Comunidad de Madrid
El Gobierno de Ayuso se lava las manos y culpa a Tragsa de la huelga de los bomberos forestales

Concentraciones, encierros, manifestaciones y un sinfín de reuniones fueron la antesala de la huelga de un mes convocada por los bomberos forestales de la Comunidad de Madrid. Denuncian que sus condiciones laborales son insostenibles, con nóminas de 1300 euros escasos, un convenio caducado 2008 y falta de materiales tanto para asegurar su seguridad como para enfrentarse a los incendios, cada vez más virulentos. Precisamente, los incendios que están asolando la península estas semanas y que siguen sin control, hicieron que los bomberos madrileños suspendieran antes del final de su huelga, el 25 de agosto, su reivindicación para frenar incendios como el de Tres Cantos o apoyar donde hiciera falta. 

Con este gesto de responsabilidad y buena fe retomaron las conversaciones con Tragsa, empresa pública que gestiona a los efectivos, y con la Comunidad de Madrid, quien tiene las competencias en incendios forestales. Pese a que pensaban reunirse el pasado lunes 18 con ambas instituciones, los bomberos sufrieron un desplante. El consejero de Medio Ambiente, Carlos Novillo, aseguró que están de acuerdo con las peticiones de los bomberos y que emplazaban a Tragsa a escuchar estas reivindicaciones. “A Tragsa, la Comunidad de Madrid le hace un encargo y le dice cómo quiere tener organizado y le impone las condiciones de salarios y laborales mínimas”, explica a El Salto Jesús Molina Pino, presidente del comité de empresa -con presencia de CGT, UGT y el sindicato independiente Firet-. 

El grupo Tragsa, con el que ha contactado este medio, recuerda que ellos “como empresa pública, no está legitimada para negociar un convenio colectivo sectorial que, además de afectar a estos trabajadores, afecta a otros trabajadores de la CAM con una relación laboral con otras empresas diferentes al Grupo Tragsa”. Además detallan que ellos aplican “las tablas salariales que se renovaron en el marco del convenio colectivo sectorial en 2021” y que respetan la huelga de lo bomberos forestales, tanto que se han comunicado con “los representantes legales de los trabajadores” que “ellos deben reconducir la negociación del convenio a la parte legitimada para ello”, es decir, la Comunidad de Madrid.

Ayuso calificó de “política” la huelga, mientras que su consejero apoya las peticiones

Molina Pino explica que este viernes, 22 de agosto, esperan que se reúna Novillo con el presidente de Tragsa, Jesús Casas, y que la semana que viene puedan sentarse las tres partes para ya tener nuevas propuestas sobre la mesa. Se trataría de un avance después de meses de reuniones sin avances y que deberían plasmarse en el acuerdo para dar servicios a los servicios de prevención y extinción a partir del 1 de enero de 2026. Ese acuerdo, que según los bomberos ya debe estar muy avanzado, tendría una durabilidad de cuatro años prorrogable a dos más. “Creemos que las condiciones ya están muy perfiladas, por eso es tan importante que presionemos para que todo vaya junto: las condiciones laborales, el convenio colectivo, la ley básica de bomberos forestales. Todo debería estar en línea pero parece que no quieren”, explica el representante de los trabajadores. 

Pese a que la presidenta de la Comunidad de Madrid calificó de “política” la huelga, otros cargos de su gobierno autonómico se han mostrado favorables, por la presión de las acciones reivindicativas y mediáticas, de las peticiones de los profesionales. Entre ellas está aplicar la Ley de Bomberos Forestales a los de la comunidad, ya que actualmente se aplica a determinados bomberos urbanos pero no a estos. “Ellos participan en labores de incendios también, trabajamos codo a codo con ellos, pero a los bomberos específicos no les han reconocido aún lo que marca su propia ley”, denuncian. Señalan lo importante a raíz de esta normativa que se reconozcan “la peligrosidad, toxicidad y penosidad” de su profesión, algo que no ha pasado aún pese a que la norma entró en vigor el pasado año. 

“Un 40% de la plantilla solo trabaja cuatro meses en verano, con lo que supone eso para la inestabilidad", denuncian las plantillas, con el convenio caducado desde 2008

Por otro lado, reclaman una actualización salarial, ya que consideran que con un salario de 1.300 euros no se puede vivir en la Comunidad de Madrid. Y es que la no actualización del convenio vigente hasta 2008 ha dejado congeladas las tablas salariales y solo actualizadas de forma puntual en los últimos 17 años. Esto unido a la temporalidad hace imposible tener una plantilla profesionalizada. “Un 40% de la plantilla solo trabaja cuatro meses en verano, con lo que supone eso para la inestabilidad. También denunciamos la mala gestión de recursos de la Comunidad de Madrid, ya que te estás gastando en EPIs (equipos de protección individual) y en formación de personas que acaban yéndose a otras comunidades o a otros sectores. Se pierde capital humano y económico, que es dinero público”, detalla Molina.