Opinión
Transición justa: la habitabilidad del planeta como lucha de clases

El escenario en el que vivimos se está viendo modificado por unas nuevas condiciones. Desde hace muchos años ese escenario se está viendo constantemente alterado y cada vez más superado por el cambio climático. La transición justa, como instrumento para no dejar a nadie atrás y que nadie se vea perjudicado por las necesarias medidas de mitigación y adaptación, tiene que incidir en que la cantidad y la calidad del empleo no se vean erosionadas. Pero es más cosas y tiene más objetivos. Tiene que configurar una nueva forma de ser y estar en el mundo en base a interrogarse sobre quién produce qué, para quién y en qué condiciones.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el movimiento sindical a nivel mundial ya advierten de nuevas condiciones de trabajo originadas por el cambio climático que afectarán especialmente, aunque no solo, a quienes trabajan al aire libre. Se verá un incremento de la temperatura global y las olas de calor, mayor exposición a radiaciones ultravioletas, fenómenos meteorológicos extremos, incremento de la contaminación ambiental, mayor exposición a productos agroquímicos e incremento de enfermedades transmitidas por vectores. A eso cabría añadir cierres de empresas y ceses de actividades por motivos climáticos. De una u otra manera, la clase trabajadora tiene más posibilidades de pagar las consecuencias y volverse aún más vulnerable.

La clase trabajadora tiene más posibilidades de pagar las consecuencias de la crisis climática y de volverse aún más vulnerable

Las amenazas a la salud —a las cuales no todo el mundo es igual de vulnerable— y las generadas por el cambio climático serían un buen ejemplo, son un indicador que muestra la desigualdad en la distribución de costes y riesgos. La adaptación a ese escenario tiene mucho que ver con la clase social y con el territorio en el que se vive. Mitigar esto en el centro de trabajo implica algo a lo que las empresas son reacias: una organización más democrática del trabajo y una mayor participación de las personas trabajadoras para minimizar exposiciones a determinadas condiciones de trabajo.

Se requieren estrategias en ese no dejar a nadie atrás y en esa cantidad y calidad del empleo que no deben resentirse para que los costes no se transfieran a quien ya de por sí es la parte más vulnerable en el esquema de las relaciones laborales, y corre el riesgo de serlo más aún. Estrategias de formación y adaptación a un nuevo escenario combinado con un incremento notable de la protección social y de la investigación e inversión para la generación de nuevos nichos de empleo.

Pero no toda inversión ni todo empleo serán válidos en el escenario deseable. Por poner un ejemplo, construir un museo Guggenheim en una reserva de la biosfera que además es un espacio ya turísticamente saturado no es transición justa, por mucho que se pretenda argumentar que un museo en sí mismo tenga menos emisiones generadoras de gases de efecto invernadero que una industria electrointensiva. La supuesta cantidad de empleo que se generaría (poco hablan de la calidad del mismo los promotores de esta alocada iniciativa) jamás compensará el perjuicio que, entre otras cosas en forma de incremento de alquileres y precio de la vivienda, a la clase trabajadora de esa comarca le originaría una apuesta aún mayor por la turistificación. Estaríamos ante el mejor ejemplo de cómo hacer recaer los costes de la transición ecológica sobre las personas más vulnerables a través de la conculcación de su derecho a la vivienda para acabar expulsándolas de su entorno.

Menos aún puede considerarse transición justa desde ningún punto de vista que todo esto conlleve una muy importante inversión pública de la que se termine beneficiando en mucha mayor medida que nadie más una entidad privada como la Fundación Solomon R. Guggenheim. Es lógico que el proyecto haya generado una muy importante contestación social en Busturialdea, con la convocatoria de movilizaciones que desde CCOO no hemos dudado en apoyar, precisamente porque compartimos que quienes viven y trabajan en la comarca tienen otras necesidades mucho más reales y acuciantes.

