Opinión
¿Es posible un centro social autogestionado en un barrio obrero?

La pregunta anterior queda excesivamente abierta si no especificamos que hablamos de Sevilla en la actualidad. En otros momentos ha sido más frecuente que lo que podríamos denominar “trabajo territorial” o los espacios políticos alternativos se localizasen en sectores periféricos. Esto podría ser cierto con las asociaciones de vecinos en los setenta y primeros ochenta o incluso más adelante, cuando polígonos de vivienda obrera como San Diego o Parque Alcosa eran los principales referentes del activismo urbano en Sevilla (quedan muchos de estos espacios en la ciudad, con menor o mayor grado de vitalidad). Sin embargo, desde bien entrada la década de los años noventa hasta la actualidad, pareciese que el activismo urbano solo fuese posible en el centro de la ciudad, en los viejos barrios bohemios hoy gentrificados y propios de una clase media profesional y progresista.

La anterior pregunta cobra aún otra dimensión ante el cierre en este mes de octubre del centro social La Soleá. Este no deja de ser un hecho relevante, en la medida en que supone un cierre (uno de muchos, pero que también tiene su relevancia) del ciclo de luchas que se inició en mayo del 2011. El centro social La Soleá fue el producto material más notorio de la asamblea del 15M San Pablo, en el polígono de viviendas sociales de igual nombre y que previsiblemente cerrará con el centro social. Esta era la última asamblea del 15M que seguía activa en la ciudad, aproximadamente seis años después de que se creasen de forma multitudinaria en muchos barrios de Sevilla.

El 15M abrió la posibilidad a que se renovara en algunos casos o se creara en otros un trabajo territorial en muchos barrios de la ciudad, fuera del casco norte donde había predominado este tipo de activismo durante la primera década del siglo XX (con frutos muy notables, por otra parte). El movimiento de vivienda consolidó esta especie de proletarización de los movimientos de la ciudad, con el conocido episodio de Las Corralas, protagonizado mayoritariamente por mujeres de clases populares. Por otro lado, el reflujo político de los últimos años ha conducido a que el activismo urbano y los centros sociales estén probablemente más ceñidos que nunca a los barrios bohemios y de clase medio del centro de la ciudad. El cierre de La Soleá confirma esta tendencia.

Un centro social en un barrio obrero es posible, aunque, con las actuales tasas de desempleo y marginalidad, debería orientar sus actividades en mayor medida a la satisfacción de las necesidades materiales de la población. No es de extrañar que la única actividad de La Soleá que consiguiera cuajar y que siguiese llevando semanalmente un grupo numeroso de personas, muchas del barrio, fuese la oficina de asesoría sobre vivienda (que seguirá en el centro social de la Asociación Pro-Derechos Humanos de Andalucía). La última vez que estuve allí me sorprendió la cantidad de niños que venían acompañando a sus madres, a menudo ocupantes irregulares de viviendas. Actividades como algunas horas de guardería o ayudas escolares hubieran sido muy bienvenidas. El hecho de realizarlas en un barrio obrero, le hubiera otorgado un sentido político que no tiene en otras partes de la ciudad. Sin embargo, el centro social siempre estuvo falto de activistas, volcado sobre pocos hombros que apenas podían lidiar con las responsabilidades con las que ya cargaban.

No creo que pueda decirse este tipo de activismo sea necesariamente asistencial. Solo lo es si no se vincula a ningún proyecto de transformación política. Y este vínculo es parte del trabajo activista. Tampoco estoy de acuerdo con la idea de que un militante no puede ir a un barrio que no es el suyo a realizar trabajo territorial. Que solo el que sufre la opresión tiene la legitimidad para luchar contra ella. Esta afirmación niega la propia posibilidad de la política. Y lo hace, si se me permite el atrevimiento, en una manera muy manejable para la democracia liberal capitalista.