CaixaBank
Inquilinos de la antigua Obra Social “la Caixa” denuncian una escalada de acoso por parte de los nuevos fondos

En su día cumplieron los requisitos para acceder a los alquileres del programa de la Obra Social “la Caixa” en Pinto, Vicálvaro y Vallecas. No sospechaban que el programa acabaría cancelándose y sus edificios caerían en manos de fondos de inversión con otro objetivo: maximizar sus beneficios a su costa. Hoy, las 500 familias afectadas describen cómo el cambio de propietarios ha roto su vida: tras años de subidas de alquiler y “desahucios invisibles”, en 2025 recibieron la noticia de que sus contratos no se renovarán.

La venta que cambió sus vidas se produjo en octubre de 2025. InmoCaixa vendió las tres promociones a dos fondos: el de Pinto, a Farley ITG S.L; los de Vallecas y Vicálvaro, a Mosaic Propco S.L. Ambas entidades fueron creadas a la vez, comparten dirección social e ilustran cómo de largos son los tentáculos que envuelven el negocio de la vivienda: Mosaic, a través de una estructura societaria intermedia, tiene vínculos con North Haven Real Estate Fund X Global (un fondo inmobiliario del banco norteamericano Morgan Stanley).

A finales de año, sesenta de las familias afectadas presentaron una demanda contra CaixaBank con la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) Vallekas y el Sindicato de Vivienda de Moratalaz, mientras que aquellas con los contratos ya extinguidos siguen en sus casas pagando el alquiler. Ahora, se abre un nuevo capítulo: una escalada de prácticas de presión y acoso por parte de los propietarios para que dejen sus casas, consistente en llamadas y visitas constantes, “mediadores” con vínculos a empresas de desokupación, ofertas económicas a cambio de abandonar las viviendas, vigilancia 24 horas y visitas de inmobiliarias.

IMASS: tácticas de presión inmobiliaria

Desde hace semanas, los inquilinos describen el mismo panorama: llamadas y visitas constantes, en horarios inadecuados (“a las nueve de la noche un domingo”) y de forma insistente (“golpeando la puerta y diciendo tu nombre”). Estos visitantes se presentan como trabajadores sociales, mediadores, alguien que viene “a ayudar” e incluso se hicieron pasar por técnicos del IVIMA, una entidad que ya no existe  (que es hoy, la Agencia de Vivienda Social). Piden que confirmen sus datos —muchos vecinos muestran indignación al ver que sus datos personales están en manos de una empresa ajena a CaixaBank—, y negocian, de forma siempre individual, una salida del inmueble.

La misma persona que realiza las visitas acosadoras, Juan Víctor Mainer, aparece también como CEO de Rekupera Desalojos SLU, empresa de desokupación activa en Las Palmas empresa IMASS

Detrás de estos “mediadores” está IMASS (Administración y Gestión de Inmuebles Sociales SL.), empresa que ofrece supuestos “servicios de gestión” a inversores inmobiliarios. En su web reconoce la mala reputación del sector y su apuesta por un nicho de mercado que preserve la imagen de los inversores. Los vecinos del Ensanche de Vallecas los describen como unos 'desokupa premium': “Se dedican a hacer presión pero sin manchar la imagen de fondos de inversión”, dice David, que ha descubierto sus vínculos con una empresa de desokupación. El chief operations officer de IMASS y la misma persona que realiza las visitas a sus casas, Juan Víctor Mainer, aparece también como CEO de Rekupera Desalojos SLU, empresa de desokupación activa en Las Palmas, como indica en su propio perfil de Linkedin.

Las técnicas de IMASS no son violentas pero sí están generando “mucho malestar entre los vecinos” ya que recopilan de forma individual sus datos y situación personales (salario, hijos a cargo, desempleo, situación del contrato de alquiler, etc.) para usarla en las negociaciones. Algunos vecinos describen cómo son las visitas de Mainer: “Me avasalló en plan comercial rápido. En seguida me sacó mis datos”; “Si te pillan acobardado se te echa encima, en plan intimidatorio”; “Te sonsacan información para ver cuáles son los puntos débiles de cada uno y luego atacarnos”.

En una llamada telefónica con un inquilino de contrato ya vencido, a la que ha tenido acceso El Salto, Mainer le ofrece posibilidades explicando que “esto es una cosa extrajudicial”; le hace preguntas personales (cuánto podría pagar de alquiler, si hay otra persona viviendo con él), le advierte de que “los datos van a salir” y le dice que uno de los vecinos que ha participado en la demanda ya ha aceptado entregar la vivienda, una información falsa.

Llaves por dinero

Entre las tácticas de IMASS está ofrecer dinero para abandonar la vivienda, según los testimonios, entre 6.000 y 8.000 euros a personas con hasta cuatro años de contrato. Esta práctica, conocida como 'llaves por dinero', “se está utilizando como herramienta de presión reiterada para forzar salidas anticipadas”, dice la PAH de Vallecas. Además, los mediadores de IMASS han ofrecido ofertas de rebajas de alquiler o beneficios a unos vecinos a cambio de información de otros. La plataforma lo define como “un patrón de hostigamiento destinado a generar miedo, desgaste psicológico e inseguridad jurídica para acelerar el vaciado de las promociones”, y considera que podría suponer acoso inmobiliario.

