Castilla-La Mancha
Cuatro años y medio de cárcel por recuperar el pueblo de Fraguas

Han pasado cinco años desde que Lalo Aracil y varios compañeros decidieron dejar Madrid y rehacer su vida lejos de la ciudad. Su destino fue Fraguas, en Guadalajara, una localidad que dejó de existir hace 50 años, por decisión de Franco, que ordenó su demolición para la reforestación del monte con pinos.

El próximo viernes, 25 de mayo, seis de ellos serán juzgados por delitos medioambientales, contra la ordenación del territorio y por usurpación. La Fiscalía pide para cada uno de ellos seis años y seis meses de cárcel además de multas que rondan los 10.000 euros por cabeza.

“En 2013 coincidimos dos grupos que teníamos inquietudes parecidas de vuelta al campo, de vida sostenible, de autogestión, y con ganas de movernos en círculos de más autogobierno, con estructura de toma de decisiones asamblearias”, explica Aracil a El Salto sobre los motivos que les llevaron a comenzar a vivir en Fraguas. “Pensamos que el mejor sitio para hacerlo era el campo, así que nos echamos la manta a la cabeza y nos vinimos para acá”.

Cinco años de trabajo para reconstruir un pueblo

Fraguas está localizado en el Parque Natural de la Sierra del Norte de Guadalajara, aunque, según apunta Lalo, “de parque natural tiene poco porque lo han destrozado, lo es por los cupos de zonas protegidas que tiene que haber”.

Al llegar se encontraron con los restos de las casas que los antiguos habitantes de la población tuvieron que abandonarla y los casquillos de bala repartidos por el monte resultado de las prácticas de tiro del ejército en la zona. “No es permisible hacer un nuevo núcleo de población, pero sí se puede la zona utilizar para hacer prácticas militares y que tiren petardos. Es por intereses económicos”, denuncia Aracil.

Se pusieron manos a la obra. “En 2013 ya rehabilitamos la primera casa”, recuerda Aracil, quien señala que, lo primero a lo que se dedicaron al llegar fue a hacer algo de huerta y preparar una casa en la que se pudieran cobijar cuando llegara el frío del invierno. En la actualidad ya son tres las casas habitables en el pueblo y una huerta que les da frutos para autoabastecerse y poder vender. “Hacemos productos artesanales para financiarnos. Los primeros años han sido de mucha precariedad porque no había nada absolutamente y hemos hecho las estructuras. Mientras hemos vivido muy precarios. Ahora hemos cogido experiencia y vamos teniendo más espacios y la vida es más fácil”, relata Aracil.

En este tiempo también han realizado dos reforestaciones en la zona con vegetación autóctona. “La última fue la más grande, la realizamos de la mano de la asociación universitaria Malayerba y con el colectivo ecológico de la UAM [Universidad Autónoma de Madrid]. Vinieron 60 personas y se plantaron 120 árboles, sobre todo quejigos, roble quercus pyrenaica y espino albar, y también pusimos coscojas y encinas”, detalla.

La zona reforestada, un antiguo pinar, había sido arrasada por un incendio en 2014. “Fue provocado por una cosechadora y, como los pinares están semiabandonados y la densidad de pinos es exageradamente alta, aquello ardió como un polvorín”, recuerda.

Pero no fue fácil. Según explica Aracil, ya desde el primer día sufrieron el acoso por parte de los guardias forestales. “Nos pusieron multas de todo tipo: por circular, por hacer huerta… por cualquier motivo”. Tampoco les han permitido que se empadronen en Monasterio, la localidad más cercana, ya que en Fraguas no existe Ayuntamiento.

En los últimos meses, para sumar obstáculos, denuncian que desde la Junta de Castilla-La Mancha les han puesto una cadena que les bloquea la principal entrada al pueblo. “Es para que no podamos entrar ni salir con vehículos, así que, como tengamos una urgencia, o un accidente, no podrán venir ni podremos salir corriendo”, alerta Aracil. “Hay otras entradas, pero la rápida, que es esa, está cortada”, añade.

Cuatro años y seis meses de cárcel

En 2015 les llegó la primera citación, que fue por usurpación. La querella la había interpuesto la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, propietaria de los terrenos desde que el pueblo dejó de existir oficialmente. La Fiscalía pedía seis meses de cárcel para cada una de las seis personas a la que identificó.

Pero la causa contra ellos siguió creciendo. En 2017 recibieron una nueva acusación por parte de la Junta de Castilla-La Mancha, esta vez por delitos contra el medio ambiente y contra ordenación del territorio, por los que pedían para cada uno de ellos dos años de cárcel por cada uno de los dos delitos. “Además nos exigieron el pago de 17.000 euros de fianza para la demolición de las casas”. En total, cuatro años y seis meses de cárcel y multas que rondan los 10.000 euros para cada uno de ellos. 26 años de cárcel y 60.000 euros entre los seis.

“Nos acusan de delitos contra la ordenación del territorio porque la zona está catalogada como monte, pero es un pueblo, no estamos haciendo ninguna casa de nueva planta”, señala Aracil. “Nosotros consideramos que esto sí es un pueblo, no como ellos, que han decidido borrar pueblos y memoria de sus archivos”, añade.

“No tenemos miedo y queremos que vamos a aguantar aquí digan lo que digan los jueces. Creemos que aunque sea ilegal es positivo lo que estamos haciendo. queremos seguir aquí”, concluye. El próximo viernes hay convocada una concentración frente a los juzgados de Guadalajara y ya hay 70.000 personas que han apoyado con su firma el proyecto de repoblación en Fraguas.