Residencias de mayores
Fondos de inversión y residencias: la mano invisible que retuerce los cuidados

Mientras DomusVi, en manos del fondo de inversión ICG, ya es la empresa con más residencias privadas del Estado, residentes, familiares y trabajadoras explican lo que supone que las prácticas especulativas acunen la vejez de las personas.
residenciasrevistaelsalto
Collage con una mano sosteniendo a una persona mayor dependiente Sancho Somalo Byron Maher

María levantaba a diez personas inmovilizadas ella sola cada mañana, sin ayuda de grúas. Estaban estropeadas y nunca mandaron nuevas, describe. Trabajaba en la residencia pública de Usera (Madrid), anteriormente gestionada por DomusVi, el gigante perteneciente al fondo de inversión ICG que ya es dueño de la mayoría de residencias privadas del Estado. Esta empresa nunca reparó las grúas ni subió las ratios de personal. En su planta solo había cinco compañeras más. Las bajas por lumbalgia o fisuras eran una constante. Bajas, por supuesto, sin reponer, se queja.

Carmen Gómez se rompió la rótula por bajar corriendo al almacén. Faltaban materiales y personal que lo hiciera. Trabajaba en la residencia Vitalia Home de Parla (Madrid), en manos del fondo de inversión CVC Capital. Desde la residencia, asegura, se frotaron las manos con su baja. Era una trabajadora incómoda, reclamaba sus derechos. Ganaba 700 euros al mes. Explica que, al volver de vacaciones, un olor profundo salía desde una de las habitaciones que ella atendía. Una mujer tenía dos úlceras en el cuello. Nadie se las había tratado. Falleció dos días después.

Residencias de mayores
Residencias de mayores Los fondos de inversión ya lideran el mercado de las residencias privadas
En una década 84 residencias privadas han sido adquiridas por fondos de inversión. La marca Domus Vi, dependiente del fondo ICG, es ya la mayor proveedora de camas con 18.428 y unos beneficios de 749,2 millones de euros.

Beatriz Cano vive en la Residencia de Usera, que estuvo un tiempo gestionada por DomusVi. Celebra que, tras muchas reclamaciones, consiguieron echar a ese fondo de inversión y entró la cooperativa Macrosad. Expresa que pasó mucha hambre:, es intolerante a la lactosa y no preparaban comida especial para ella. Recuerda que tuvieron que montar una “guerrilla” con trabajadoras compinchadas para poder pasar comida. “DomusVi ha sido lo peor que ha pasado por aquí, y encima les tocó gestionar durante la pandemia”, relata a El Salto. Resalta que ha tenido que ver cómo “en pleno siglo XXI” los residentes pasaban hambre y se acostaban sin cenar. Explica que, una mañana, sorprendentemente, vio que estaban arreglando el jardín. Acto seguido observó al director y al resto del equipo directivo hacerse una foto en ese lugar. Esto es solo un ejemplo “simbólico” de que solo importaban las apariencias, explica. Lo del interior, los residentes, sus enfermedades y sus cuidados eran lo de menos, asegura.

“Durante la pandemia fueron arrastrando a los enfermos planta por planta mientras se iba contagiando todo el mundo”, ejemplifica Cano para relatar el caos que reinó durante esos meses en una de las 14 residencias que fueron intervenidas por la Comunidad de Madrid por su estado “crítico”.