Mientras, los pisos aparecen en portales inmobiliarios a precios inasumibles para quien actualmente los habitan. En Vicálvaro, 309.000 por un piso de 60 metros. En Pinto, donde los alquileres sociales van de 700 a 900 euros, sus viviendas de 80 metros cuadrados se ofrecen por 350.000 euros. “Si los tuviera, no estaría aquí viviendo”, dice Irene, una de las vecinas más antiguas de la promoción. Entró en 2013, entonces separada y con un hijo, y reuniendo los requisitos. “Nuestra historia económica está igual, tenemos profesiones que no son sueldos boyantes. Todo el mundo ha pagado religiosamente, hemos cubierto el mantenimiento de las viviendas, hemos actuado de muy buena fe”.

Sin embargo, todos los inquilinos se enfrentan al desalojo y sufren la visita de grupos de compradores en su bloque, a quienes las inmobiliarias no informan de la situación real del inmueble: “La urbanización presenta una serie de deficiencias. Nosotros, que llevamos viviendo desde el principio, las conocemos. Han ido haciendo pequeños parches para taparlo. Tiene derramas de muchísimo dinero, y de eso no le informan a la gente que quiere adquirir”.

Vicálvaro: vecinos bajo vigilancia

En Vicálvaro, lo primero que enseñan los inquilinos son las huellas de la falta de mantenimiento en sus paredes: goteras, grietas, humedades y enormes manchas de moho. Reunidos en el patio, hablan de un grifo que petardea, unas tuberías que huelen mal, agua amarillenta. En el grupo está Alfredo, en cuya vivienda una humedad se ha ido agrandando cerca de la cuna donde duerme su hija, las puertas de la cocina se han caído y en el salón tiene una enorme grieta.

“Somos personas de bajos recursos, pero tenemos derecho a vivir bien. En ningún momento hemos dejado de pagar. Tenemos nuestros contratos en vigor”, defiende Vanesa, inquilina de un piso junto a su hija

“A mí también se me ha caído una puerta, por suerte no dio a la pequeña”, dice Vanesa, otra de las vecinas. “Frente a la puerta de mi casa tengo una línea de moho, la niña y la perra tienen prohibido acercarse. Somos personas de bajos recursos, pero tenemos derecho a vivir bien. En ningún momento hemos dejado de pagar. Tenemos nuestros contratos en vigor”. Sin embargo, después de doce años, el suyo acaba en mayo. En su situación, en paro y madre soltera, con certificado de vulnerabilidad, no sabe qué hacer. “Ya me mandaron la carta de que tengo que abandonar la vivienda pero es que no tengo dónde ir”.

Sus alquileres, que comenzaron en torno a 200 euros, han subido a más de 600 y podrían alcanzar los 1.400. También han recibido las llamadas de IMASS, aunque en su caso han preferido no hablar con ellos individualmente.

Raquel, otra de las vecinas, describe su casa como “Guantánamo”. “Son técnicas de acoso y presión. Estos fondos funcionan así. Es bastante desgastante. Luego ves que vienen los compradores con los de la inmobiliaria, el otro día un grupo de 20 personas… te sientes en tu casa asediada”. Ella, tras 20 años viviendo en el edificio, también ha visto crecer aquí a sus hijos y está sola con ellos. “Tienen su vida aquí hecha, sus amigos, el instituto. Haces tu vida, te asientas en el barrio. Mi situación ha podido mejorar, pero al final soy madre con dos hijos, lo que gano es un solo sueldo. Es imposible pagar una hipoteca de 300 mil euros”.

Secuelas y resistencias

En Vallecas, Mercedes se lo toma con humor. Ha puesto en su puerta un cartel: “Por menos de 100.000 no molestéis”, y cuenta entre risas que ha surtido efecto. A ella, que cobra una ayuda de 480 euros para mayores de 52 años, IMASS le ofreció comprar su piso por 260.000 euros. “Les dije, si yo estoy en un alquiler social, ¿cómo voy a pagar esto?”. Su contrato termina el octubre y, como a todos sus vecinos, la situación le está afectando: tiene fibromialgia y diabetes, y asegura que el estrés está empeorando ambas enfermedades.

“Te metes en un sitio y crees que la empresa te da una garantía y a los once años, a la calle... ¿dónde ir con los precios de alquiler actuales? ¿Dónde me voy, a un puente, a un parque?”

“Cada vez que hablo con los servicios sociales, yo me rompo a llorar”, cuenta. “Te metes en un sitio y crees que la empresa te da una garantía y a los once años, a la calle. He sido una persona luchadora, y ahora con sesenta años, después de haber pasado malos tratos, de haberme reinventado, encuentro una casa donde puedo ya decir, hasta que me muera, y ahora…”. Repite la frase que sale de boca de todos: ¿dónde ir con los precios de alquiler actuales? “Yo con mi hijo no puedo volver porque vive con mi maltratador. ¿Dónde me voy, a un puente, a un parque?”.