Crisis climática
La Rebelión Científica a juicio: arranca el proceso contra nueve activistas por teñir de rojo el Congreso

Nuevo juicio contra activistas por el clima, y no será el último del mes. Este jueves comienza la vista contra nueve activistas vinculados a los colectivos Rebelión Científica, Extinction Rebellion y Futuro Vegetal que lanzaron pintura roja biodegradable —agua diluida con témpera roja— contra la fachada del Congreso de los Diputados el 30 de marzo de 2023.

Los nueve están llamados a declarar en el Juzgado de los Penal nº10 de Madrid y se enfrentan a una petición de penas de un año y nueve meses de prisión cada uno por un delito contra el patrimonio histórico, una petición que desde el grupo de encausados consideran “totalmente desproporcionada”, como señala a El Salto Belén Díaz Collante, ambientóloga que realiza funciones de portavocía del grupo además de ser una de las detenidas aquel día.

Belén Díaz: “Nos acusan de un delito de daños, pero el daño que estamos intentando evitar es muchísimo mayor”

“Tenemos derecho a libertad de expresión y estamos en nuestro derecho a la desobediencia civil, así lo reconoce la ONU”, señala, recordando que mediante esta forma de protesta se han conseguido muchos derechos. “Nos acusan de un delito de daños, pero el daño que estamos intentando evitar es muchísimo mayor”.

Además de la pena de cárcel, la Fiscalía pide al abono de una indemnización en conjunto de 5.863,98 euros al Estado en concepto de limpieza y restauración, aludiendo que el edificio de la Cámara baja tiene la máxima protección patrimonial y está catalogado como Bien de Interés Cultural, a pesar de que el liquido utilizado era inocuo y eliminable con agua.

No obstante, y aunque el juez podría dictar sentencia en contra del criterio de la Fiscalía, las encausadas ya han adelantado ese dinero. “Hemos preferido pagarlo para dejar claro que no queríamos hacer daño. Asumimos las consecuencias de nuestros actos. Naciones Unidas describe los criterios para una acción de desobediencia civil pacífica, y dentro de estos está que las personas que participen lo hagan público, lo hagan de manera no violenta y asuman que sus acciones tienen consecuencias”, declara la portavoz.

Una protesta con doble objetivo

La acción de aquel día se enmarcó en una doble protesta. Por un lado, el grupo de activistas, todos ellos vinculados a colectivos sociales centrados en la lucha contra la crisis climática, pretendía llamar la atención “en señal de protesta contra la inacción del Gobierno en materia de emergencia climática”, tal como señalaron en un comunicado. Calificaban de “insuficientes” las medidas llevadas a cabo por el Ejecutivo en relación a la necesidad de actuar de forma contundente, tal como alertaba entonces —hoy con más énfasis y menos tiempo de reacción— el Panel Internacional de Expertos sobre el Cambio Climático de la ONU en sus diferentes informes.

Por otro lado, se movilizaban contra lo que consideraron un “criminalización del movimiento científico”. Ese mismo día comenzaban a declarar ante el Juzgado 15 científicos y académicos por los hechos relativos a una acción similar realizada un año antes. Entre ellos se encuentran la ambientóloga Marta García Pallarés; el filósofo y matemático Jorge Riechmann; el director del Observatorio de Sostenibilidad, Fernando Prieto, y la propia Belén Díaz. 

Al igual que pide para los encausados por la acción de 2023, la Fiscalía solicitó contra los 15 acusados por la protesta de 2022 penas de 21 meses de prisión por un delito contra el patrimonio histórico

El 6 de abril de 2022 decenas de personas ataviadas con batas blancas arrojaron un líquido inocuo que simulaba pintura roja —en aquella ocasión agua con jugo de remolacha— sobre las escalinatas y las columnas del Congreso de los Diputados. “El retraso en la acción climática significa muertes”, alegaron entonces en un comunicado para justificar sus acciones.

Una Rebelión Científica contra la debacle de la crisis climática

La acción de 2022 se enmarcó en la semana por la Rebelión Científica, que contó con movilizaciones en 25 países y coincidió con la publicación del tercer capítulo del Sexto Informe de Evaluación del IPCC. En dicho texto, el máximo órgano de conocimiento global sobre la crisis climática alertaba de los drásticos cambios que se avecinaban si la humanidad no reducía las emisiones de gases de efecto invernadero. 

