Derecho a la ciudad
La policía desaloja de forma repentina un Centro Social en Sevilla

El pasado jueves 19 de mayo se presentaba en Sevilla el Centro Social Okupado Autogestionado La Leona, en la calle Muñoz León 5, frente a la muralla de La Macarena. Una decena de vecinos se concentraron a las puertas del Centro Social para recibir su nacimiento y apoyar en las labores de trabajo propuestas. La propuesta de La Leona pretendía rehabilitar el espacio, una sala de conciertos en situación de abandono desde hace 9 años. Según el manifiesto emitido por el propio CSOA el objetivo de esta okupación era el de “construir juntes un espacio que responda a una necesidad colectiva. Okupando dejamos claro nuestro posicionamiento político en contra de la especulación, la gentrificación, la turistificación”.

El espacio surgía en uno de los barrios más afectados por el modelo de ciudad basado en el turismo que se lleva imponiendo en Sevilla desde hace 10 años. “Vemos legítimo okupar en el barrio de la Macarena porque es un espacio que se nos niega, siendo propiedades reservadas para todo tipo de franquicias, viviendas con un alquiler altísimo o apartamentos turísticos, expulsando a personas en situaciones más vulnerables o atravesadas por distintas opresiones para hacerlo”, comenta el manifiesto de nacimiento de la Leona.

En la presentación se recordó la genealogía de espacios libertarios de la ciudad de Sevilla que durante las últimas décadas han sido cerrados, dejando a las vecinas sin espacios colectivos de este tipo. La acumulación de personas frente al edificio llamó la atención a los propios vecinos de los edificios cercanos que felicitaban la propuesta. “A ver si hacéis algo de gimnasia para los mayores que estamos muy aburridos”, sentenciaba un transeúnte ante las puertas del proyecto.

Minutos más tardes del primer rugido de la Leona, varios dispositivos policiales se acercaron a la zona para informarse de lo sucedido. Lo que parecía un acto común en procesos de este tipo, la identificación policial, se convirtió horas después en un desalojo repentino. La llegada de un equipo especializado de la policía para abrir la puerta del local acabo con la expulsión a la fuerza de las personas que se encontraban dentro de El Centro Social. El propio colectivo comenta que la actuación ha sido “totalmente ilegal, ya que los agentes no tenían ninguna orden judicial ni número de identificación”. Los agentes que realizaron esta actuación se negaron a entregar el número de placa a la abogada del colectivo Ana Castaño, a la que tampoco entregaron el atestado policial donde se incluyen las justificaciones que los agentes debe tener para realizar una acción de este tipo.

El Colectivo se encuentra recopilando pruebas y decidiendo qué siguientes pasos tomar ante esta situación.