Cárceles
De la celda al estigma social

Centro Penitenciario Madrid III, Valdemoro. Sábado, día de visita. Es aún temprano. Los familiares de los presos llegan con cuentagotas y depositan sus objetos metálicos en una de las consignas. Instantes después de entregar su documentación a los funcionarios, que realizan las comprobaciones pertinentes de manera fría y mecánica, acaban perdiéndose por los amplios corredores que dan acceso a los locutorios y a las salas habilitadas para los vis a vis.

En este vestíbulo, que se asemeja a la sala de espera de un ambulatorio, una docena de voluntarios y un periodista, ataviados con indumentaria deportiva para disputar un torneo cuadrangular de fútbol sala en el polideportivo de la instalación, recibimos una acreditación amarilla en la que figura su número de visitante y nos disponemos a atravesar la primera de las pesadas puertas que dan acceso al recinto penitenciario. El grupo avanza a través de los pasillos. Numerosos barrotes verdes, que jalonan las estancias, dan paso a un patio que contiene un sendero visiblemente desgastado por donde los presos caminan en círculos.

Francisco Mata, de Darse, una asociación que a lo largo de casi 20 años ha desarrollado programas de reinserción en las prisiones madrileñas, se encuentra entre los voluntarios. Nos reunimos días antes de la visita al Centro Penitenciario Madrid III en una concurrida cafetería de Pinto. Mata cuestiona que el Estado le dedique el esfuerzo necesario a la rehabilitación de las personas presas. El artículo 25.2 de la Constitución es esclarecedor cuando asegura que “las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social”, pero, para el voluntario, la realidad es bien distinta: “La Administración hace que el preso cumpla su condena. Cuanto más larga sea, mejor. Pero está demostrado que, cuanto más tiempo tienes a una persona en prisión, más se le endurece el corazón y más se le acrecienta el odio”.

“El Estado no da nada y, como no somos una ONG a nivel nacional, la casilla de la declaración de la renta no nos sirve”

Tras las palabras de Mata subyace una crítica a los organismos competentes en la reinserción social por descargar parte de sus responsabilidades en organizaciones como Darse. La asociación desarrolla terapias con perros y talleres de ajedrez o flamenco; avala a mujeres presas que no tienen familia para que puedan salir de permiso y las acoge en un piso; contribuye a la rehabilitación de los privados de libertad con un psicólogo, un educador y una abogada —más otra veintena de voluntarios— que trabajan de manera altruista… Y su única fuente de financiación son las aportaciones de sus socios. “El Estado no da nada y, como no somos una ONG a nivel nacional, la casilla de la declaración de la renta no nos sirve”, lamenta Mata.

Las cárceles españolas acogían a 58.951 personas presas en septiembre de 2019, últimas cifras publicadas por Instituciones Penitenciarias. Son 54.531 hombres y 4.420 mujeres. El Space de 2018, un informe anual del Consejo de Europa que recoge las estadísticas penitenciarias de sus 47 países miembros, revela que a fecha de enero de 2018 ningún otro país europeo tenía más mujeres encarceladas. Del total de personas presas, un 31% volverán a delinquir cuando salgan en libertad en un plazo de 12 años, según un informe interno del Ministerio del Interior.

Si bien es cierto que hoy en día hay un 30% menos de reclusos que hace una década, en parte gracias a los Servicios de Gestión de Penas y Medidas Alternativas (SGPMA), pero también al considerable descenso de reclusos extranjeros durante los años de la crisis —el sindicato Acaip cifraba en su Informe de Prisiones Españolas de 2016 el descenso de presos de otros países en un 34% entre 2009 y 2015—, España está por encima de la media europea en los ratios de población penitenciaria —126,7 por cada 100.000 habitantes, frente a 123,7— y en la media de meses en prisión —21,7 meses, frente a 11,3—; y muy por debajo en lo que se refiere al gasto diario por preso —60,8 euros frente a 128—, según el Space 2018.

“La prisión es muy desconocida para la sociedad”, continúa Mata. Un recluso que empuja un carro con ropa sucia abate la mirada y cede el paso a los voluntarios. Unos pasos más adelante, dos internos con ropa de calle esperan ansiosos a que otra puerta metálica se descorra para disfrutar de su permiso de fin de semana. “Lo único que se sabe de la cárcel es lo que ponen en la tele. Dicen que España está llena de asesinos y violadores, pero es uno de los países con índices más bajos de delincuencia y más número de presos”.

