Comunidad de Madrid
Exigen al rector de la Complutense que demande a Ayuso por incumplimiento de sus obligaciones financieras

Nueva contraofensiva de las universidades públicas tras la firma del acuerdo de financiación plurianual de Isabel Díaz Ayuso el pasado martes. La Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense ha hecho pública este pasado 4 de marzo una carta abierta al rector del centro, Joaquín Goyache, solicitándole que reclame judicialmente a la Comunidad de Madrid por los perjuicios derivados de haber aprobado un presupuesto tan “engañoso” como “insuficiente”. Una iniciativa que ha contado con la adhesión de los sindicatos CGT, CCOO, UGT y CNT, así como más de una veintena de grupos de investigación volcados en la causa contra el “estrangulamiento” financiero, como el grupo de investigación de Políticas y Derechos Sociales en América Latina y Europa (PoDéS), de la cibercultura y los movimientos sociales (Cibersomosaguas), de Sociología Ordinaria, de antropología, medioambiente y economía (GAME) o el Observatorio UCM 2030. Hasta ahora cerca de 1000 personas, de 25 grupos de investigación y cuatro sindicatos, han firmado la misiva.

“El martes 3 de marzo se llegaba a un acuerdo entre la Comunidad de Madrid (CM) y la Conferencia de Rectores/as de las Universidades públicas de Madrid (CRUMA) por el que se anunciaba un plan de financiación plurianual de 2026 a 2031 por cerca de 14.800 millones de euros. La letra pequeña enseguida trajo la decepción: de esta cantidad, 2.500 millones de euros (un 17%) han de proceder de ingresos propios de las universidades. Se incluía además en ella el capítulo de precios y tasas públicas (alrededor de un 33%) y otros conceptos menores que finalmente, y a falta de poder conocer públicamente el plan en detalle, parecen dejarlo en las cifras tristemente esperadas”, puede leerse en el arranque de la misiva sobre este “regalo envenenado” a las públicas de Madrid.

La comunidad docente y estudiantil en lucha está explorando así las vías legales presentes para forzar a la presidenta madrileña a garantizar los fondos que deberían tapar el déficit financiero estructural. Una de ellas, aunque no la única en el horizonte, sería que los tribunales obligaran a la Comunidad a cumplir con uno de los puntos estipulados en la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), la legislación básica del Estado en esta materia, a través de sus artículos 54 y 55: proveer a las universidades de los fondos suficientes para su sostenimiento en el tiempo.

La infrainversión de la UCM, dice la carta, “está obstaculizando gravemente la prestación de un servicio público orientado a garantizar el derecho constitucional a la educación pública y a la promoción de la ciencia en beneficio del interés general...”

Esta ley de carácter estatal determina que las autonomías deben destinar el 1% del PIB regional a financiar sus centros de educación superior, mientras que en el nuevo plan de Ayuso esta cifra a penas alcanza el 0,45% (la media nacional es del 0,7%, Madrid es una de las comunidades que menos financia a sus universidades). Esta cifra a penas ha variado respecto a los últimos presupuestos regionales. Todo ello, continúa la carta, “está obstaculizando gravemente la prestación de un servicio público orientado a garantizar el derecho constitucional a la educación pública y a la promoción de la ciencia en beneficio del interés general, lo que supone tanto un daño económico como reputacional a la UCM”. Alcanzar el 1% del PIB para 2030 implicaría, aseguran, garantizar un apoyo 7 veces mayor que en la actualidad en los próximos 5 años.

Victorias en los tribunales que dan músculo a la lucha

El incumplimiento no sólo de las demandas de la Plataforma de Universidades Públicas de Madrid sino de la propia legalidad nacional vigente podría llegar hasta los tribunales, como ya ocurrió en enero de 2013. Entonces, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (TS) condenó a la Comunidad de Madrid a pagar 43,3 millones a la UCM por no cumplir el Plan de Inversiones en las Universidades Públicas de la Comunidad para el período 2007-2011. La sentencia dejaba claro que “el incumplimiento del Plan de Inversiones, en cuanto a convenio administrativo del que nacería la obligación de realizar una prestación concreta en favor de la UCM, constituye un supuesto típico de inactividad de la Administración”.

La carta fue aprobada por la Junta de Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UCM el pasado viernes 27 de febrero antes de que se hicieran públicos los datos sobre la nueva inversión de la Comunidad de Madrid, cuando ya la situación de precariedad era acuciante. De hecho, en su primer borrador estaba centrada en el Plan Económico y Financiero, eufemismo del Plan de Ajuste Estructural de recortes, pactado el 17 de ese mes. Sin embargo, 3 de marzo “se agudizó todavía más la necesidad de enviar la carta”.

“En la junta de facultad habíamos aprobado que, como una manera de protestar frente a este plan, íbamos a organizar un acto central. Ahí hubo un momento de deliberación colectiva, no solo sobre diagnóstico de qué era el plan de recortes y qué podíamos hacer, sino que tipo de acciones concretas queríamos que salieran de aquí para bajar a los distintos colectivos”, traslada a este medio Víctor Alonso Rocafort, profesor de Teoría Política en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Complutense y miembro de la Plataforma UCM por la Pública.