El Covid-19 nos enseñó dos cosas: que se puede paralizar la actividad en caso de grave peligro para la salud y la vida y que se puede activar un escudo social que contribuya a paliar los efectos de una tragedia

La construcción de una carretera subfluvial bajo la ría para unir la rotonda de Artaza, en la margen derecha, con la de Ballonti, en la margen izquierda, tampoco es un modelo que nos acerque a la transición justa y menos aún a la movilidad sostenible. La propia Diputación Foral de Bizkaia ha reconocido que esta infraestructura generaría un “efecto llamada” sobre el uso del vehículo privado, incrementándolo un 33%. Las obras afectarían igualmente de forma muy grave a diversos centros educativos de las proximidades, lo que ha llevado a las centrales sindicales a pedir la paralización del proyecto.

En el momento en el que se escriben estas líneas han transcurrido ocho días desde el 29 de octubre de 2024, jornada en la que una DANA ha asolado comarcas del País Valencià. El número oficial de personas fallecidas supera las 200 y sigue habiendo decenas de desaparecidas. La gestión de la Generalitat Valenciana, que empezó por emitir las alertas mucho más tarde de lo debido, está siendo más que deplorable. El envío del aviso por parte de la Generalitat Valenciana habría sido determinante para salvar vidas y minimizar los efectos de la tragedia. Pero no fue así.

Podemos pensar que le generamos un problema al planeta, pero el problema se genera en mayor medida para nuestros modos de vida. Antes colapsarán nuestras sociedades de consumo que el planeta

Es más que obvio que la clase trabajadora es quien sufre todo esto y paga en mayor medida las consecuencias. Primero, en forma de personas muertas en su puesto de trabajo o cuando hacían desplazamientos vinculados al mismo, que las hubo y muchas. Pero también en forma de secuelas, pérdida de personas allegadas, pérdida o deterioro de viviendas o inestabilidad en el empleo e incertidumbre en el futuro de la relación laboral por los daños ocasionados en los centros de trabajo y las pérdidas económicas asociadas.

Hay pérdidas irreparables, pero ahora lo que urge son medidas que ayuden a paliar la situación que sufre la clase trabajadora. La pandemia del Covid-19 nos enseñó dos cosas: que se puede paralizar la actividad en caso de grave peligro para la salud y la vida y que se puede activar un escudo social que contribuya a paliar los efectos de una tragedia. Esto, que se relaciona con la transición justa, y la ayuda a las personas damnificadas es la prioridad.

No cabe ya aplicar medidas para frenar el cambio climático. El cambio climático ya está aquí y se muestra en toda su crudeza. Lo que hemos visto no deja lugar a duda sobre ello. O adoptamos medidas de mitigación de los efectos y de adaptación al nuevo escenario o el deterioro que tendrá nuestra calidad de vidahará imposible nuestra existencia.

Podemos pensar que le generamos un problema al planeta, y en cierta manera es así, pero el problema se genera en mayor medida para nuestros modos de vida. Antes colapsarán nuestras sociedades de consumo que el planeta y, cuando esto ocurra y nos veamos forzados a detener la agresión, este se regenerará. La paralización de la actividad turística durante el Covid-19 en Venecia hizo que la pureza, calidad y transparencia del agua de los canales se incrementase. Y es que cuando el ser humano se ve obligado a detener sus desmanes y excesos,  el planeta lo nota.

La crisis climática que origina el capitalismo saca el conflicto capital-vida del centro de trabajo y lo extiende a la sociedad

En su célebre Problemas de legitimación en el capitalismo tardío Jürgen Habermas plantea que la oposición de intereses entre las clases sociales puede permanecer latente en el marco de un régimen de poder legítimo y reconocido. No obstante, tan pronto como los recursos económicos no fuesen suficientes para resarcir a las víctimas del propio crecimiento del capitalismo o para satisfacer sus necesidades, el propio estado tendría que paralizar ese crecimiento.

Quitando esto último (al menos de momento), estamos en un escenario parecido. Dentro del centro de producción y de las relaciones laborales el conflicto capital-trabajo siempre ha sido a la vez un conflicto capital-vida. La crisis climática que origina el capitalismo saca ese conflicto capital-vida del centro de trabajo y lo extiende a la sociedad. Una transición ecosocial justa para toda la sociedad, como forma de ser y estar en el mundo, es el instrumento que neutralizaría este escenario dramático.