La protesta pretendía, además de exigir acciones al Gobierno, sumar a las filas de la lucha contra la crisis climática a personas del ámbito de las ciencias y la academia, dado el vasto volumen de evidencia científica sobre la crisis climática, sus causas y sus efectos presentes y futuros. Como apuntaba entonces Marta Rivera Ferre, investigadora del CSIC-UPV, en la rueda de prensa dada un día antes por Rebelión Científica: “La sensación que tengo es la necesidad de pasar a la acción. Estoy cansada de estar repitiendo durante 12 años prácticamente lo mismo”.

El martes 26 de mayo, tendrá lugar la vista oral contra las tres personas que fueron detenidas por el corte del puente de la calle Raimundo Fernández de Villaverde de Madrid que tuvo lugar en octubre de 2019

“En la primera acción participé con una sensación de deber y de impotencia, de lanzar a los cuatro vientos lo que estaba pasando”, relata Díaz, en cuyo currículo se encuentra el Climate Impacts Research Centre de Abisko (Suecia) o el Departamento de Ecología de la Universidad de Granada, donde ha estudiado cómo afectan las emisiones de gases de efecto invernadero a los ecosistemas del sur del país. “Hay un abismo entre cómo se actuó ante la situación de emergencia con el covid y cómo se actuó en 2020 cuando el Gobierno declaró la emergencia climática”, lamenta la ambientóloga.

En la segunda acción, sin embargo, Díaz relata que participó con la sensación de que, un año después, no se había hecho nada. “Decir eso, de hecho, es generoso. Se hacen cosas en sentido contrario: se sigue con los objetivos de crecimiento, con el turismo masivo, con la dependencia del coche, con el transporte de mercancías a larga distancia y con cadenas de consumo global que son un despropósito”.

Al igual que pide para los encausados por la acción de 2023, la Fiscalía solicitó contra los 15 acusados por la protesta de 2022 penas de 21 meses de prisión por un delito contra el patrimonio histórico, además de un pago de 2.592,29 euros al Estado en concepto de petición de responsabilidad y 713,57 euros más para el Ayuntamiento de Madrid por la limpieza del zumo de remolacha de la fachada del Congreso. Tal como confirma a El Salto otra de las detenidas en 2022, la ambientóloga Marta García Pallarés, tras la decisión de la Fiscalía de llevarles a juicio oral, actualmente se encuentran pendientes de que les citen para el mismo: “Creemos que va a ser antes de 2027”.

Nueva oleada de juicios climáticos

El de este jueves no es el proceso legal contra activistas climáticos de este mes. Apenas cuatro días después, el martes 26 de mayo, tendrá lugar la vista oral contra las tres personas que fueron detenidas por el corte del puente de la calle Raimundo Fernández de Villaverde de Madrid que tuvo lugar el 7 de octubre de 2019. Este consistió en una acción de protesta en la que participaron unas 300 personas, convocadas por las plataformas 2020 Rebelión por el Clima y Extinction Rebellion, varias decenas de las cuales fueron identificadas por la policía.

Las tres detenidas aquel día fueron la activista Marina M. Martínez; el responsable de la campaña de Energía y Cambio Climático de Greenpeace, Francisco del Pozo; y el profesor Jorge Riechmann. A todos ellos se les acusa de un delito de resistencia grave a la autoridad, el cual puede suponer penas de prisión de tres meses a un año.

A su vez, Riechmann es otro de los detenidos en la mencionada acción de 2022 en la puerta del Congreso de los Diputados, con lo que, de ser condenado en ambos procesos, su entrada en la cárcel podría ser efectiva al sumar ambas sentencias más de 24 meses de prisión. Es una situación en la que también se encuentra Belén Díaz, pues la suma de las peticiones de cárcel de las dos acciones en la fachada del Congreso suma 42 meses. No obstante, desde el grupo de encausadas por la acción de 2023 confían en que algo así no ocurrirá. “Considero que fue mi deber como ciudadana”, sentencia la ambientóloga.