focalizará también en las empresas de transporte que facilitaron el traslado de los golpistas en las horas previas al asalto.
Sidecar
Brasil mete la marcha atrás
Apoyo internacional
El Gobierno de Lula, no obstante y a pesar de los errores de seguridad, ha salido reforzado en las escena internacional. Joe Biden, presidente de Estados Unidos que en estos días participa junto a Justin Trudeau y Andrés López Obrador en la cumbre de los “Three Amigos” que reúne a los principales mandatarios norteamericanos, llamó a Da Silva para reforzar su apoyo, algo no tan habitual en el tratamiento por parte de la Casa Blanca del golpismo en Latinoamérica. Biden anunció que ha invitado a Da Silva a una reunión en Washington en febrero.
Dentro del Partido Demócrata, una serie de voces han pedido más contundencia en la respuesta. Congresistas como Alexandria Ocasio Cortez han pedido la extradición de Jair Bolsonaro, actualmente ingresado en instalaciones médicas en Orlando (Florida), “los Estados Unidos deben dejar de prestar refugio a Bolsonaro”, ha pedido la congresista niuyorquina. Joaquin Castro, congresista demócrata por Texas, ha acusado al expresidente de inspirar el ataque fascista del domingo y ha pedido a su Gobierno la expulsión a Brasil del político de extrema derecha. Pese a las evidencias, Bolsonaro ha intentado desvincularse de los hechos del pasado domingo.
Rio de Janeiro gigante!
— Mídia NINJA (@MidiaNINJA) January 9, 2023
Ato hoje na Cinelândia resistiu à chuva para combater o terrorismo e o golpismo nas ruas.
Vídeo: Lorrana Penna / @midianinja pic.twitter.com/KeFzzb1t0d
El apoyo al actual presidente se ha extendido casi sin excepción a toda la comunidad internacional. El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, así como los principales mandatarios latinoamericanos han reafirmado su respaldo a Lula Da Silva. En el interior, la jornada de ayer se cerró con una reunión del presidente con los gobernadores de los 27 Estados del país, el Frente Nacional de Alcaldes o la presidenta del Tribunal Supremo.
En las calles de Brasil, y en las de algunas ciudades europeas, ese rechazo al golpismo se ha traducido en una serie de movilizaciones que tuvieron lugar el 9 de enero. El color rojo característico de los simpatizantes del Partido dos Trabalhadores tiñó las calles de Sao Paulo, Porto Alegre, la propia Brasilia o Rio. Los lemas inciden en el rechazo a una posible amnistía a favor de los golpistas: #SemAnistiaPraGolpistas ha sido la etiqueta bajo el que se han englobado las fotografías y vídeos de las marchas en la red social Twitter.
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El CGPJ libra definitivamente de una sanción al presidente del TSJ que comparó al PCE con los nazis. De estos barros, estos lodos.
Se deben de investigar a todos los fascistas, tanto civiles como policías, que hayan participado en la marcha golpista.
Y no solo eso, sino ir directos a la financiación empresarial que lleva recibiendo Bolsonaro desde su irrupción en la política, pues ellos quieren mantener sus negocios extractivistas y de agronegocio saqueador.
En casos de golpismo fascista la pena de muerte si es necesaria y conveniente para evitar genocidios como los habidos en Chile, Argentina, España o Uruguay tras golpes de estado de los militarotes. Quien ha hierro mata ha hierro debe morir. Los cómplices de los golpistas son los pacifistas pazguatos y los socialdemócratas que facilitaron el ascenso de Hitler al poder
Totalmente en desacuerdo. Con la pena de muerte no sólo estás poniendo un peligroso precedente y violando los DD.HH más basicos, sino que encima estás siendo igual de asesino y violento de lo que son ellos... Al fascismo se le combate con movilización y formación política, no cayendo en su odio.
Por otro lado, quiénes permitieron el ascenso del fascismo fueron los grandes capitales, ese es el verdadero enemigo a destruir.
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