Los reyes del mercado

La presencia de fondos de inversión gestionando centros para mayores se ha ido estableciendo de manera paulatina durante las últimas década gracias a cuatro factores: la Ley de Dependencia, que subvenciona plazas en residencias; el envejecimiento acelerado de la población; el tipo de actividad que se realiza en las residencias, que implica un elevado flujo de capitales, ya que las plazas se pagan mensualmente; y el hundimiento de las cajas de ahorros tras la crisis del 2008. Así lo resume Manuel Rico, investigador y periodista, autor de ¡Vergüenza!, el escándalo de las residencias (Planeta, 2021). En este libro se indica que entre 2010 y 2016 se produjo un fenómeno de sustitución de las cajas de ahorros por los fondos de capital privado, un cambio de entidades de carácter social por entes dedicados en esencia a la especulación financiera. Las cajas de ahorros eran accionistas en cinco de los ocho principales grupos: Quavitae, Amma, Sanyres, Geriatros y Vitalia Home. Estos cinco han terminado en manos de fondos de inversión o multinacionales. Hoy, fusiones mediante, el mercado lo copan principalmente cuatro grandes empresas: DomusVi, Orpea, Vitalia Home y Amavir.

Un total de 84 residencias privadas han sido adquiridas por fondos de inversión entre 2002 y 2022, un negocio al alza

Menos Orpea, el resto están capitaneadas por fondos de inversión. Una de ellas, DomusVi, domina el sector de las residencias privadas, con 18.428 camas y unos ingresos de 749 millones de euros, tal y como se refleja en la investigación Final feliz: cómo se ha financiado el cuidado de las personas mayores en Europa, a quién beneficia la tendencia y qué contraestrategias implementar de Transform! Europa, la fundación de la coalición europea The Left. Por número de camas, en quinta posición estaría Vitalia Home, con 7.181 plazas y 183 millones, y en sexta posición se situaría Amavir, perteneciente al grupo familiar francés Maison de Famille, filial del fondo de inversión Creadev.

Un total de 84 residencias privadas han sido adquiridas por fondos de inversión entre 2002 y 2022, un negocio al alza, tal y como se refleja en la investigación citada y explica Ayoze Alfageme Ramírez, investigador en la Universidad de Ginebra y coescritor de este paper junto a Alejandro Morcuende. Alfageme asegura que la mayoría de estos fondos son de un tipo especial, denominado Private Equity, y siguen un modelo muy particular: compran negocios de muy diferentes tipos con el objetivo de que en un periodo corto sean revendidos para sacar dinero. “Esto nos dice una cosa importante: a ellos no les importan en el largo plazo las residencias, quieren revenderlas en poco tiempo”, valora. Además de esto, realizan la compra de estos negocios con la adquisición de deuda. Deuda que luego asignan a las propias residencias, dejando con su marcha lugares endeudados. “Estas prácticas no están reguladas y pueden realizarlas libremente”, se queja este investigador. 

A este modus operandi le sacan aún más tajada. “En algunos casos estos fondos de inversión ponen a la venta el edificio en el que está la residencia y parten las empresas en dos: por un lado la gestión y por el otro la propiedad. La residencia debe pagar un canon por utilizar la propiedad. Esto es una buena forma de generar dinero para repatriar hacia el fondo de inversión. Es ir desmantelando poco a poco”, explica Alfageme.

El informe El negocio de las residencias en Bizkaia, elaborado por el sindicato ELA, OMAL y el colectivo Amarantas, habla de un mecanismo que se llama leasing, mediante el que se vende el edificio a un fondo de inversión con el compromiso de alquilarlo a la empresa gestora de la residencia por un periodo de tiempo estipulado. “De esta forma se puede utilizar el inmueble como un activo aparte para la especulación financiera, mientras se carga a la gestión de la residencia con otro coste añadido de alquiler que va en detrimento de los recursos para personal, alimentación o productos de higiene”, explican. En este informe ponen como ejemplo a Healthcare Activos, una socimi (Sociedad Anónima Cotizada de Inversión Inmobiliaria) que cerró el año 2020 con más de 500 millones de euros en activos, entre ellos los edificios de la residencia Colisée en Bilbao y la residencia de Clece en Barakaldo. 

Dinero público a espuertas

“El trabajo era excesivo y había escaso personal. Teníamos 180 residentes y éramos 17 gerocultoras por la mañana, 12 en el turno de tarde, y tres en el turno de noche. Había dos enfermeras por la mañana, dos por la tarde y una por la noche para toda la residencia”, enumera María con respecto a la composición de la plantilla de la residencia de Usera cuando estaba en manos de DomusVi. Una residencia pública con su gestión privatizada, modelo culmen del traspaso de dinero público hacia un fondo buitre.

