Ceuta
Urgen al Gobierno a proteger a la infancia migrante en Ceuta a pesar de las resistencias autonómicas

El tiempo sigue pasando y son miles las niñas, niños y adolescentes que continúan en situación de desamparo y abandono institucional en Ceuta. Tras un mes siento testigo de las dificultades que enfrentan las personas menores de edad en la ciudad autónoma, Fundación Raíces ha entregado a los Ministerios de Juventud e Infancia; Inclusión y Migraciones e Interior sendos informes en los que reflejan las condiciones en las que se halla este grupo. Una situación que la organización considera “devastadora”. “No se están garantizando condiciones mínimas de atención y protección y se están vulnerando los derechos de miles de niños y niñas”, denuncia la ONG en una nota de prensa difundida esta mañana. 

Las cifras incluidas en el informe revelan que las niñas y niños entre 12 y 17 años aún no identificados superan el millar, y alertan de los riesgos y peligros a los que se enfrentan. La falta de comida —algunos solo reciben una ración al día gracias a otras ONG— las dificultades para encontrar un lugar donde dormir o asearse les sitúa continuamente en riesgo, extendiéndose el miedo entre estas niñas y niños. “Lo que está ocurriendo en la ciudad, en estos más de 60 días, es lo más parecido a un ‘laboratorio de maltrato institucional’ y normalización de la vulneración sistemática de los derechos humanos y en particular de los derechos de la Infancia”, ha afirmado la presidenta de la organización, Lourdes Reyzábal.

Un miedo que tiene una base real, pues las agresiones son frecuentes. Fundación Raíces reporta que ha podido comprobar casos de violencia perpetrada por militares y ciudadanos de Ceuta, también devoluciones, falta de atención y tratamiento médicos, niñas expuestas a diversas violencias en base al género, y niños a quienes se niega optar a la protección internacional. La situación de bloqueo y abandono afecta también a personas menores de edad cuyos padres o madres se encuentran ya en el continente europeo y a quienes se les impide la reagrupación familiar. Tampoco están concretándose procesos de reagrupación con las familias en Marruecos, en los casos —han identificado 350— en lo que se contemple esta posibilidad, en base a la falta de identificación o a la falta de cumplimiento del proceso por parte de Marruecos. 

Si bien el foco se ha puesto en la cuestión de las plazas, insuficientes para las niñas, niños y adolescentes que deberían entrar en el sistema de acogida, Fundación Raíces pone el acento también en las dificultades que surgen del propio procedimiento aplicado, defiende que es necesario priorizar la identificación de niños y niñas a través de equipos de calle con el fin de derivarlos cuanto antes los servicios de protección, donde se procedería a realizar su filiación y reseña. Esta propuesta surge de la constatación de un bloqueo a la hora de acceder a las plazas disponibles, por ralentizarse la identificación y filiación en comisaría por falta de efectivos policiales. 

En el caso de la Policía, la ONG destaca que solo estarían realizando una o dos entrevistas diarias, lo que eterniza el proceso. 

Invertir el orden del proceso agilizaría la protección, defienden. También la habilitación de centros de acogida que alojen a las más de 1.000 niñas y niños que aún continúan en la calle, para ello, recuerdan, es necesario incrementar los equipos profesionales que forman parte del proceso. En el caso de la Policía, la ONG destaca que solo estarían realizando una o dos entrevistas diarias, lo que eterniza el proceso. 

Más allá de las instalaciones que se habiliten en Ceuta, Fundación Raíces reclama que, a pesar de la falta de solidaridad por parte de las Comunidades Autónomas, se efectúen cuanto antes traslados a península. “La ciudad autónoma y, en particular, su Área de Protección, no puede responder por sí sola a una situación humanitaria de estas dimensiones ni garantizar los derechos de la infancia y de las personas más vulnerables”, valoran en su nota de prensa. Y, como ya han repetido otras organizaciones y colectivos, recuperan el precedente de las personas refugiadas ucranianas para mostrar que sí se puede coordinar una respuesta acorde a las necesidades de la infancia en movimiento cuando existe la “voluntad política”. 

Junto a la instrumentalización de las personas migrantes con fines políticos en la que habría incurrido Marruecos, Reyzábal denuncia el uso de la estigmatización de estas personas por parte de formaciones políticas para perseguir una agenda ideológica, alertando de lo que esto supone: “Hemos llegado a un punto muy peligroso, en el que una parte de la sociedad está normalizando la violaciones sistemáticas de derechos como medida de presión”.

Así, la organización recuerda al Gobierno Central y en particular a los Ministerios contactados, su obligación legal de “actuar conforme al interés superior de los niños y niñas y a proporcionar la atención inmediata que requiera cualquier menor hasta que pueda ser efectivamente protegido”. Para ello, insta a las carteras interpeladas a tomar una serie de medidas: La activación de plazas suficientes que permitan la acogida provisional de la infancia migrante no acompañada que continúa desamparada en la ciudad, a través de la cesión y habilitación de cualquier espacio de la administración; que el protocolo de ingreso empiece por dirigir al menor al sistema de protección, posponiendo los demás pasos una vez haya sido acogido; y el refuerzo de los agentes policiales destinados a hacer entrevistas, con el fin de agilizar las distintas partes del proceso, incluidas las reagrupaciones.

Fundación Raíces también insta al gobierno a imponer los traslados a península, a pesar de la resistencia de las Comunidades Autonómicas, invocando los “mecanismos de ejecución forzosa” contemplados en el Real Decreto 658/2025, de 22 de julio, con el fin de descongestionar la situación de la Ciudad Autónoma. Además, desde la ONG, se exige la fiscalización de las repatriaciones de niños u niñas a sus países de origen en base a la legislación vigente, con el fin de evitar “expulsiones por vía de hecho disfrazadas de retorno voluntario”, concluyen.