Centrales nucleares
El cierre inmediato de Almaraz: una oportunidad para Extremadura y el fin de una estafa

Más allá de la imperiosa necesidad del cierre de la Central Nuclear de Almaraz debido a su seguridad degradada y a la imposible y eterna gestión de sus residuos -obviando que dichas instalaciones jamás debieron ser construidas, entre muchos otros motivos por la peligrosidad que han demostrado los diversos accidentes nucleares que se han producido a lo largo de la Historia, como el de Fukushima- se producen una serie de circunstancias de índole social y económica que conviene tener en cuenta.

En primer lugar, hay que hacer notar que hasta el año 2005 la gestión de los residuos nucleares la hemos estando pagando en el recibo de la luz y que, además, hemos estado pagando entre 1994 y 2015 a eléctricas y bancos la moratoria nuclear que se adoptó en 1984, lo que implicó abonar un sobrecoste de casi 6.000 millones de euros, que se han sumado a unos activos que también fueron sobrevalorados. Estos pagos se han hecho también con cargo al recibo de la luz, no importa si la electricidad viene de la nuclear o no.

Hasta el año 2005 la gestión de los residuos nucleares la hemos estando pagando en el recibo de la luz

A partir de 2005, la Empresa Nacional de Residuos Radioactivos S.A. (ENRESA), una empresa pública creada para este fin, recauda un canon a las empresas explotadoras de las centrales nucleares para costear la gestión de los residuos y el desmantelamiento de las centrales. En el 6º Plan General de Residuos Radiactivos de 2006 se estimaba dicho coste en casi 14.000 millones de euros. Actualmente, los fondos de que dispone ENRESA son de unos 5.000 millones de euros y la actualización de los costes de gestión y desmantelamiento podría elevar la cifra a unos 20.000 millones de euros.

Hay, por tanto, un desfase de unos 6.000 millones de euros, superior a los fondos disponibles. Actualmente, el gobierno está renegociando esta tasa con las eléctricas para que, presumiblemente, cubra estos costes; pero el proceso se está realizando con poca transparencia y, dada la trayectoria de los diversos gobiernos -ya sabemos lo bien engrasados que están los ejes de las puertas giratorias-, cabe tener poca confianza.

La sociedad no debe admitir de ninguna manera que una vez más los costes se socialicen para beneficiar a compañías con cuantías multimillonarias basadas en la producción de energías sucias, tasadas de forma injusta sin tener en cuenta sus verdaderos costes de producción, ya que como consecuencia tenemos una de las facturas de la luz más caras de Europa.

Por si fuera poco, los planes de gestión de residuos radioactivos solo cubren en el tiempo dicha gestión hasta 2070, es decir, que a partir de entonces su gestión va a ser costeada sí o sí con fondos públicos durante miles de años. ¿Es calculable ese coste? Se trata de una estafa de proporciones mayúsculas.

El sumatorio de la fuerza de trabajo del desmantelamiento más las nuevas iniciativas superaría con mucho el número de puestos de trabajo actual

La Administración autonómica no está poniendo trabas a la extensión de la vida de Almaraz bajo el pretexto de que no existen alternativas económicas para la comarca de Campo Arañuelo, alternativas que en gran medida son responsabilidad del gobierno autonómico. ¿Dónde está dicho plan? Para empezar cabe reseñar que según los estudios referentes al desmantelamiento de Vandellós I, sabemos que se pueden mantener los puestos de trabajo que tiene actualmente la Central Nuclear de Almaraz mediante su necesario desmantelamiento, proceso que puede durar más de 15 años, lo que es un tiempo más que suficiente para generar alternativas para la comarca, que deberían estar ya planteadas mediante procesos participativos y enfocadas a la sostenibilidad. El sumatorio de la fuerza de trabajo del desmantelamiento más las nuevas iniciativas superaría con mucho el número de puestos de trabajo actual.

Sin embargo, el entorno de la Central Nuclear de Almaraz, en un ejercicio de insolidaridad, falta de delicadeza y mal gusto, sale a la calle precisamente el día en el que se conmemora la tragedia de Fukushima a defender sus privilegiados sueldos y fondos procedentes de la actividad nuclear; mientras tanto, la Comarca de Campo Arañuelo y Extremadura se ven privadas de la posibilidad de acceder a empleos dignos y sostenibles para toda la población.

El cierre inmediato generaría mucho empleo en su desmantelamiento. Además, en la región se podría desarrollar un nuevo modelo energético y económico basado en las energías renovables generadas de forma social mediante el autoconsumo, las cooperativas, las empresas municipales y las empresas públicas; nunca más bajo el yugo del oligopolio de las eléctricas y siempre bajo criterios de eficiencia energética. Dentro de este campo cabe la rehabilitación de edificios y la producción a gran escala de aislantes, ventanas, etc., que bien podría tener lugar en el suelo industrial de Navalmoral de la Mata.

Este nuevo modelo energético y económico debe estar basado en las necesidades y no en el lucro económico

Este nuevo modelo energético y económico debe estar basado en las necesidades y no en el lucro económico, y el consumo de energía debe descender para poder acometer los compromisos respecto al cambio climático, indispensables para que esta región pueda sobrevivir.

Además, se debería proceder a la ruptura con el ineficiente modelo económico extremeño, basado en la exportación de materias primas y energía, para dar paso a una economía más diversificada, en la que se produzcan las manufacturas necesarias que siempre vienen de fuera; debería darse también la ruptura con el modelo de monocultivo industrial que está asolando nuestra tierra para dar paso a un modelo agroecológico de producción diversa y consumo de proximidad. El cuidado de los espacios naturales y la instauración de un modelo agroecológico, indispensables para frenar el cambio climático, son también fuentes necesarias de actividad.

Está todo por hacer en una región en la que no debería existir la pobreza o el desempleo. Y el primer paso es el cierre de la central nuclear de Almaraz, en junio del 2020, y el de todas las demás en el resto del Estado a medida que expiren sus permisos de explotación.