De las 5.178 residencias que existen en España solo el 26% son públicas y tan solo el 11% están gestionadas por la administración. En cuanto al porcentaje de camas, el 87% están gestionadas por el sector privado

Otro de los factores que favorecen la proliferación de estos actores es el elevado número de residencias en manos privadas. Incluso las residencias públicas, en un buen porcentaje, acaban siendo privatizadas. En España hay cuatro tipos de gestión para estos centros: los que son 100% públicos, los que son 100% privados, los que son públicos pero gestionados por empresas privadas y aquellos privados que cuentan con camas concesionadas con la administración. Según los datos recogidos en el libro ¡Vergüenza!, el escándalo de las residencias, de las 5.178 residencias que existen en España solo el 26% son públicas y tan solo el 11% están gestionadas por la administración. En cuanto al porcentaje de camas, el 87% están gestionadas por el sector privado. 

En Euskadi, y según el informe de ELA, el 91% de las camas son de titularidad privada: de 153 residencias, solo 13 son públicas. En cuanto al trasvase de dinero público hacia la iniciativa privada, en este informe, y a través del análisis de una convocatoria pública, se infiere que la administración pública paga un precio de 95,37 euros al día por residente, es decir, dedica 34.810 euros al año por cada plaza gestionada de forma privada. En total, para un objetivo de 3.125 plazas, la convocatoria estipula un presupuesto de 11,3 millones de euros para 2023.

Gracias a las enrevesadas estructuras de las empresas que están en manos de fondos de inversión, se da la paradoja de que dinero público acaba en paraísos fiscales, tal y como explica Manuel Rico. “Montan complicadas estructuras que acaban en paraísos fiscales: viven del dinero público y evitan pagar impuestos”, se queja este periodista.

Un ejemplo: la empresa francesa DomusVi es propietaria de Geriavi SAU, anteriormente propiedad de PAI Partners entre 2014 y 2017. Posteriormente vendió el 55,5% de la propiedad a ICG Capital, propietario último de DomusVi situado en Jersey, un paraíso fiscal. Por su parte, CVC Capital creó seis fondos de inversión en Jersey para transferir capital a Luxemburgo, donde creó otra empresa para adquirir Vitalia Home.

Exprimir un negocio poco flexible

Alicia (nombre ficticio) es trabajadora  de la limpieza en una residencia de Amavir en Puente de Vallecas (Madrid). Explica que en el centro, en el que viven 180 personas, hay plazas privadas y plazas concertadas con la administración. El precio ronda los 2.500 euros al mes. Habla de material contado y en mal estado, lo que trae riesgos. “El otro día una compañera se amputó una falange al tumbar al residente. Se pilló el dedo con el sofá. Anteriormente a otra chica le habían dado puntos”. Además, incide en la falta de seguridad, aunque aparentemente nadie diría que una residencia puede ser un lugar inseguro. Añade que el espacio cumple los ratios mínimos de personal con la estrategia de incluir a toda la plantilla, también a técnicos de mantenimiento. Entre 14 auxiliares atienden a 180 personas, más de diez por cabeza.

Manuel Rico explica que las residencias tienen un modelo de negocio muy poco flexible. “Para ganar más dinero, una empresa tiene que ingresar más o gastar menos. Ingresar más no pueden, las plazas privadas están al límite de lo que puede pagar la gente. Incrementar las plazas tampoco es fácil, el espacio es limitado. Así que tienen que concentrarse en recortar gasto de personal, que supone el 65%, o de comida, que supone el 20%”, desgrana Rico. Por eso, en este tipo de residencias “no hay personal y la comida es muy mala”, añade.