Los datos corroboran sus declaraciones: España tiene una tasa de criminalidad de 45,6 delitos por cada mil habitantes, según el Instituto Nacional de Estadística, una cifra mucho más baja que la de Alemania (67,1) o Suecia (153,2). Se podría argüir que no importa tanto el número de delitos como la gravedad de los mismos, sin embargo, Eurostat cuenta con estadísticas desagregadas que ponen de manifiesto la baja tasa de homicidios de nuestro país (0,7, frente a los 1,4 por cada mil habitantes de Francia), o de violaciones (2,98, frente a las 31,6 de Dinamarca).

España es un país con bajos índices de criminalidad que impone condenas muy largas, y no es casualidad. El catedrático de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Madrid Juan Antonio Lascurain opinaba en un seminario en la Universidad de Navarra que la última reforma del Código Penal (2015) es un buen ejemplo de lo que se ha definido como populismo punitivo: “La tentación política de aparentar que se resuelven problemas sociales con leyes ad hoc y muy duras, que aparentemente dan más seguridad, en lugar de hacer políticas sociales más costosas y más pacientes”. Una tendencia a la que contribuyen los medios de comunicación, trasladando una sensación de inseguridad que no se corresponde con la realidad, y partidos políticos como el Partido Popular o Vox, que insisten en endurecer las penas mientras abogan por ampliar los supuestos de aplicación de la prisión permanente revisable.

Entretanto, en el área sociocultural del Centro Penitenciario Madrid III, un espacio que tiene capilla, salón de actos y aulas donde se imparten clases y talleres, los voluntarios se enfundan unos petos distintivos que llevan la enseña de un conocido equipo de fútbol. Un estor de arpillera permite entrever algunos rayos de sol tras los barrotes del vestuario; se intuyen briznas verdes de hierba en el horizonte. El calor es asfixiante en el polideportivo y entra poca luz. El delantero del equipo rojo, un recluso atlético y espigado, aprovecha la pista resbaladiza como una ventaja competitiva. Permite a sus rivales que se lancen a por la pelota, frena en seco y dispara; ha anotado ya cuatro goles.

Durante los descansos que permite cada encuentro, los voluntarios intercambian impresiones. Antonio, que no juega porque tiene rotos ambos meniscos y suele colaborar en la cárcel de Ocaña, se queja de “las elevadas condenas por drogas”. La mitad de los reclusos se encuentran en prisión por delitos relacionados con los robos (30,8%) o las drogas (19,3%), según el Space de 2018. Estas últimas pueden acarrear penas de hasta nueve años en los supuestos de cantidades de notoria importancia.

“Hay condenas que son muy altas. Es excesivo que a un falsificador de tarjetas le caigan cuatro o seis años”, apunta Mata, quien considera que “las prisiones están deshumanizadas” y que es la administración penitenciaria la que “debería invertir en más personal para trabajar directamente con el individuo”. “Con estas personas hay que trabajar personalmente. No los puedes tener en grupo o en talleres donde hay mucha gente. Es necesario un vis a vis con un buen psicólogo y trabajadores cualificados de la administración penitenciaria. Fíjate en los ratios: un psicólogo para 200 o 300 presos”, subraya el voluntario.

16.000 personas trabajan en vigilancia —uno por cada tres presos—, mientras que 893 lo hacen en labores sanitarias —uno por cada 56 reclusos—

Hasta 1.763 personas trabajan en el área de tratamiento de las prisiones estatales, excluyendo Catalunya, que tiene las competencias transferidas desde 1984. Es decir, un psicólogo, sociólogo, educador, pedagogo o trabajador social por cada 28 personas. 16.000 personas trabajan en vigilancia —uno por cada tres presos—, mientras que 893 lo hacen en labores sanitarias —uno por cada 56 reclusos—, según datos proporcionados a este medio por la Secretaría de Instituciones Penitenciarias. Desde este organismo, que pone en valor el trabajo de las ONG que desarrollan actividades orientadas a la reinserción en las cárceles, apuntan que en las prisiones también se imparten clases de educación para adultos, de la UNED, de español para extranjeros o de conducir. “Reconocemos que durante los años de crisis ha habido una congelación de empleo público, que se está subsanando poco a poco, pero programas de tratamiento hay muchos y muy variados”, explican.

