Ceuta
Exigen al Defensor del Pueblo que investigue y detenga las vulneraciones de derechos humanos en Ceuta

Llevan más de dos meses presenciando vulneraciones de los derechos humanos de las personas migrantes en Ceuta y ahora han dado el paso de interpelar al Defensor del Pueblo para que intervenga en la situación. En particular lo que piden entidades como No Name Kitchen, Asociación Elín, Red Acoge, Amnistía Internacional, Federación Sur Acoge, Irídia, Novact, Oxfam Intermón, es que esta institución se pronuncie frente a las devoluciones de personas que se están produciendo diariamente en Ceuta, prácticas que no están avaladas por las garantías suficientes y que obstruyen la posibilidad de solicitar protección internacional.

La denuncia ante el Defensor del Pueblo, sigue a la carta firmada por más de un centenar de entidades que impugnaron la propuesta del Real Decreto-ley que el Gobierno quiso llevar al Consejo de Ministros antes de que se produjera el adelanto electoral y que fue definida por algunas organizaciones como un “ataque brutal”, al derecho de asilo. Si bien los acontecimientos de las últimas semanas —las movilizaciones multitudinarias que forzaron a Moncloa en centrarse en legislar sobre el Derecho a la Vivienda, y la consecuente llamada a elecciones anticipadas— frustró la intención del Gobierno de aprobar la normativa, las prácticas que el borrador avalaba ya se están poniendo en práctica, denuncian las organizaciones.

Las entidades que plantean procedimientos de triaje, de asilo, devoluciones y retorno “voluntario”, de personas migrantes no se estarían plegando a las obligaciones del Estado respecto a “derecho de asilo, tutela judicial efectiva y principio de no devolución”. Manifiestan además inquietud por la falta de transparencia que rodea a lo que el Gobierno estaría presentando como “retornos voluntarios” de miles de personas migrantes que se encontraban en asentamientos como los de las playas de El Trampolín, Benítez o del Guano, apuntando a que esta opacidad vulneraría el derecho a la información.

Especialmente preocupante es cómo estos retornos están afectando a personas que tendrían derecho a protección oficial, ciudadanos procedentes de países como Sudán o Chad, señalando dos episodios concretos: los que implicaron la devolución a Marruecos, los pasados 23 y 24 de octubre de 14 y 15 personas de las nacionalidades mencionadas.

Las organizaciones destacan cómo su denuncia ante el Defensor del Pueblo tiene lugar en un contexto de abandono que se prolonga desde el principio de esta crisis humanitaria, y que mantiene a miles de personas a la intemperie y sin acceso a ningún tipo de atención. Colectivos en situación de especial vulnerabilidad, como infancia, mujeres que han sufrido violencias y disidencias sexuales, sobreviven fuera de todo recurso de acogida. El abandono, recuerdan, se ve agravado por continuas agresiones por parte de las fuerzas de seguridad del estado, que vienen siendo documentadas por las distintas entidades. 

Así, la queja enumera las principales problemáticas, que en primer lugar tienen que ver con la práctica de triajes que no se ajustan al Pacto Europeo sobre Migración y Asilo, impidiendo que queden registradas situaciones de vulnerabilidad, careciendo de garantías de acceso a la información y posibilidad de solicitar asilo. Las entidades han documentado la falta de registro de la voluntad expresada por las personas, falencias en la traducción e interpretación, y la falta de acompañamiento jurídico y social. 

Respecto al derecho de asilo, el texto denuncia diversas restricciones que dificultan el acceso efectivo en todas las partes del proceso, desde el acceso al procedimiento de solicitud de asilo al uso de herramientas de notificación inaccesibles, pasando por la extrema reducción de los plazos para recurrir las decisiones, y la imposibilidad para optar inmediatamente a la justicia gratuita. Una serie de elementos que habilitan las devoluciones de facto antes de que las personas lleguen a entender lo que está pasando ni a poder reaccionar. 

Por último, la queja denuncia los retornos supuestamente voluntarios recientes. Se trata de 2.500 personas en solo siete días, que han vuelto al territorio marroquí, sin que haya información al respecto y en un marco de opacidad por parte del Gobierno. Preocupa que las personas afectadas no hayan tenido un acceso efectivo ni a la información sobre lo que estaba pasando ni a su derecho a solicitar asilo.

Ante esta situación las entidades exigen que se detenga toda devolución de personas que hayan expresado su voluntad de solicitar protección internacional, también de aquellas sobre las que haya razones para dudar si esta intención ha sido debidamente identificada y registrada. También instan al Gobierno a garantizar que la información que llega a las personas afectadas sea comprensible, que se cuente con la traducción necesaria, que las personas puedan acceder a asistencia jurídica y que se habiliten herramientas eficaces para rectificar errores o completar documentación.

Se impugna además el recorte del tiempo para presentar el procedimiento, exigiendo que nadie pierda la posibilidad de solicitar asilo por esta restricción de los plazos. En este sentido también se insta a que se garanticen sistemas de notificación que lleguen efectivamente a las personas interesadas y que les permitan contar con el tiempo necesario para recurrir y la posibilidad de poder acceder de manera inmediata a asistencia jurídica gratuita, imposibilitando que haya devoluciones sin una revisión judicial efectiva.

La valoración individualizada de las personas que se hallan en situación de vulnerabilidad con especial atención a infancia, víctimas de trata, violencia de género o sexual, así como a las personas sometidas a todo tipo grave de violencia. Las entidades exigen además un ejercicio claro de transparencia: “Que el Gobierno haga públicos los protocolos, instrucciones, órdenes y criterios que están regulando actualmente el triaje, las devoluciones y el acceso al procedimiento de protección internacional”, explican en nota de prensa. No menos importante sería la urgencia de activar traslados a recursos de acogida en península para garantizar que se cumplan de manera efectiva los derechos de las personas migrantes. 

Por todo lo expuesto, las entidades instan al Defensor del Pueblo a investigar las agresiones denunciadas y documentadas, así como el resto de vulneraciones de derechos humanos y del derecho de asilo. Exigen pues su fiscalización, como mecanismo independiente de seguimiento y monitoreo de los derechos fundamentales, de las numerosas vulneraciones ejercidas en frontera, en cada uno de sus momentos: triaje, acceso a la protección internacional y devoluciones.