Y también ganan poco. “Yo estoy al 92% de la jornada y llevo 18 años trabajando aquí. Gano 1.080 euros. Las técnicas auxiliares de cuidados de enfermería (TCAE) ganan 1.150 como máximo”, relata Alicia. María, que trabaja como TCAE en la residencia de Usera, que estuvo gestionada por DomusVi, corrobora estas cifras. “Al 87,5%, haciendo 35 horas semanales escasamente llegábamos a 900 euros”. 

Ahora festeja que tras la lucha de familiares, residentes y trabajadores cambiaron de empresa. El cambio ha llegado con una pequeña subida salarial del 2,5%, que es lo que marca el convenio, y además han conseguido subir las horas trabajadas. “Ahora hemos conseguido subir a 37 y estamos ganando 1.100. Sin trienios ganan menos, algunas no llegan a los 1.000 euros”, comenta. Además, han ampliado la plantilla: hay 24 trabajadoras por la mañana, por la tarde 16 y en el turno de noche son seis.

Puré con grumos o aguado

El otro gasto con el que pueden ahorrar los fondos de inversión es la comida, uno de los frentes de batalla para residentes y familias. “Vitalia Home hace una compra a un mismo proveedor para todas las residencias que gestiona en el Estado español. No es lo mismo comprar un kilo de pescado que 50 kilos para ahorrar. El mes pasado sirvieron comida en mal estado a toda la residencia”, afirma Laura Espallardo, familiar de una residente de la residencia Vitalia Home Leganés (Madrid) y portavoz de Unión de Residencias de Leganés.

“Vitalia Home hace una compra a un mismo proveedor para todas las residencias que gestiona en el Estado español. No es lo mismo comprar un kilo de pescado que 50 kilos para ahorrar. El mes pasado sirvieron comida en mal estado a toda la residencia” 

En la residencia de Usera pasaron de gestionar quejas diarias con DomusVi a conseguir llegar hasta la cocina. Hoy, entre familiares, empresa concesionaria y empresa de alimentación han creado un comité que cada día hace una cata del menú. “Antes no se reunían con nosotros, ahora desde la dirección sí nos tienen en cuenta”, explica María Jesús Valero, que forma parte de esta comisión y tiene a su madre residiendo en el lugar.

Carmen Gómez, quien fue TCAE en la residencia de Vitalia Home Parla, explica que la comida era el punto crítico tanto por la falta de personal como por la mala calidad de los alimentos. “En una planta de 60 residentes éramos dos auxiliares y todo eran prisas y malas atenciones. Yo tenía el turno de tarde, daba las meriendas, las cenas y les acostaba. Mientras íbamos a las habitaciones a acostarles de dos en dos los demás se quedaban solos en el comedor. Cuando volvías al comedor uno se había caído, otro se había hecho una herida”, explica Gómez. En cuanto a la calidad de la comida, es clara: “Cada día la comida era peor, a las cocineras se les dijo que no podían pasarse de un presupuesto y las protestas eran continuas. Los grandes dependientes comían purés de todo lo que sobraba el día anterior”.

Alicia, trabajadora de la residencia Amavir Puente de Vallecas, cuenta que antes tenían cocina propia pero el fondo de inversión decidió externalizar la comida. “Le ponen el mismo gramaje a todo el mundo y algunos quieren repetir. Hay veces que te quedas sin comida y tienes que buscar embutido en la cocina. Siempre hay pescado congelado, sopa y purés. Los purés a veces van con grumos y otras veces van aguados. La empresa debe tener ganancias, pero en la residencia lo que hay es hambre”, lamenta.

