Comunidad de Madrid
La Comunidad de Madrid amenaza con expulsar de una residencia a una persona con discapacidad tras quejarse

Víctor Fernández vive en la residencia pública para personas con discapacidad Colisée de Vallecas. Explica que ha estado cuatro meses durmiendo en una cama rota, apoyada en un tocón de madera. La foto del tocón de madera sosteniendo el peso del mueble es solo una de las pruebas que hay en un dossier que Fernández ha preparado sobre las deficiencias del centro. Es presidente de la Junta de Participación de Usuarios de la residencia y ha derivado continuas quejas a la dirección, de la empresa gestora Colisée, y a la Comunidad de Madrid, dueña en última instancia del centro.

El pasado 24 de febrero, la Dirección General de Atención a Personas con Discapacidad, dependiente de la Consejería de Asuntos Sociales, le mandó un escrito en el que le amenazan con una posible pérdida de la plaza, tras un informe elevado por la residencia. Alegan que ha protagonizado “episodios disruptivos” y “alteraciones conductuales”. También, no haber hecho un uso adecuado ni aprovechamiento de los servicios del centro. “Así, sin ningún juicio, sin pruebas ni nada. Me han dado 10 días para recurrir y lo he hecho. He presentado un recurso por indefensión”, explica Fernández.

Denuncias presentadas

El presidente de la Junta de Participación asegura que el apercibimiento es una represalia por sus denuncias. Ocho páginas tiene una de ellas, presentada ante la Consejería de Asuntos Sociales en septiembre de 2025. En ella se detallan quejas por el estado de la comida o por la ausencia de mantenimiento “cómo demuestra nuestro patio, con toldos, bancos y pavimento deteriorados”. Un pavimento levantado que deben sortear en silla de ruedas. También habla de ratios de personal insuficiente, ya que no se cubre al personal de permiso mientras los usuarios quedan desatendidos "como ocurrió cuando nos quedamos sin asistencia médica, sin fisioterapia o terapia ocupacional". 

Una de las denuncias presentadas ante la Consejería de Asuntos Sociales tiene ocho páginas. En ella se detallan quejas por el estado de la comida o por la ausencia de mantenimiento

En otra de sus quejas, esta enviada a la dirección del centro, explica que lleva cinco meses sin parte del material prescrito por el médico, en concreto empapadores. Desde dirección contestan a Fernández que su “responsabilidad se limita a registrar y reclamar la necesidad del material prescrito”, animándole a que dirija su reclamación al Área de Salud de zona, dependiente de la consejería.

En otro correo de 2024, Fernández manifiesta que ha tenido noticias de que, durante las salidas que organiza el centro, existe un “acuerdo tácito” por el que los residentes que pueden acudir a ellas deben de pagar la entrada al evento, cuando no es gratuito, y la comida de los monitores. En respuesta a este correo, la dirección admite tal acuerdo. 

Fernández lleva en esta residencia desde febrero de 2023. Antes de esto pasó por el Centro de Atención a Personas con Discapacidad Física de Leganés (CAMF) y después por la Fundación de Lesionados Medulares. En un informe de la trabajadora social del primer centro se lee que tiene una discapacidad física reconocida del 77% por discapacidad del sistema neuromuscular. “Es una persona con habilidades comunicativas, inquietudes y con un carácter reivindicativo”, expresa la trabajadora social.

Colisée, la multinacional que maneja el centro

El centro donde reside Fernández está en manos del grupo Colisée, una multinacional de origen francés, que hasta diciembre de 2025 estaba en manos del fondo de inversión sueco EQT partners. Según publicaba El Confidencial, el fondo de inversión habría salido de Colisée en un momento de tensión económica de la empresa. Así, en marzo del año pasado, la agencia de calificación Moody’s rebajó la calificación crediticia del grupo hasta niveles de muy alto riesgo.

Colisée gestiona la residencia de Vallecas gracias a un contrato con la Comunidad de Madrid. El centro recibe 136,64 euros al día por residente, más de 4.000 euros al mes

Esta empresa gestiona la residencia de Vallecas gracias a un contrato con la Comunidad de Madrid adjudicado a La Saleta Care, una de sus filiales. Según se recoge en el portal de transparencia, el centro recibe 136,64 euros al día por residente, más de 4.000 euros al mes. 

El contrato en el que se pacta la gestión de esta residencia incluye a otros nueve centros más, adjudicados a otras nueve empresas. Y es que el conocido como modelo-público privado no es la excepción en la atención a personas discapacitadas en la Comunidad de Madrid, como tampoco lo es en las residencias de atención a personas mayores. Según la Memoria de 2023 de la Red de Atención a Personas con Discapacidad (PREDEA) en Madrid hay un total de 13.546 plazas  públicas y un 82,7% de ellas están en manos de entidades concertadas.

“Y esto lo están pagando todos los contribuyentes de su bolsillo”, remarca Fernández, quien informa de que los residentes no pagan cuota. Y, pese a que desde la web de la residencia se explica que está especializada en el trato a personas con discapacidad física, Fernández explica que las circunstancias de los residentes son muy variadas, con presencia de personas con discapacidad intelectual y sensorial. “Esto es un aparcamiento de personas”, se queja. Tampoco cuentan con habitaciones individuales, si no que comparten espacio. “Nuestra precariedad se financia con los impuestos de todos”, concluye.

El Salto ha contactado con la residencia para obtener su versión de los hechos y ha enviado preguntas para ello, pero aún no han sido respondidas.