“Uno solo cambia si quiere”

Susana Díaz, de la asociación Con Un Pie Fuera (Cupif), coincide con Mata en la necesidad de trabajar directamente con los presos. En una charla previa a la visita al Centro Penitenciario Madrid III en la sede de la asociación manifiesta su preocupación por “la falta de recursos” para trabajar con los privados de libertad. “Los reclusos que van a tener condenas largas piden ayuda. El problema es que muchas veces los programas de intervención están enfocados a internos a los que les falta un año para acabar la condena. Y si son 30 años, en los 29 restantes no pueden entrar”, apunta Díaz. De esa forma, las intervenciones “se hacen en lo más inmediato: para pasar el permiso”, cuando lo ideal sería, tal y como hace Cupif, “trabajar con los presos incluso desde que están preventivos”.

De vuelta a Valdemoro, los equipos que juegan en casa han sabido sacar ventaja a su condición de locales y disputarán la final por el título. Unos instantes antes, uno de los reclusos atiende a El Salto bajo la condición de mantener el anonimato. “La reinserción en prisión es nula. Uno solo cambia si quiere”, explica José (nombre ficticio), que define la vida en la cárcel como “monótona”. “Si eres sumiso se te abren más puertas. Si te sometes, los educadores te ayudan, pero nunca les tienes que llevar la contraria. Intentan anularte”.

“Hay muy pocos presos que tengan la posibilidad de tener un empleo en los talleres. Y yo creo que, si has estado trabajando en una empresa de tornillos, por ejemplo, deberías poder salir y que te contrate la misma compañía u otra relacionada”

José no trabaja en la cárcel, aunque si quisiera hacerlo no sería sencillo. En septiembre, 12.227 reclusos tenían algún oficio en prisión, uno de cada cuatro, según Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo. “Hay muy pocos presos que tengan la posibilidad de tener un empleo en los talleres. Y yo creo que, si has estado trabajando en una empresa de tornillos, por ejemplo, deberías poder salir y que te contrate la misma compañía u otra relacionada”, apunta Mata mientras señala la importancia que tendría “crear un sindicato de presos para reivindicar mejores condiciones de trabajo”.

Al finalizar la condena, uno de los problemas a los que se enfrenta una persona que ha cumplido su pena en prisión es, precisamente, la falta de trabajo. “¿Qué empresario va a contratar a un preso?”, se pregunta Mata, quien lamenta que “todavía se exijan” certificados de antecedentes penales para optar a un puesto de trabajo. La cárcel marca con una huella indeleble al que se ha hospedado entre sus muros: “Desde que entras en prisión, estás estigmatizado para toda la vida”, observa el voluntario de Darse.

Desde Instituciones Penitenciarias también ponen el foco en que, aunque las actividades que desarrolla esta Secretaría preparan a los presos para “la vida en libertad”, es en la calle cuando “empieza la reinserción de verdad”. Por ese motivo, el trabajo de Cupif no finaliza cuando acaba la condena de un preso. Susana Díaz subraya la importancia de “hacer un seguimiento” de los internos que abandonan la cárcel después de largas condenas. “Para ellos es muy difícil cuando no hay apoyo. No tanto por el estigma sino por las barreras que ellos mismos se han puesto. Las mismas habilidades sociales que les funcionan en prisión, en la calle no les sirven. La cárcel se ha encargado de poner barreras y cuesta derribarlas. Estamos en esa lucha y los resultados son interesantes porque ellos mismos buscan y piden ayuda”, señala la voluntaria.

A José aún le falta tiempo para alcanzar el final de su condena, pero podrá disfrutar próximamente de su primer permiso. Mientras los jugadores del equipo triunfador celebran tímidamente la victoria, enumera sus planes: “Voy a comer bien, a disfrutar, a oler la calle. Quiero ir a hacer la compra y dar vueltas. Cosas que para ti son normales, como levantarte por la noche, ir a la nevera y comer un yogur; o subir y bajar de casa cuando quiera. Eso es lo que quiero hacer”.

—¿Y qué harás cuando abandones la prisión definitivamente?
—Saldré más rabioso, pero me lo tomaré con más tranquilidad y más cabeza. Me gustaría formar una familia y abrir un negocio de peluquería y uñas para mujeres.

Finaliza el torneo y los equipos se saludan deportivamente. Presos y voluntarios se abrazan y desaparecen por puertas distintas.