Cuando estallan las costuras

En 2020 los fondos de inversión ya tenían una situación predominante en el sector de las residencias. Con la escasez de personal y de materiales reinante, estalló una pandemia que enseñó las costuras de este modelo. Así lo explica María Jesús Valero. Su padre falleció en los meses más duros del covid, cuando murieron 9.468 ancianos y ancianas en todas las residencias de Madrid, el 21,5% de los que ocupaban plazas. El 77% de ellos —7.291— murieron sin ser trasladados a un hospital como producto de los protocolos firmados por altos cargos del Gobierno de Ayuso, que condicionaban la atención hospitalaria a las capacidades físicas y cognitivas del residente. Su padre fue uno de estos fallecidos y hoy lucha para que se haga justicia en la asociación 7.291 Verdad y Justicia.

Las reclamaciones crecían por momentos. “Cuando llegó la pandemia íbamos más o menos por 1.100 quejas y después seguimos recogiendo hasta que se fueron en 2022. En nuestra residencia hubo 42 fallecidos entre marzo y abril sin recibir asistencia médica”, explica.

Carmen Gómez, trabajadora de Vitalia Home Parla, explica que su lesión sucedió durante la época del covid, cuando estaban en cuadro y había que correr todavía más de un lado para otro. Recuerda escasez de material de protección. Al principio llevaban bolsas de plástico, luego consiguieron “el mismo EPI para todas las habitaciones”. “Cuando entrabas en el turno te daban dos mascarillas para todo el día y los guantes también contados. La mayoría de las chicas hacían cambio de pañal con los mismos guantes para todos”, relata.

Laura Espallardo, familiar de una residente en el centro Vitalia Home Leganés, habla de un antes y un después en el modelo de negocio tras la pandemia. Su madre lleva siete años en allí y ha vivido diferentes etapas. “Ahora, si necesitas fisioterapia o cualquier servicio, te lo tienes que pagar aparte. Antes de la pandemia tenían un planning que incluía tres días de fisioterapia y también terapia ocupacional. Después de la pandemia, si no pagas te hacen lo mínimo, un poco de gimnasia colectiva y un de calor en el hombro o te ponen a hacer sopas de letras. A mí madre la tienen que movilizar los brazos y las piernas, antes la movilizaban 20 minutos y ahora cinco o diez. Muchas veces se les olvida”, se queja Espallardo, mientras añade otros métodos agresivos que están implementando: llamadas para ofrecer servicios como logopedia, “cual empresa de telemarketing”.

Legislar, inspeccionar, sancionar

Para el investigador Ayoze Alfageme, la solución es explorar un camino contrario al propulsado desde la Administración. Explica que, con la Ley 39/2006 de Promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, más conocida como Ley de Dependencia, lo que se ha hecho es un “cierre regresivo” del problema. La ley reconoce unos derechos fundamentales pero, como no se pueden satisfacer con medios públicos, abre la puerta a estos fondos, ya que la manera de garantizar estos derechos es mediante subvenciones a empresas privadas. “La ley, bienintencionada, es una mala ley”, resume.

Una ley que ofrece a las familias plazas en centros públicos o en centros privados así como ayudas económicas para estos últimos. Así lo explica Laura Espallardo; la residencia de su madre es privada pero tiene más de 200 plazas concertadas, de las 300 que alberga. “La gente que paga una plaza privada abona 2.200 euros al mes y obtiene un cheque, fijado en la Ley de Dependencia, de entre 400 y 750 euros”, explica. Luego están las plazas concertadas con la administración en dos modalidades: o bien un copago del 50% (la administración pone 1.100 euros y el usuario otros 1.100 euros) o bien un copago con la pensión en la que el usuario entrega la mitad de su paga y la administración completa. “Se llevan pasta por todos lados”, resume.

Para Manuel Rico la solución pasa por tres verbos: legislar, inspeccionar y sancionar. “Y en los tres el Estado está ausente”, advierte. “Si hubiese una legislación exigente, con ratios altas, todas las habitaciones tuvieran camas individuales, con excepciones si hay parejas o gente que necesita acompañamiento, en comunidades de convivencia de máximo 15 personas ya no habría negocio, no sacarían la rentabilidad que necesitan y el sector dejaría de ser atractivo para los fondos de inversión”, explica este periodista.

