Caza
El Defensor del Pueblo pide a la Junta de Extremadura que dejen de celebrarse monterías dentro del Parque Nacional de Monfragüe

Tras tres peticiones de información a la Consejería para la transición ecológica, finalmente la Junta de Extremadura ha respondido y el Defensor del Pueblo ha podido analizar las monterías con rehalas dentro del Parque Nacional de Monfragüe y emitir unas recomendaciones. Desde la asociación ecologista esperan que, tras el detallado análisis de la situación, desde la Administración extremeña se haga caso a estas recomendaciones del Defensor del Pueblo.

La queja denunciaba la práctica habitual de actividades cinegéticas, y en particular de monterías, en el Parque Nacional de Monfragüe, con el pretexto de que es necesario realizarlas para controlar la población de
ungulados, principalmente ciervos y jabalíes. Ello pese a que la Ley 30/2014 de Parques Nacionales prohíbe la caza deportiva y comercial en estos espacios naturales protegidos. Ecologistas Extremadura puso esta queja el 10 de Septiembre de 2018 porque, afirman, “las actividades cinegéticas que la Administración autoriza implican un riesgo para las especies protegidas, que pueden ser molestadas, abatidas por los cazadores o atacadas por los
perros de caza”. Además, añaden, “la mayoría de los lugares donde se practica la caza son las de mayor valor ecológico y no son de acceso público”.

Desde el año 2017 ininterrumpidamente se vienen realizando “acciones de control” tipo montería, la mayoría con suelta de perros de rehala, con un mínimo de 11 y un máximo de 27 cada año. La mayoría de actuaciones se producen en zonas de uso restringido, convirtiendo esta práctica en norma, cuando debería ser algo excepcional.

Desde 2014 se realizaeste tipo de prácticas para el control de poblaciones en el Parque Nacional de Monfragüe sin las garantías científicas y el control administrativo

La respuesta del Defensor del Pueblo indica que  puede constatarse que “no se ha aprobado el Plan de Acción Selectiva de ungulados en el Parque Nacional, tal y como exige el PRUG. Este daba un plazo máximo de dos
años desde su entrada en vigor (el 25 de febrero de 2014) para su elaboración, plazo que ha transcurrido con creces”.

El Plan de Acción Selectiva debe contener los criterios que deben asegurar que la densidad de ungulados, especialmente de ciervo y jabalí, no comprometa un estado de conservación favorable de las formaciones vegetales. Esas directrices deben tener fundamento en informes técnicos y científicos actualizados. Pese a lo anterior, desde 2014 se realizaeste tipo de prácticas para el control de poblaciones en el Parque Nacional de Monfragüe sin las
garantías científicas y el control administrativo que supone la elaboración del Plan y que el PRUG exige.

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El Defensor de Pueblo ha detectado “insuficiencia de informes técnicos y científicos que respalden la necesidad de las acciones de control de poblaciones y falta total de datos sobre seguimiento de su eficacia”.  La Consejería no ha remitido ninguno de los informes técnicos que sirven de base a los Programas Anuales de Acción Selectiva ni a las autorizaciones que se vienen otorgando desde la creación del Parque Nacional de
Monfragüe en 2007.

La Administración, según Ecologistas Extremadura, no está cumpliendo las exigencias establecidas en el ordenamiento jurídico en cuanto a la información científica de la que debe disponer para justificar las acciones de control cinegético.

Por lo demás, la información recibida de la Administración permite comprobar que desde la declaración del Parque Nacional de Monfragüe se autorizan acciones de control cinegético de poblaciones en fincas
privadas todos los años (entre 11 y 27 autorizaciones anuales), deduciéndose de dicha información, aunque la Administración no ha explicitado ese dato, que en estas fincas se emplean prácticas cinegéticas
tipo montería. 

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