El día de la aprobación del Plan Económico sólo se exploró a través de unas jornadas la posibilidad de llevar a la Comunidad de Madrid ante la Justicia redactando un escrito al rectorado, sino que se contemplaron asimismo otros mecanismos de rendición de cuentas. Uno de ellos sería celebrar un referéndum popular para que se suspenda el plan económico y financiero. La puesta o no en marcha de esta vía dependerá de la respuesta que reciba la comunidad educativa por parte del rector a la carta enviada. Hasta la fecha esa interlocución no se ha producido.

“Creemos que el Gobierno tiene que hacerse cargo del cumplimiento del mandato de la LOSU, que nos garantiza autonomía económica y financiera y nos dice que las administraciones públicas deben de dotar de suficiente financiación a las universidades”

En última instancia, podría plantearse de igual modo pedir amparo al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. “Creemos que también el Gobierno tiene que hacerse cargo del cumplimiento del mandato de la LOSU, que nos garantiza autonomía económica y financiera y nos dice que las administraciones públicas deben de dotar de suficiente financiación a las universidades. Entonces, ¿qué está haciendo la Comunidad de Madrid?”, desliza Alonso. A su juicio, el Ejecutivo nacional debería “ver si hay algún tipo de financiación que pueda llegar directamente a las universidades públicas” como ha sucedido con el programa María Goyri, proveniente del Ministerio de Universidades. A través de este programa, Universidades aprobaba el pasado mes de octubre transferir a las CCAA más de 100 millones de euros para financiar la incorporación de profesores ayudantes doctor en las universidades públicas.

Se produce, en todo caso, un desajuste recurrente entre lo estipulado en la ley estatal y la puesta en práctica de la administración regional: “La LOSU tiene un problema de seguimiento y cumplimiento”, asevera Alonso. Un desajuste que parece inscribirse más bien en una lógica calculada de desmantelamiento de los centros públicos para nutrir de fondos a las privadas, alegan los miembros de la Plataforma. En este sentido, en el escrito a Goyache denuncian que “la ausencia de esta financiación suficiente responde a una voluntad política manifiesta de demolición de un servicio público educativo fundamental, construido durante décadas por varias generaciones, y que en el caso de la UCM se ceba con la universidad presencial más grande de España”.

Dan algunos ejemplos respecto a cómo esto se materializa: la vulneración de derechos laborales de la plantilla, obstáculos para ejercer el derecho a una educación superior pública, un “acusado” deterioro de la infraestructura y los laboratorios de los edificios, caída de oferta de plazas y cierre de grados, “así como en el de su patrimonio artístico, cultural y museístico, en la pérdida y desactualización de colecciones bibliográficas de sus bibliotecas y, finalmente, en la merma del prestigio internacional de la Universidad Complutense de Madrid”.

El trasvase de alumnos a los centros privados fruto de esta precariedad cronificada a pulso es ya una realidad palpable desde hace años: frente a 174.359 estudiantes de las universidades públicas presenciales de Madrid, 77.094 personas estudian hoy en alguna de las universidades privadas presenciales, un 31% del total.

El Plan se firmó en la mañana del martes, “Se convocó a la Plataforma para contarle a grandes rasgos el contenido del acuerdo, pero sin mostrarles ni un solo papel del plan”, explican

Los grupos firmantes de la carta subrayan además, tal y como establecieron las públicas en un comunicado lanzado horas después de conocerse el contenido del polémico acuerdo, que éste se había transmitido con total opacidad. El Plan se firmó en la mañana del martes y esa misma tarde la Plataforma se reunió con la Conferencia de Rectores para consultar los pormenores del mismo. En ese encuentro se negaron a compartir el acuerdo, lo que avivó desde un primer momento las desconfianzas que ya andaban a flor de piel.

Desde entonces, tan solo han tenido acceso a notas de prensa e informaciones oficiales. “Se convocó a la Plataforma para contarle a grandes rasgos el contenido del acuerdo, pero sin mostrarles ni un solo papel del plan. Nosotros ahora mismo solo tenemos las declaraciones públicas, la nota de prensa de la Comunidad de Madrid y la nota de la CRUMA, que curiosamente no tiene apenas cifras”, explica Alonso.

Con independencia de los recortes que introduce el modelo, la cuestión de la plurianualidad y la financiación por objetivos preocupan y mucho a los firmantes. A ojos de muchos docentes y alumnos, este último punto somete a criterios neoliberales de rentabilidad la financiación de determinados grados. “Igual que pasa con un autobús público que va a un pueblo perdido detrás de la montaña, aunque solo vayan cuatro personas. hay algunos estudios que ahora mismo no tienen un montón de estudiantes pero que son muy necesarios en la época en la que vivimos”, deslizan desde la UCM. Hay cierto consenso en que los planes de presupuesto por objetivos amenazan con mercantilizar la enseñanza y cercenar la docencia de grados que fomentan el pensamiento crítico.

La Facultad de Ciencias de la Información, emulando la iniciativa de sus compañeras de Políticas y Sociología, prevé también someter a votación una carta similar en a la Junta de la Facultad.