“Si te falta una gerocultora por la que pagas 30.000 euros y te sancionan con 6.000, estás incitando a incumplir las ratios”

Otro de los puntos a mejorar serían las inspecciones: en la actualidad hay 250 inspectores para 5.200 centros y el sistema no funciona, valora. Tampoco funciona el régimen sancionador: “Si te falta una gerocultora por la que pagas 30.000 euros y te sancionan con 6.000, estás incitando a incumplir las ratios”. “Con estas tres cosas los fondos de inversión no vendrían y esta vía sí está en manos de los políticos”, apunta Rico.

Mientras, Beatriz Cano, que lleva 15 años en la residencia de Usera, advierte de que, pese a que la lucha contra DomusVi en su centro acabó de manera victoriosa, su vida dentro aún no es 100% plena. Está cansada de participar en reportajes, siente que los cambios no van a la raíz. Pide que se abra ya un debate serio sobre el modelo residencial. “Tienes que estar en una pelea diaria, no puedes bajar la guardia. Cada día nos hacen presas de la precariedad, de su avaricia, de su egoísmo y no les importamos nada. ¿Si no cómo se ha permitido que estos fondos hinquen sus garras sobre nosotros?”, concluye.

Informar de un error
Es necesario tener cuenta y acceder a ella para poder hacer envíos. Regístrate. Entra na túa conta.

Relacionadas

Opinión
Derecho a la vivienda Flex Living: el caballo de Troya de la precarización del alquiler
No es una respuesta moderna a las nuevas formas de habitar la ciudad. El ‘flex living’ no es más que la última jugada del sector inmobiliario y los grandes fondos de inversión para maximizar beneficios a costa del derecho a la vivienda.
Barcelona
Derecho a la vivienda Barcelona se vuelca en la defensa de la Casa Orsola ante su primer desahucio
El mundo de la cultura y el movimiento de la vivienda se organizan para frenar el desahucio programado para el 31 de enero. Un fondo buitre pretende expulsar a los vecinos, convertir todos los pisos en alquileres temporales y triplicar el precio.
Derecho a la vivienda
Derecho a la vivienda Sánchez omite las principales demandas de las movilizaciones de vivienda en sus anuncios estrella
Las 12 medidas para atajar la crisis de vivienda anunciadas por el presidente Pedro Sánchez no convencen a las organizaciones sociales: más allá de las palabras y anuncios “grandilocuentes” no hay ninguna propuesta que vaya a bajar los precios.
SeisDoble
24/3/2025 8:23

Muy buen artículo. Se lo voy a pasar a algunos amigos defensores a ultranza de la gestión privada!

0
0
Salario mínimo
Salario mínimo PSOE y Sumar intentan llegar a un acuerdo para no perjudicar con el IRPF a los trabajadores con el SMI
La ministra de Hacienda ha confirmado que sería “algún tipo de medida que permita compensar a aquellos pocos trabajadores” en la situación de tener que tributar con el salario mínimo.
Residencias de mayores
Residencias Fondos de inversión y residencias: la mano invisible que retuerce los cuidados
Mientras DomusVi, en manos del fondo de inversión ICG, ya es la empresa con más residencias privadas del Estado, residentes, familiares y trabajadoras explican lo que supone que las prácticas especulativas acunen la vejez de las personas.
Opinión
Opinión Bretón no es un monstruo, ni Martín el nuevo Capote
Frente a la libertad sin peros que defienden unos, la responsabilidad de muchos: la de ciudadanos y librerías que se niegan a comprar o vender, respectivamente, el libro que Anagrama ha tenido a bien materializar.
LGTBIfobia
Manifestación Plataforma Trans planta cara a la transfobia con una manifestación contra el odio
La convocatoria el 29 de marzo denuncia un contexto internacional antiderechos. La organización pide a partidos y sindicatos que se sumen a la marcha porque la transfobia es un problema social, y por lo tanto también político, explican.

