Comunidad de Madrid
La Comunidad de Madrid retuerce la ley para cerrar cuatro aulas en dos colegios públicos con el curso empezado

“Me siento como un número o como un objeto y no han tenido ningún tipo de respeto por mi trabajo”. Roberto Dengán es maestro de Primaria. Comenzó el curso en el CEIP Leopoldo Calvo Sotelo hasta que una llamada de la Dirección de Área Territorial (DAT) de Madrid capital cambió su destino de la noche a la mañana. Era 8 de septiembre, llevaba ya dos días de clase, pero le comunicaron que era “suprimido” de su puesto y tenían que moverle de destino. Al día siguiente ya no podría ejercer. La Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid había decidido cerrar cuatro aulas en dos colegios públicos: el Calvo Sotelo y el Nuria Espert. Uno en Las Tablas, otro en Valdebebas. Cuatro profesores serían desaplazados. El curso ya había empezado y Degán llevaba trabajando desde el 1 de septiembre en un centro que él había elegido. Este era su tercer año en el lugar e iba a acompañar a niños y niñas a los que había dado clase en tercero y cuarto. Ya no podrá ser. "Han tenido cero respeto conmigo pero también cero respeto hacia los niños y las niñas. Yo les tenía un cariño especial, iba a acabar la etapa de Primaria con ellos. Al día siguiente se encontraron a otro profe en clase. Los niños te cogen mucho cariño. No son formas tampoco para ellos", explica.

Este cierre de aulas ha venido seguido de un aumento de ratios. Lo cuenta Marta Vega Sánchez, portavoz del AMPA Leopoldo Calvo Sotelo. Describe que el colegio recibió un correo en la noche del domingo día 5 de septiembre, horas antes de comenzar las clases. Estuvo dos días intentando revertir la situación. “Han suprimido dos aulas de cuarto y quinto de primaria. El día 6 empezaron el curso en cuatro clases de 20-19 alumnos en cada aula. Y ahora son tres clases que están en 26-27. Esto es una burrada, teniendo en cuenta que tenemos un montón de alumnos con necesidades especiales”, relata Vega.

Su colegio es un centro preferente para alumnado TEA. Según las cifras de esta escuels, a las que ha tenido acceso el AMPA, en cuarto de Primaria actualmente hay 80 alumnos matriculados, frente a los 81 del curso anterior. Entre ellos hay 14 alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo (ACNEAE). En quinto de Primaria Actualmente hay 79 alumnos matriculados, frente a los 83 del curso anterior. Entre ellos hay nueve alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo.

Lo que dice la ley

César de Nicolás, portavoz del AMPA del CEIP Nuria Espert, habla del impacto emocional de esta medida sobre sus hijos e hijas. “Con el paso de segundo a tercero se mezclan los compañeros. Esto a los peques les genera estrés y estaban nerviosos los primeros días”, relata quien asegura que en verano han debido de hacer un trabajo para concienciarles de los cambios. Cuando ya estaban todas las clases armadas, de repente, vieron que todo cambiaba. “El miércoles recibimos un email del cole. Se nos citaba el jueves para comunicarnos una nueva orden que habían recibido sobre la reorganización de las clases”, relata. Y en esa reunión les informaron de la supresión de las clases.

En el Nuria Espert han suprimido dos aulas de tercero y cuarto y han desplazado a otros dos profesores. Ahora en cuarto hay unas ratios de 25, 25 y 24. En tercero hay unas ratios de 25, 25 y 26. “Nos dimos cuenta de que en una de las clases se superaban las ratios que marca la norma”, explica De Nicolás. A partir de ahí, las familias se han unido para denunciar la situación y han presentado una reclamación ante la DAT de Madrid capital.

En respuestas a la Cadena Ser, la Consejería de Educación justifica su decisión en que han “detectado que el número de aulas autorizadas inicialmente era excesivo para los alumnos finalmente matriculados”. Además, aseguran que “en ningún caso se ha superado la ratio máxima autorizada por la normativa estatal, que permite incrementarla hasta un 10%”. 

La Ley Orgánica de Educación 2/2006, en su artículo 157, fija que el número máximo de alumnado por aula es de 25 para la educación Primaria. El artículo 87 autoriza un incremento de hasta un 10% del número máximo de alumnos y alumnas por aula “en los centros públicos y privados concertados, bien para atender necesidades inmediatas de escolarización del alumnado de incorporación tardía, bien por necesidades que vengan motivadas por traslado de la unidad familiar en período de escolarización extraordinaria debido a la movilidad forzosa de cualquiera de los padres, madres o tutores legales, o debido al inicio de una medida de acogimiento familiar en el alumno o la alumna”. Ninguno de estos supuestos se cumplen en estos dos colegios.

“Tienen un 10% de margen para ampliar ratio a lo largo del curso por algo puntual o excepcional. Es lo que pasó con la guerra de Ucrania, para acoger a alumnado ucraniano. Lo que está pasando aquí ahora mismo es que van a estar por encima de ratio desde el minuto uno”, explican desde CCOO

Isabel Carrillo, delegada de CCOO en el colegio Leopoldo Calvo Sotelo explica que esta subida de ratios por encima de la ley debe de ser algo “excepcional” y justificado en lo que apunta la norma. “Tienen un 10% de margen para ampliar ratio a lo largo del curso por algo puntual o excepcional. Es lo que pasó con la guerra de Ucrania, para acoger a alumnado ucraniano. Lo que está pasando aquí ahora mismo es que van a estar por encima de ratio desde el minuto uno”, explica.

Órdenes contradictorias

Mientras, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (Partido Popular) lleva haciendo bandera de una bajada de ratios progresiva desde que lo anunciara en la Asamblea de Madrid con inicio en el curso 2022/ 2023. Una bajada que comenzó en el primer curso del segundo ciclo de Infantil, pasando de 20 a 25 alumnos, y que en 2026-2027 ha alcanzado a primero y segundo de Primaria. El año que viene debiera llegar a tercero. Pero, la supresión de aulas rema en contra de esta medida. “Se contradicen ellos mismos”, se queja De Nicolás.

“La supresión de unidades en septiembre, cuando los centros ya han organizado horarios, grupos, apoyos y recursos humanos, no resulta una actuación razonable desde el punto de vista de la planificación educativa”, Stem

Desde el sindicato Stem consideran que la supresión de unidades en septiembre, cuando los centros ya han organizado horarios, grupos, apoyos y recursos humanos, no resulta una actuación razonable desde el punto de vista de la planificación educativa. “Genera inseguridad, deteriora la organización de los centros, perjudica gravemente al alumnado y a sus familias y afecta a los derechos y condiciones de trabajo del profesorado”, explican en un comunicado de prensa.

Por su parte, desde CCOO han presentado una reclamación ante la DAT. Para Isabel Carrillo, detrás de esta medida hay un ahorro de plantilla. “Son colegios públicos, si ya están por encima de ratio a lo largo del curso no van a tener espacio para escolarizar a más alumnos y se los van a derivar a centros concertados que no están por encima de ratio”, relata. “Les importa bastante poco el personal que trabaja en la pública y tampoco les importa el alumnado”, zanja.