Últimas

AGANTRO
Agantro Tatuaxe: terapia e tendencia
Da marxinación á moda, o carácter simbólico e ritual da tatuaxe atópase actualmente erosionado polas dinámicas capitalistas.
Música
Música Pervertidos y puritanos, a los pies de Ethel Cain
Proyectos musicales como ‘Perverts’ de Ethel Cain son capaces de imponer silencio en medio de tanto ruido para pensar en un momento en que las redes sociales son herramientas tendenciosas para la difusión de propaganda de ultraderecha.
Gasto militar
Gasto militar “No nos resignamos a la guerra”: 70 organizaciones rechazan la deriva militarista de la UE y el Gobierno
Más de 70 organizaciones y personalidades de la cultura y el activismo firman un manifiesto que rechaza la escalada belicista y el rearme frente a una posible agresión rusa.
Palestina
Cisjordania Hamdan Ballal, codirector de ‘No other land’, agredido por colonos israelíes
Según los testigos que presenciaron el ataque, el cineasta está herido. Poco antes de las 14h el codirector de la cinta ha anunciado que Ballal ha sido puesto en libertad.
Minería
Minería estratégica en Extremadura La Comisión Europea declara “estratégicos” tres proyectos mineros en Extremadura
Las Navas (Cañaveral), Aguablanca (Monesterio) y La Parrilla (Almoharín) obtendrán financiación, verán facilitados sus procesos de tramitación y se beneficiarán de plazos más reducidos. La mina de Valdeflores no es considerada estratégica.
Más noticias
Obituario
Obituario Jesús Santos, el basurero que se ganó el corazón de Alcorcón
Alcorconero de toda la vida, teniente alcalde, activista social y sindicalista, Jesús Santos hizo que aquellos que le acompañaron en su camino se ilusionaran por la política.
Israel
Genocidio Mercadona vende tampones y patatas procedentes de Israel
En 2024 se produjo una reducción de las importaciones de tampones y patatas israelíes. Mercadona es una de las plataformas que trabajan con estos productos.
Madrid
Madrid La Sareb amenaza con el desahucio a dos jóvenes activistas en Carabanchel
Cadete 7, el bloque en lucha del que el ‘banco malo’ prevé desalojarles de forma inminente este jueves 27, fue el primero recuperado por el movimiento de vivienda de Madrid en 2013 tras haber permanecido deshabitado desde 2008.
Palestina
Palestina Egipto abre la puerta a un nuevo alto el fuego en Gaza con el visto bueno de Hamás y EEUU
A cambio de la retirada gradual de la tropas de Israel en la Franja, serían liberados cinco rehenes cada semana. El Gobierno de Netanyahu no se ha pronunciado y siguen los ataques contra población civil.

Recomendadas

Medio ambiente
Medio ambiente Milleiros de persoas enchen A Pobra do Caramiñal para berrar contra a celulosa de Altri e a mina de Touro
Unha grande multitude por terra e centos de embarcacións por mar esíxenlle ao Goberno de Alfonso Rueda que “recúe” ante o potencial desastre ambiental que sobrevoa Galiza.
Guerra en Ucrania
Guerra en Ucrania Colegios underground en Járkov después de tres años de guerra
La ciudad ucraniana construye escuelas subterráneas, preparadas para aguantar ataques balísticos y nucleares.
Feminismos
Irene García Galán “La memoria feminista hay que construirla desde abajo, desde nuestras casas”
‘Hilaria’ (Errata Nature, 2025) es un libro dedicado a la tatarabuela de Irene García Galán, pero también un ensayo político que navega a través de la memoria feminista, el antipunitivismo y el anarquismo.
Argentina
Estela de Carlotto “Faltan todavía muchos nietos por encontrar”
Al cumplirse 49 años del golpe cívico-militar, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo dialogó con El Salto y apuntó contra el Gobierno de Milei y su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que encabeza la represión de la protesta social.